En las cartas de septiembre y octubre de 2024, CFK se refirió a la actualidad, a la situación del peronismo y a la historia de los últimos gobiernos, pero no al problema de la energía en general, ni de los hidrocarburos en particular.
Llama la atención la ausencia de ese problema estructural de la Argentina, ya que la carta de septiembre de 2024 plantea que la causa de todos los males es la falta de dólares, siendo el problema de los hidrocarburos uno de sus motivos principales.
Así lo admitía en 2012, al momento de adquirir el 51% de las acciones de YPF SA, lo que no revirtió la crisis energética, que impide nuestro desarrollo, ni el saqueo de estos recursos estratégicos, en un momento histórico de crecimiento de la demanda internacional.
El reciente fallo de una jueza de Nueva York que ordena al Estado argentino a indemnizar a un fondo buitre y a los Eskenazi con acciones de YPF volvió a poner en foco el debate sobre la defensa y pérdida de nuestra soberanía energética.
Sin embargo, mientras CFK omitía el tema, los neoliberales culparon del problema energético a supuestas políticas estatistas y populistas, sin considerar las continuidades del modelo impuesto en los ‘90s y su profundización en la postconvertibilidad.
Este problema impacta directamente en el pueblo argentino, ya que gran parte de la pérdida de poder adquisitivo y de los ajustes fiscales se deben a una política energética que ha generado déficit, desabastecimiento y fuga de divisas.
Hoy más que nunca, analizar el problema energético es fundamental para hacer un balance histórico del período 2002-2015 a la luz de la Doctrina y del legado de Perón, y para sostener la independencia económica en el siglo XXI.
“El principal opositor a Néstor Kirchner va a ser el gas”
En las dos cartas de CFK citadas, se hace mención una sola vez a la energía, cuando en la de octubre de 2024 enumera los logros de su gestión y menciona el “desarrollo energético”, sin explayarse más.
Sin embargo, en la de septiembre de 2024 dedica varios párrafos a la cuestión de la restricción externa, es decir, a la falta de dólares, que atribuye a la economía bimonetaria, que considera una excepcionalidad argentina.
En ese sentido, en un Conversatorio organizado por YPF Mendoza el 22 de agosto de 2024, el periodista de La Nación Carlos Pagni se refirió a la restricción externa y a su vínculo con el problema energético en la postconvertibilidad, en estos términos:
En el año 2003, (...) uno de los mejores expertos en materia energética del país (...) me dijo: El principal opositor a Néstor Kirchner va a ser el gas (...)
Duhalde produjo una gran devaluación (...) Al volver muy caro el dólar, se vuelven muy caros determinados productos ligados al dólar, básicamente dos: la energía y los alimentos.
A partir de ese momento, (...) decidieron subsidiar energía y alimentos, sobre todo energía.

Para Pagni, los subsidios y el congelamiento de tarifas tuvieron como efecto “desalentar la inversión”, lo que generó, a su vez, caída de la producción e importación de gas:
El centro, la razón principal porque la Argentina carece de dólares es la necesidad permanente de importar energía y la necesidad de importar energía es porque está desalentada la inversión en energía (...)
Por la energía, vino la inflación y, por la energía, nos quedamos sin reservas, porque tenemos que importar energía y porque regalamos la energía y eso exacerba el consumo y produce inflación.
Más allá del sesgo liberal de estas apreciaciones, se puede deducir que sólo un perverso manipulador podría culpar a los empleados del Estado, a las universidades públicas, a los jubilados, a los científicos o a los pacientes oncológicos del déficit fiscal.
Los ajustes que padecieron los trabajadores a partir de 2012, que se profundizaron durante los siguientes gobiernos, se dieron mientras el país gastaba miles de millones de dólares en importación de gas y en subsidios a monopolios de la energía.
En este punto, se ven los límites del planteo de Pagni: culpa al kirchnerismo de haber desalentado la inversión, pero en esa etapa se profundizó un modelo que favorece a los capitales extranjeros y el extractivismo.
Sobre las inversiones extranjeras, dice la carta de CFK de septiembre de 2024, en referencia al gobierno que integró junto a Alberto Fernández:
El peronismo se torció cuando mal administró las divisas obtenidas por superávit comerciales excepcionales y debilitó la fortaleza del Estado para administrar la economía bimonetaria de la Argentina (...)
El peronismo se desordenó cuando no impulsó la reversión del déficit fiscal a través de la reducción del gasto tributario existente por eximiciones, exenciones o promociones a sectores concentrados de la economía.
Sin embargo, como veremos a continuación, las mismas críticas pueden hacerse a su gobierno.
Lejos de toda autocrítica, CFK se jacta: “la Inversión Extranjera Directa (IED) durante mi segundo mandato fue la más alta en los 40 años de democracia, sin privatizaciones” y pone de ejemplo el acuerdo con Chevron y Petronas en Vaca Muerta.
Mientras CFK omite el problema energético en sus cartas, Pagni lo plantea, expresando la preocupación del establishment al respecto, pero omitiendo sus verdaderas causas.
Es por esto que nos remontaremos a la época en que logramos la soberanía energética y el autoabastecimiento en hidrocarburos, en función de explicar cómo y cuándo los perdimos.
Defensa y pérdida de nuestra soberanía energética
Para defender nuestra independencia económica, es indispensable comprender la importancia estratégica de la soberanía energética (Repliegue, 19/12/2023):
El petróleo y el gas representan poco más del 84% de la matriz energética primaria del país, motivo por el cual Argentina históricamente fue un país altamente dependiente de los hidrocarburos (...)
