Los presentes sucesos son un compilado arbitrario y caótico de los tiempos que se vienen.
Hoy en Geopolítica y Actualidad Nacional escriben Marco Stiuso y Ariel Duarte.
1 | Otra energía
2 | Estancamiento y exclusión
3 | La renta salvavidas
4 | Silencio positivo
5 | Custodia de vecinos
1 | Otra energía
La semana pasada estuvo signada, entre otras cosas, por la publicación de The Wall Street Journal sobre el sabotaje a los ductos Nord Stream 1 y 2, en la que se revelan a empresarios privados y un alto mando de las fuerzas ucranianas como financistas y coordinadores del atentado. Sin dudas, el sabotaje a los Nord Stream significó un hecho trascendental en el marco de un reordenamiento geopolítico que tiene a la energía en su centro. El Nuevo Orden Internacional, tendiente a los desarrollos soberanos, la industrialización y la puja tecnológica, dependerá en gran medida del esquema de producción y comercialización de hidrocarburos.
En este nuevo escenario, hay un actor clave al que los medios internacionales que apoyan el concepto de “Sur Global” interpretan como una potencia en decadencia: Estados Unidos.
Lo cierto es que, con la puesta en valor de la llamada “Shale Revolution”, que cambió totalmente la perspectiva a largo plazo de la producción y el abastecimiento energético de Estados Unidos, es difícil creer que una superpotencia en el plano económico y militar, con autosuficiencia energética y producción de alimentos, vaya a la autodestrucción si reina en ella un modelo industrialista.
Por supuesto que eso dependerá, en gran medida, de las cosmovisiones que ocupen los asientos de la Casa Blanca. Sin embargo, la Administración de Información Energética (AIE) de Estados Unidos publicó un informe que muestra el potencial del país norteamericano en materia de producción de hidrocarburos.
Según la AIE, el crecimiento sostenido en las últimas dos décadas llevó a la cifra récord de producción de petróleo en 2019, con 12 millones de barriles diarios. Si este proceso continúa, la cifra aumentaría a 18 millones en 2026 y, si se sostiene en el tiempo, Estados Unidos podría convertirse en el mayor exportador de petróleo del mundo para el año 2050, superando a Rusia y Arabia Saudita.
Lo que hace 20 años parecía imposible, y que explicaba en gran medida el afán de Washington por desatar el caos y saquear Medio Oriente, hoy modifica las relaciones de poder y promueve la retirada del Tío Sam como gendarme del mundo, proceso que inició pacíficamente Donald Trump. Quedará por verse la gran confrontación con China.
Existen tres factores clave, además del descubrimiento de los pozos de la Shale Revolution, que explican la posibilidad de que Estados Unidos se convierta en el mayor exportador de petróleo, siendo incluso uno de sus mayores consumidores.
El primero de ellos es el factor tecnológico, que le permite explotar recursos no convencionales por su alta tecnología de exploración y explotación. El segundo es el factor geopolítico, que explica el abordaje del mercado europeo luego de las sanciones a Rusia y el sabotaje de los Nord Stream en la Guerra de Ucrania. El tercero es la seguridad de sus rutas comerciales, respaldadas por la marina más poderosa del mundo que garantiza el traslado y abastecimiento de sus compradores.
En este reordenamiento geopolítico a partir de la energía, se evidencia como Europa y China tienen un gran desafío por mantener sus niveles de vida y producción en condiciones de dependencia energética.
En Europa, la crisis del invierno pasado llevó a que este año los países de la Unión Europea comiencen a almacenar la energía necesaria con mayor antelación. Esta semana, se informó de que la UE alcanzó su objetivo de almacenamiento de gas del 90%, varias semanas antes de su planificación inicial.
Según S & P Global, la rapidez en alcanzar los objetivos de almacenamiento se explica, en parte, por un sobrante en la existencias a finales de marzo y la continua entrega de energía de Noruega. Sin embargo, el factor a resaltar refiere a la pérdida de competitividad y dinámica industrial, que resultó en una baja demanda de energía. Parece que la industria del viejo continente se acerca lentamente a la paz de los cementerios.
Además del aumento de la presencia estadounidense en las exportaciones de energía a Europa, en los últimos años han crecido otros actores. Destaca el caso de España, conocida como “la gasolinera de Europa” por ser el mayor reexportador de gas del mundo.
