Conversamos con un empresario nacional, del rubro de la construcción, sobre la realidad de su actividad, en pleno contexto de pandemia global y de aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro medio. Reflexiones, ideas y diagnósticos personales sobre los momentos que nos tocan vivir, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Entrevista a cargo de Federico Tavarozzi – Abogado UBA
¿Bajo qué figura jurídica está constituida la empresa? ¿Es formalmente considerada una PYME de acuerdo a la normativa vigente?
Nuestra empresa está registraba bajo la figura de una Sociedad Anónima, y es considerada y catalogada actualmente como PYME. La empresa en sí existe desde 1968 por lo que ya llevamos 52 años en el rubro de la construcción.
A lo largo de los años y viviendo en un país con una realidad tan variable, la empresa tuvo muchos cambios y se fue adaptando a las condiciones de cada momento siempre con el objetivo de poder desarrollar nuevas metodologías y tecnologías, con la visión de crecer en distintos rubros del mercado.
Como toda PYME arrancó con muy poco, haciendo prestaciones de alquiler de máquinas y poco a poco fue creciendo y equipándose más. Con el correr de los años dejamos de ser subcontratistas para pasar a ser contratistas principales, es decir, a tener una relación directa de contratación con el cliente.
¿Qué tipo de obra realizan?
Hasta el año 1996 se realizaban únicamente obras o subcontrataciones privadas, recién a partir de ese año se empezó a cotizar y trabajar en lo que refiere a obra pública. Actualmente cubrimos ambos frentes pero la mayor parte de nuestra producción hoy en día está ligada a la obra pública.
¿En caso de obra pública, mediante qué tipo de contratación operan? ¿En el medio Nacional, provincial, municipal?
Siempre bajo la modalidad de licitación pública. En resumen, se presentan las propuestas técnico-económicas y es el comitente quien elige la mejor opción para ejecutar los trabajos. Al final del proceso se celebra un contrato entre las partes que está respaldado tanto por la legislación vigente como por la documentación licitatoria que contiene las condiciones generales y particulares, tanto legales como técnicas, que rigen la contratación particular.
Nosotros hemos trabajado tanto en el orden nacional, provincial como municipal. También existen figuras de organismos nacionales que gestionan préstamos internacionales (BID, BIRF, FonPlata, CAF, etc.) y delegan la ejecución de obras determinadas a las provincias, quienes con sus organismos provinciales ejecutan e inspeccionan los trabajos.
¿Diferencias entre Nación y provincias en la forma de contratación o en la legislación sobre algún particular?
La contratación en ambos casos puede hacerse bajo los distintos formatos que existen (licitación pública, contratación directa, etc.) y por lo que tengo entendido, si bien no soy un experto en materia legislativa, en cada provincia sucede en base a sus leyes provinciales que regulan la materia, siempre y cuando esta no se contraponga a los lineamientos generales de la Ley Nacional de Obra Pública (Ley Nº 13.064).
Puedo darte un ejemplo relacionado a lo que concierne las re determinaciones de precio (ajustes que se hacen por inflación): las provincias solían (o suelen) tener leyes provinciales para calcular estos ajustes, pero actualmente mucho se termina rigiendo por el Decreto Nacional Nº 691/16 que establece condiciones específicas para la aplicación de esos ajustes.
Sobre este punto, organismos internacionales y/o multilaterales, en cambio, a veces eligen otras modalidades (por ejemplo ecuaciones polinómicas con factores de corrección constituidos por variaciones de índices publicados por INDEC) que permiten que las obras se desarrollen con mejor ritmo ya que el pago de estos ajustes se hace de forma mensual.
Actualmente, y a partir del decreto mencionado que implementó el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública, con sus trabas burocráticas y administrativas, sumadas a una inflación galopante, muchos contratos de obra pública se encuentran “atrasados” en materia contractual, lo que en definitiva deriva en atrasos en su ejecución.
¿Qué cantidad de empleados, permanentes y temporales (por obras), tiene la empresa?
Contamos con un plantel de empleados permanente, distribuido en nuestras oficinas administrativas, depósito y taller de mantenimiento, y destinado a las obras en ejecución. La cantidad de trabajadores en cada obra varía en función de la especialidad, alcance, envergadura y duración de los trabajos.
Las contrataciones “temporales” de personal para una obra específica se hacen en relación de dependencia bajo lo estipulado en el convenio CCT 76-75 de UOCRA.
Nuevamente reitero que no soy un experto en materia legislativa, pero este convenio contempla la realización de aportes mensuales a un Fondo de Desempleo en cabezadel empleador, de modo de que cuando finaliza la relación laboral con el trabajador por término de obra u otras cuestiones, éste percibirá la liquidación final de estos aportes realizados durante todo el tiempo que duró el vínculo laboral.
¿Reciben algún tipo de subsidio, beneficio impositivo? ¿A partir de alguna legislación o decisión en concreto?
Esto puedo respondértelo en base a mi experiencia personal. Estimo que habrá otras empresas del rubro de distinta magnitud que te podrán contestar otras cosas.
Al estar catalogados como MiPyme (certificación otorgada por el gobierno nacionalde acuerdo a la normativa y en función de cantidad de empleados y montos de facturación anuales), se tienen algún tipo de facilidades en los pagos de impuestos, como por ejemplo planes de cuotas.
Sin embargo, a veces este tipo de apoyo no es suficiente por el simple hecho que el Estado al mismo tiempo que otorga este tipo de beneficios, le debe dinero por certificación y/o ejecución de obras públicas a la empresa ya la vez le reclama el pago de determinados impuestos (IVA, ganancia, etc.), con lo que en los hechos no termina siendo un beneficio real.
