
La Corte Suprema consideró que el servicio de telecomunicaciones tiene una importancia Federal que impide la regulación local de las provincias y municipios. Si tiene tal importancia para la defensa nacional e integración del país, ¿por qué lo dejamos en manos de compañías privadas y extranjeras?
Blair – Abogada
Respecto al fallo de la Corte Suprema de la Nación que dejó sin efecto la regulación de una municipalidad en cuanto a la colocación de las antenas de telefonía, aceptamos de momento la posición jurídica en cuanto al carácter federal de la regulación del servicio de telecomunicaciones, puesto que hace, ni más ni menos, a la integración y defensa de nuestro territorio.
Ahora bien, tales afirmaciones no pueden ser una mera retórica jurisprudencial para atender el requerimiento de los monopolios privados extranjeros, que explotan las telecomunicaciones por desidia del Estado Federal.
En tal sentido, si una municipalidad o una provincia cumple con el mandato constitucional en materia de protección ambiental y defensa de su patrimonio cultural, los poderes públicos primero deben consustansiarse con la voz local de la comunidad afectada, y verificar si el accionar de las multinacionales concesionarias no estan perjudicando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del territorio.
En asuntos como este bastaba con una mesa de diálogo fluida entre los actores y los funcionarios del territorio a los fines de sostener un plan rentable para las compañías, amigable y respetuoso del ecosistema del lugar…
Sin embargo, como hemos visto en materia energética las concesiones efectuadas a manos de empresas extranjeras significan luego una sumisión total a las regulaciones que las concesionarias recomiendan al Estado, y si un Municipio alza su voz el Estado Federal siempre priorizará al interés lucrativo por sobre el humano.
El Tribunal Supremo se centra en el carácter federal de los servicios, pero en favor de las empresas multinacionales privadas que poseen las licencias de telecomunicaciones otorgadas por el Estado.
Está claro que existe un falso concepto instalado en el imaginario colectivo sobre la administración pública de las cosas, pero pocos (en gran parte por decisión consciente de la Academia jurídica) investigan las leyes y reglamentación que permiten, no solo la entrega casi total de los servicios a privados con ánimo de especulación, sino que las libra de toda carga impositiva y de responsabilidad ambiental. Pasa con la energía, pasa con los recursos naturales y pasa con las telecomunicaciones.
Los servicios federales deben volver a manos estatales pero en forma integrada a los Estados provinciales y municipales, a fin de garantizar y proteger los mandatos constitucionales en materia de medioambiente y defensa del usuario de servicios públicos, sin anteponer a tales obligaciones ningún interés lucrativo que busque minimizar costos a razón de la vida humana. Trabajar en instrumentaciones jurídicas que protejan al país permite, por un lado, dar un marco coherente a un país que desea desde hace años emerger y, por el otro, volver a interesarnos por la administración de nuestras cosas. Para tales objetivos es necesaria una nueva mentalidad en nuestra clase dirigente, más democrática, plural y nacional.