Entre enero y julio de este año, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) de España, el país importó el 36,5% del gas de Argelia. Por otro lado, en el segundo trimestre de este año, Venezuela triplicó sus exportaciones a España con respecto al mismo período de 2023. Además, Rusia continúa abasteciendo de gas a algunos países de Europa por buques, y en el caso de España esto significó el 27,4% de sus ingresos en el mes de Julio, lo cual contribuyó a que durante este año haya ingresado un 20% de gas ruso a comparación del 2023.
Todo este reordenamiento genera un encarecimiento de costos en Europa, que se refleja fuertemente en los aumentos que se dan en “la gasolinera” del continente. El nuevo esquema de abastecimiento de gas llevó a que el precio de la luz en España aumentara significativamente, pasando de 56,08 euros/MWh en junio a 72,31 euros en julio, significando un aumento del 28,9%. Comienzan a recalentarse las presiones sobre el bienestar y la productividad del viejo continente.
2 | Estancamiento y exclusión
Junto con el encarecimiento de la energía que afecta directamente a su competitividad, las economías europeas siguen mostrando lo que ya en 2022 se mencionaba como “la trampa del desarrollo”: una mezcla de estancamiento y desindustrialización con el mantenimiento de rentas por habitante altas.
El concepto de “la trampa del desarrollo” surge de una publicación académica de los economistas europeos Andreas Diemer, Simona Iammarino, Michael Storper y Andrés Rodríguez-Pose. Este último es quien explica su objetivo: “Intentamos diseñar un indicador que fuese más allá del simple recurso habitual del PBI per cápita y que midiera el grado de dinamismo en tres de las variables económicas fundamentales: PBI per cápita, empleo y productividad”. Así, aplican los tres conceptos a cada región de los países europeos, comparándolos con su desempeño pasado y con la media de su país y de la UE.
En un estudio que abarca de 2011 a 2020, ya se vislumbraba que casi la mitad de las regiones europeas se encontraban estancadas económicamente, a pesar de continuar garantizando los altos ingresos. Así, lograron graficar los niveles de estancamiento del continente en función de la lógica de la trampa del desarrollo.
La imagen muestra cómo el estancamiento afecta tanto a zonas rurales como a polos industriales y ciudades cosmopolitas. Como se explica en la publicación académica, la trampa del desarrollo no se vincula necesariamente con las regiones más pobres, sino que se manifiesta en distintos tipos de actividades y zonas. En el caso de las regiones más ricas, el fenómeno se vincula con los procesos de desindustrialización.
El estancamiento económico se hace presente en las zonas con menor valor industrial añadido y mayor dependencia de servicios. Los autores identifican una relación de los territorios más productivos con la inversión en I+D, la capacidad de innovación y la prosperidad tecnológica. “Descubrimos que viejas regiones industriales, mayormente en Europa Occidental, se encuentran desde principios de los 90 ‘s en largos períodos de estancamiento. Este es el caso, por ejemplo, de regiones industriales en el centro y noreste de Francia, el norte de Italia, parte de Bélgica, el este de España o el centro de Inglaterra”, señala el artículo.
Además, cabe recordar que estos resultados son hasta 2020, y en los últimos años se ha profundizado fuertemente esta situación con el encarecimiento de los costos energéticos y la Guerra de Ucrania. Sin embargo, se identifican ciertos hechos históricos como catalizadores del proceso: “las regiones que antiguamente eran motores del desarrollo económico europeo no han perdido su ventaja de la noche a la mañana. Muchos de los que ahora están atrapados no se habían recuperado completamente del shock de la Gran Recesión a principios de la década de 2010, cuando los golpearon otros shocks provenientes del comercio mundial y, más recientemente, los cierres relacionados con el COVID-19”.
Hoy en día, la situación se ha agravado, y en el último mes se aceleró el proceso inflacionario. En julio, los precios aumentaron un 2,9% en España, un 2,6% en Alemania y un 2,7% en Francia.
A mediano plazo, se espera un recrudecimiento del contexto, donde Europa enfrentará mayores problemas en un mundo que se reordena a partir de la energía, de la cual las economías del viejo continente dependen. En este nuevo ordenamiento, donde la industrialización parece marcar el ritmo, los esquemas financieros internacionales encienden las alarmas.