En el contexto de pandemia, ¿cuál fue el impacto en términos económicos y en el funcionamiento usual de la empresa?
El impacto del COVID-19 en el mundo de la construcción fue contundente. El sector de obra pública ya venía muy castigado en los dos últimos años (deudas por parte del Estado, demora en aprobación y pago de redeterminaciones de precios, inflación, etc.) y de repente este cimbronazo que fue el último golpe de knock-out.
En nuestro caso en particular, se interrumpieron todas las obras públicas que teníamos a lo largo y ancho del país producto de la imposibilidad de trabajar ya sea por falta de insumos, problemas logísticos, como también porque los organismos provinciales de control se encuentran inoperativos.
Si bien el Poder Ejecutivo mediante DNU exceptuó a la obra pública para poder reactivarla, puedo confirmarte que el 99,99% al día de hoy continúa parada, sea por problemas económico-financieros, sea por la inexistencia de un protocolo fijado de común acuerdo con el comitente, sea por falta de insumos, etc.
¿En base a esto, qué proyecciones a corto o mediano plazo hacen?
La proyección que tenemos tanto a corto como a mediano plazo no es alentadora,sobre todo teniendo en cuenta que la prioridad gubernamental está orientada en lo relacionado al sector de la salud y a controlar la propagación del virus. Si bien la construcción es un motor que impulsa la generación de empleo, tienen que estar bien establecidas las condiciones bajo las cuales volver a la actividad y poder trabajar para que el sector decida invertir y volver a caminar.
¿Cuál es la situación de los trabajadores y el pago de salarios? ¿Cómo lo afrontan desde la inactividad?
El tema del pago de haberes en el personal ha sido una gran (sino la más importante) preocupación. Al reducirse prácticamente a cero los ingresos de las empresas se ha dificultado sobremanera el pago de haberes. El mes de marzo entiendo que la mayoría pudo cumplir de forma integral con el pago de salarios. Ya para el mes de abril el Estado ha salido a contribuir con una parte de los salarios, siendo importante en este sentido el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) de AFIP, pero igualmente sé que a muchas empresas del rubro no les ha sido simple llegar al 100% de pago de haberes.
He escuchado de casos de empresas que han acordado suspensiones temporales con pago de porcentajes de haberes (mediante acuerdos rubricados con UOCRA o UECARA), pero desconozco las particularidades de la homologación y validez legal de los mismos ya que no es nuestro caso.
¿Qué opinas desde tu lugar sobre las medidas del poder ejecutivo? ¿Tuvieron algún impacto positivo?
Sobre las medidas del poder ejecutivo, siempre hablado desde el punto de vista subjetivo y personal, creo que fueron apropiadas para lo que concierne al cuidado de la salud y el control de la pandemia mediante el aislamiento y distanciamiento preventivo. Solo al final del camino podrá decirse si fue conveniente cerrar todo cuando en el momento en que se lo hizo o si pudo haberse realizado de forma gradual en base al avance del virus.
En materia económica, es un tema muy difícil porque a la recesión ya existente y agravada a raíz del parate total, se le suma el ya existente problema de la deuda externa. En lo personal veo que el tema está muy difícil y muy lejos de resolverse a favor de nuestro país. El mercado tanto macro como micro está a la expectativa de conocer cómo sale parada Argentina de esta realidad para ver cómo reacciona en el corto y mediano plazo.
Por ejemplo, ¿tuvieron alguna experiencia con la disposición de planes de apoyo bancarios mediante créditos blandos?
A poco tiempo de producido el parate, el gobierno lanzó créditos blandos (tasa fija 24% con un período de gracia de algunos meses) para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones y/o invertir en capital de trabajo.
En lo personal no tuvimos una buena experiencia ya que el banco con el cual operamos nos dilató mucho la respuesta de aprobación y luego terminó siendo negativa por cuestiones de calificación. Hablando con colegas no fuimos los únicos, sino que a la mayoría de ellos les negaron estos préstamos, entiendo que porque lógicamente al banco como entidad privada no le conviene prestarte dinero a esa tasa. Sé que hace pocos días el gobierno quiso regular la cuestión e implementó multas a los bancos que se negaran a aprobar y otorgar los créditos.
De cualquier manera, difícilmente se tomen préstamos para invertir en producción cuando a muy corto plazo no hay previsión alguna sobre cómo el mercado se va a desenvolver.
¿Cuáles crees que podrían ser medidas razonables de los gobiernos en apoyo al sector en este contexto?
Creo que dentro de las posibilidades económicas que tenga el gobierno, las medidas deben orientarse apoyar y sostener a las PYME que actualmente representan más del 80% del trabajo formal registrado en el país.
Pienso que deben tomarse medidas impositivas más integrales y otras de orden legal o administrativo que le permitan a las PYMEs lograr una cierta estabilidad para poder invertir en el mercado argentino y así poder crecer de forma ordenada.
Como conclusión, ¿qué formas de reinventarse o reestructurarse consideraron a raíz de la pandemia?
Ante un episodio excepcional como el que nos toca vivir estamos obligados no solo como empresa sino como individuos a saber que esta nueva normalidad trae consigo cambios a los cuales deberemos adecuarnos y nuevas reglas que son primordiales para empezar a delinear la reestructuración tanto de la empresa como de la sociedad.
Pienso que difícilmente se sepa qué es lo que se viene, y que lo más importante es estar predispuesto a poder realizar los cambios que sean necesarios, tratando siempre de optimizar los recursos de los que uno dispone.