Esta semana, los economistas James Moberly y Sven Jari Stehn de Goldman Sachs alertaron sobre el impacto de una nueva gestión Trump para Europa, que promete un arancel generalizado del 10% a todas las importaciones. Según los representantes del fondo financiero, el impacto comercial alcanzaría los 150.000 millones de euros, equivalente al 1% del producto bruto interno de la región europea. En este sentido, “los países más perjudicados por el triunfo de Trump serían Alemania, Italia y Finlandia debido al peso relativamente mayor de la actividad manufacturera en sus economías”. En el mes de febrero, La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) publicó un artículo donde informa que los mayores exportadores de la Unión Europea a Estados Unidos en 2023 fueron Alemania (con 157.700 millones de euros), Italia (con 67.300 millones) e Irlanda (con 51.600 millones de euros).
La situación económica de Europa alimenta a las nuevas tendencias nacionalistas, algo a lo que prestan atención los autores de la teoría de la trampa del desarrollo. El propio Rodríguez-Pose afirma que “Los resultados económicos deficientes, la falta de oportunidades de empleo y la pérdida de competitividad están provocando resentimiento social y político hacia lo que se considera cada vez más (justa o injustamente) como un sistema que no beneficia a las zonas que se quedan atrás. Las crecientes trampas del desarrollo regional están alimentando la percepción de que existe una Europa de dos niveles, dividida entre un número reducido de super regiones dinámicas y competitivas, en las que el poder económico y político se combinan, y hay filas cada vez mayores de lugares rezagados, cada vez más percibidos como no importar o importar mucho menos de lo que alguna vez lo hicieron”.
Esto deriva, según el autor, en lo que él llama “la geografía del descontento”, y se traduce en las expresiones nacionalistas que renacen en Europa. La gran cuestión radica, entonces, en el tinte que tendrán estos esquemas nacionalistas, donde los conceptos de inclusión o exclusión son fundamentales.
La diferencia en el proceso histórico de nuestra Nación con los países europeos es clara. Mientras en la Argentina reinó la apertura a los aportes culturales, dando como resultado un pueblo maravilloso, fruto de la interacción entre civilizaciones milenarias, en Europa las identidades nacionales se construyeron sobre la matanza de pueblos vecinos.
Estas tensiones son las que reaparecen en pequeñas medidas. Esta semana, tuvimos un claro ejemplo en Italia, con la propuesta del canciller Antonio Tajani que retomó la discusión sobre el régimen de ciudadanía italiano.
La propuesta de Tajani respalda el concepto de “ius scholae”, que establece que el derecho a la ciudadanía abraza a los hijos de inmigrantes regulares con cinco años de escolaridad. Actualmente, en Italia rige el concepto “ius sanguinis”, que se basa en el linaje de sangre para determinar que una persona es italiana por su ascendencia, aunque existe la posibilidad de acceder a la ciudadanía para las personas de padres extranjeros que, después de cumplir los 18 años, hayan residido legal e ininterrumpidamente en el país desde su nacimiento.
Vale resaltar que en nuestro país rige el concepto “ius solis” (derecho por suelo), que indica que quien nace en el país obtiene de inmediato la ciudadanía, tenga o no padres nacidos en el país. Así, los regímenes de ciudadanía reflejan la diferencia entre la historia de inclusión de nuestra Nación con respecto a las naciones europeas.
El proyecto presentado por el canciller italiano sugiere que los hijos de extranjeros nacidos en Italia, o que ingresaron al país antes de los 12 años, tienen derecho a la ciudadanía italiana luego de cumplir un ciclo escolar de cinco años.
Esta propuesta inició una interna en el gobierno de Meloni, que si bien tiene una inclinación hacia lo nacional, no logra comprender la diferencia entre los modelos de brazos abiertos y los modelos de exclusión. El partido político La Liga, partícipe de la coalición gobernante, publicó un comunicado en el que afirma que “la insistencia de Tajani favorece a la oposición y amenaza con minar la estabilidad del gobierno” buscando evitar el debate sobre el sesgo del modelo nacional hacia un esquema de inclusión social o de repetición de aquellas cosmovisiones que llevaron a los peores acontecimientos del siglo XX.
En este debate, nuestra Nación tiene mucho que mostrar al mundo. Somos fruto de un sentir nacional nutrido de todos aquellos que quieran forjar la grandeza de la Patria. Como bien enseña Francisco: los pueblos deben buscar su destino en convivencia con los otros. El esquema no es la esfera, donde uno impone una visión única; el modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de cada particularidad en una figura que abraza a todos.
3 | La renta salvavidas
–¿Por qué cree que la Argentina está estancada con el mismo PBI de 2011?
–Me parece que falta un proyecto de hacia dónde quiere ir la Argentina. Hubo muchos vaivenes políticos, de hacer lo opuesto a lo que hacía el gobierno anterior, pensando que esa era la respuesta a los problemas. Y hay una matriz productiva que no se diversificó, algo que debe incentivarse con políticas explícitas, apostando a algunos sectores. Me parece que ahora hay algunos consensos respecto de cuáles son los sectores que pueden liderar el crecimiento, como los de hidrocarburos, hidrógeno, economía del conocimiento, minería. Obviamente, todos esos sectores que tienen algún tipo de base en los recursos naturales; hay que analizar la gobernanza y la economía política y cómo generan encadenamientos en la economía, para que crezcan y no sean economías de enclave. También es difícil en estos tiempos planificar, es más difícil que hace 20 años. El mundo también a veces cambia más rápido que lo que cambia la Argentina y eso complica los planes.
La anterior pregunta y respuesta corresponde a una entrevista publicada en el diario La Nación el domingo con el ex viceministro de economía de Martín Guzmán, el Lic. Haroldo Montagu.
La primera aclaración es sobre el rol del viceministro de economía de la Argentina, quien hace las veces de Jefe en materia de planificación y coordinación económica, en tanto el ministro ocupa un rol político en relación con las otras carteras, el presidente y las distintas fuerzas sociales. Es decir, el rol del viceministro de Economía en Argentina tiene una relevancia fundamental.
La segunda aclaración corresponde a la formación del académico ex viceministro, quien estudió una maestría de Economía para el Desarrollo en la Universidad de Rotterdam, de Holanda, una de las mecas junto con Londres de los economistas socialdemócratas que luego vienen a promover el progresismo para la política nacional.
Las declaraciones recientes del ex funcionario socialdemócrata constituyen el pensamiento profundo en materia de política económica, que a la luz de los recientes acontecimientos en la política nacional, conforman el futuro del debate público.
Según el licenciado, “hay algunos consensos” respecto de cómo debe instrumentarse un proceso de crecimiento económico para el país. Al evaluar los sectores que se enumeran, se observa que todos están vinculados al sector de rentas extraordinarias, extractivas o de materias primas.
Por un lado, menciona los hidrocarburos y el hidrógeno, dos vectores de la energía que, según este consenso, debemos dedicar a la exportación para hacernos de las divisas necesarias para romper la restricción externa y, allí, en todo caso, comenzar a desarrollarnos. Luego hacen mención a la minería, otro sector primario extractivo que se propone para la nueva teoría del derrame de divisas. Por último, la famosa economía del conocimiento, la cual redunda en convertirnos en data entry o asistentes foráneos de la gran maquinaria de inteligencia artificial que promueven las corporaciones tecnológicas.
Después de aclarar el consenso sobre la política económica, aborda el posicionamiento respecto a la posibilidad de planificar un proyecto nacional: “es difícil en estos tiempos planificar, es más difícil que hace 20 años. El mundo también a veces cambia más rápido que lo que cambia la Argentina y eso complica los planes”. Sus declaraciones reflejan una melancolía similar a la de las entrevistas pasadas del ex presidente Alberto Fernández.”, el cual anunciaba desde el extranjero, ante el Financial Times y en plena pandemia: “Francamente, no creo en los planes económicos”.
El consenso exportador se coronó a partir de los últimos años como propuesta del establishment para la salida de un ciclo económico de especulación y renta que comenzó en 2014 y entró en crisis a partir de 2018. Desde entonces, los sucesivos ministros de economía se dedicaron a pasar la gorra por cual fondo de inversión u organismo multilateral exista, a ver si liberan algún dinero fresco para “patear” el problema hasta las próximas elecciones.
La máxima expresión del consenso exportador fueron las elecciones del año pasado, en las cuales todas las propuestas se diferenciaron sobre matices políticos, culturales o de la tan famosa “narrativa”, mientras que en la política económica todos adscriben a la necesidad de apuntalar el crecimiento a partir de la obtención de divisas crocantes por exportaciones primarias y mano de obra barata tecnológica.
Mientras algunos gobernadores se quejan del RIGI como la antesala para colonizar argentina, proponen en simultáneo que el destino del gas se radique en puertos de su provincia para poder exportarlo en vez de destinarlo a la industria nacional.
Ante las dudas persistentes, sólo resta volver al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional a comienzos de 2022, en el cual se fijaron en el Anexo I punto 29 las pautas para el crecimiento económico argentino: “Expansión de las exportaciones a través de incentivos para sectores estratégicos. Estamos promoviendo la sanción de leyes y normas para alentar la inversión y la exportación en sectores estratégicos —como la economía basada en los conocimientos (ya aprobadas en 2020), hidrocarburos, minería, agroindustria, e industria automotor— en estrecha consulta con las partes interesadas. Estas reformas contempladas buscan reforzar la previsibilidad normativa y los incentivos para la inversión, minimizando al mismo tiempo sus costos impositivos y reglamentarios. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían incrementar la exportación en más de USD 25.000 millones para 2030, aproximadamente. Prevemos que el Congreso examinará las iniciativas legislativas correspondientes en el curso de este año”.
Sin lugar a dudas, los debates en torno al RIGI podrían servir para construir una “narrativa” de defensa de lo nacional, pero en la raíz profunda de las políticas económicas que se proponen desde el consenso exportador, el RIGI es la aceleración generalizada de lo que todos concuerdan. La discusión del consenso exportador pasa a entonces a ser de velocidades, y lo propuesto a partir de la Ley Bases no es más que fijar un criterio cuantitativo generalizado al acuerdo firmado allá por el año 2013/2014 entre YPF y Chevrón, una de las piezas fundantes del ciclo económico iniciado en aquellos años: energía cara para exportar e industrias inviables para producir.
El consenso exportador plantea salir del ciclo de especulación y renta, aumentando la renta y reduciendo la especulación. Mientras tanto, la gesta por industrializar la Argentina espera su momento crucial para hacerse carne en la política, y cuenta con una ventaja muy difícil e invaluable: la verdad histórica.
4 | Silencio positivo
Una de las modificaciones realizadas a partir de la Ley Bases fue la relacionada con la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo, es decir, los mecanismos y procesos no judiciales por los cuales los ciudadanos dialogan con la administración nacional para solicitar o cuestionar sus decisiones.
Entre los cambios, se incorporó la noción del silencio positivo de la administración pública. ¿Qué significa esto?
En la redacción original de la Ley N° 19.549, el art. 10 preveía que “El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.
En este sentido, si la administración guardaba silencio frente a la petición de un particular, como en el caso de la adquisición de un inmueble en venta por el Estado Nacional, dicho silencio no implicaba aceptación de la solicitud, en tanto las decisiones administrativas deben velar por el interés general y debe existir una correspondencia entre lo que se decide y la motivación, finalidad y causa de la decisión. El silencio no motiva.
Con la modificación, lejos de simplificar se terminó por complejizar la toma de decisiones públicas, en detrimento del interés público. El art. 31 de la Ley Bases previó la modificación de dicho artículo 10, que quedó redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10: El silencio o la ambigüedad de la Administración se regirá de conformidad con las siguientes normas:
a) Cuando se tratare de pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo.
Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la Administración.
b) Cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
Este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio. La reglamentación podrá determinar otros supuestos específicos en los cuales no sea de aplicación este inciso.
Configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa.
Las disposiciones previstas en el inciso b) de este artículo comenzarán a regir una vez aprobada la reglamentación correspondiente”.
En efecto, se agregó un inciso por el cual aquellas normas que prevén una decisión administrativa que permita al ciudadano realizar una conducta u acto, cuando vence el plazo previsto por la administración para decidir, su silencio se considerará como una decisión positiva que finaliza el procedimiento.
En las negociaciones que realizó el gobierno para conseguir la aprobación de la ley a toda costa, se agregó el siguiente párrafo donde veta el silencio positivo para materias relacionadas a la salud, ambiente, servicios públicos o derechos sobre bienes públicos, aunque aclara que si la norma específica permite el silencio positivo, éste se tendrá como válido.
A comienzos de mes, el Decreto N° 695/24 reglamentó varios aspectos de la Reforma del Estado de la Ley Bases, entre las cuales se previó en su art. 2 que “La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dentro del plazo de QUINCE (15) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente, debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 27.742”.
Finalmente, esta semana fue publicada la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 836, en la cual se cronogramó la implementación del silencio positivo, y en el art. 1 se prevé que el mismo entrará en vigencia a partir del 1ro de noviembre de este año en el caso de la Administración Pública Central, mientras que el 1 de diciembre será para los Organismos Descentralizados.
Para concluir, el silencio positivo será para aquellos casos en los cuales ya existe una norma que otorga un derecho al ciudadano, aunque se requiere una decisión de la administración que lo autorice para ejercer determinada conducta o acto. Tal sería el caso de una persona que pretende realizar una construcción sobre determinado inmueble bajo jurisdicción nacional, sobre el cual ya tiene un derecho. Si bien la aprobación de la construcción requiere ciertas evaluaciones a fin de velar por el conjunto, en el caso de que no se pronuncie la administración se considera como aceptada.
Sin embargo, en situaciones donde el ciudadano no tiene el derecho per se, más allá de la autorización, por ejemplo en el caso de la portación de armas, el silencio de la administración no se considerará positivo.
Algunos juristas han debatido sobre este tema ya que, aunque el silencio positivo puede parecer una solución a la burocracia estatal, que a menudo se demora en sus decisiones, también podría generar incertidumbre entre los funcionarios, fomentando la denegación de solicitudes anticipadamente para evitar responsabilidades por posibles retrasos en la toma de decisiones.
5 | Custodia de vecinos
La defensa del Atlántico Sur y sus recursos, en un contexto de avance y acecho de las potencias extranjeras, requiere una doctrina de Sudamérica para los sudamericanos. Mientras en el plano político parecemos estar lejos, en lo técnico-militar se refuerzan los lazos.
Esta semana finalizó el ejercicio combinado Fraterno XXXVII, en el que nuestra Armada realizó acciones de coordinación con la Marina de Brasil. El ejercicio, de ya larga data, constó en esta ocasión de dos etapas.
Durante la primera etapa, del 9 al 15 de agosto, el ARA Sarandí, el ARA Almirante Storni, helicópteros y aeronaves de nuestras Fuerzas realizaron acciones de coordinación técnica, logística y roles de combate con las Fuerzas del país vecino en aguas cercanas a la ciudad de Mar del Plata.
En la segunda etapa, del 17 al 23 de agosto, se sumaron el ARA La Argentina, el ARA Espora y el ARA Rosales para maniobras tácticas, de exploración aérea, lanzamiento y recuperación de aeronaves y ejercicios de defensa antiaérea cerca de Ushuaia.
Finalmente, en las oficinas del Estado Mayor del Comando del Área Naval Austral se realizó una videoconferencia de crítica y balance del ejercicio entre altos mandos de nuestra Nación y Brasil, y se firmó el memorando de entendimiento entre nuestra Armada y la marina de Brasil para la realización del próximo ejercicio en aguas brasileñas, que será el número 38 y abarcará desde Río de Janeiro hasta Salvador de Bahía, entre agosto y septiembre de 2025.
Una vez finalizado el ejercicio, el ARA Sarandí continuó viaje hacia Valparaíso, Chile, donde se sumará al Unitas LXV, un ejercicio anual impulsado por la Armada de los Estados Unidos en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, e iniciado con la Primera Conferencia Naval de 1959 en Panamá. En esta edición en aguas chilenas, contará con la participación de 24 países con 19 Unidades de superficie, 12 observadores, 19 aeronaves y más de 4000 efectivos. Los ejercicios se realizarán frente a las costas de Coquimbo, Valparaíso y Punta Arenas del 2 al 12 de septiembre.
En el marco del ejercicio Fraterno, el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme declaró que “estos ejercicios mantienen a nuestra fuerza de defensa entrenando con naciones amigas y cumpliendo con el rol de una fuerza militar capaz y entrenada. Además, esto cumple con el rol central de la diplomacia de la defensa”.
Resulta fundamental, de cara a las próximas décadas, continuar fomentando la cooperación para la defensa del Atlántico Sur, atento a la injerencia foránea y las alianzas internas.