YPF es una empresa insignia para el país, no sólo porque es rentable, sino porque constituye un instrumento para la soberanía energética, la producción nacional, la creación de fuentes de trabajo, la generación de divisas.
Hace un siglo, ante la negativa de la Standard Oil de proveer combustible a la incipiente aeronáutica nacional, el General Enrique Mosconi propuso al entonces Presidente Hipólito Yrigoyen la creación de una empresa petrolera nacional.
Fundada en 1922, YPF fue la segunda petrolera estatal del mundo, en un mercado cartelizado por “la estadounidense Standard Oil de la familia Rockefeller y la Royal Dutch Shell de las coronas británica y holandesa” (Repliegue, 13/12/2020).
YPF no sólo permitió abastecer la incipiente industria nacional, sino también el desarrollo de las zonas más postergadas del país, ya que redujo a la mitad los costos en combustibles.
En 1946, el General Juan Perón completó esta obra con la creación de Gas del Estado, que permitió la construcción del gasoducto que une Comodoro Rivadavia con Buenos Aires (1949), abasteciendo hogares y fábricas a 1700 km. (Repliegue, 05/04/2023).
Arturo Frondizi, uno de los máximos vendepatria del siglo XX (La Causa Laboral, 1°/03/2015), saltó a la fama criticando un contrato de YPF con la California argentina.
Sin embargo, la Doctrina Peronista no se opone a la inversión extranjera, sino a la pérdida de nuestra independencia económica en manos de grandes capitales foráneos y al saqueo de nuestros recursos naturales (Perón, 1947):
El capital extranjero demostró poco interés en establecerse en el país para elaborar nuestras riquezas naturales, lo que significaría beneficiar nuestra economía y desarrollo (...)
Esta acción recuperadora debió ser emprendida, evidentemente, por los capitales argentinos; o por lo menos, que el Estado los estimulase, precediéndolos y mostrándoles el camino a seguir.
La argentinización de nuestra economía, que constituye un fin en sí misma, requiere (...):
-
Tanto el principio de la empresa privada como el principio de la organización colectiva;
-
tanto la libre iniciativa individual como la capacidad organizadora del propio Estado.
Por lo mismo que abrimos nuestras puertas a todas las colaboraciones, no estamos dispuestos a consentir que empresas foráneas sólo entreabran la puerta de servicio a la Argentina (...)
Perón (1947) agrega en su Doctrina que durante ese proceso de recuperación se debía “someter los contratos existentes, como las actividades de aquellas empresas, a una depuración, ordenamiento y contralor”.
Es por eso que la ley 14.222/1953 establecía un régimen de promoción de las inversiones extranjeras para desarrollos productivos, siendo “pionera para promover el ingreso de capitales, pero sometidos al control del Estado” (Olmos Gaona, 2021):
-
El Poder Ejecutivo debía aprobar cada proyecto de inversión.
-
Los capitales sólo podían ingresar en forma de divisas o de bienes productivos.
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Sometimiento a la legislación argentina.
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Equiparación de los capitales extranjeros a los nacionales.
-
Repatriar las utilidades (...)
Con YPF y Gas del Estado, en el año 1961, se logró el autoabastecimiento energético. (Repliegue, 13/12/2020).
El 27 de agosto de 1974, la Presidenta Isabel Perón nacionalizó las bocas de expendio de combustibles, a través del Decreto 632/74, cumpliendo con los lineamientos del Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional (González, 2007).
El impuesto a los combustibles era, en ese entonces, una de las principales fuentes de recursos públicos pero, mientras YPF como agente de retención debía depositar el dinero en el Banco Nación en 24 horas, la Shell y la Esso lo retenían por 52 días.
Amparadas en un decreto posterior al golpe de 1955, especulaban durante ese tiempo con dinero de los contribuyentes, con un caudal de U$S200 millones. En los considerandos del decreto citado, dice que las anteriores políticas permitieron:
A quienes menores esfuerzos extractivos realizaban, obtener una participación indebida en el mercado, en desmedro de la empresa YPF, a cuyo cargo exclusivo estuvieron los mayores riesgos y de cuyos esfuerzos el país obtiene los más altos resultados que importan la casi totalidad del petróleo crudo que se extrae en el territorio nacional -en la actualidad el 99,03%- mientras que la referida participación de la empresa estatal en el mercado de expendio apenas excede del 50%.
Parecerá excesivo dedicar tantos párrafos a una suma menor, si se la compara con los miles de millones de dólares que se llevaron y se llevan los grupos capitalistas desde la última dictadura, cometiendo todo tipo de desfalcos, como veremos a continuación.
Pero es necesario para ejemplificar cómo actúa un gobierno peronista: no duda a la hora de estatizar las empresas extranjeras que, como advertía la Constitución de 1949, pretenden “aumentar usurariamente los beneficios”.
Ese año, también se sancionó la Ley de Sociedades del Estado (20.705/74), que permitía el desarrollo de actividades económicas con prescindencia del capital privado.
YPF y Gas del Estado se encuadraron en este régimen de preferencia, por el cual no se aplicaba a dichas empresas las leyes de Contabilidad, de Obras Públicas y de Procedimientos Administrativos, y no podían ser declaradas en quiebra, ni enajenadas.
A principios de 1976, Isabel Perón envió un proyecto de ley al Congreso para restablecer la Constitución de 1949, que había establecido en su artículo 40°:
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.
El 24 de marzo de 1976 la Presidenta constitucional fue derrocada y permaneció en prisión durante años. Así, empezaba el período más oscuro de nuestra historia, en que el neoliberalismo se impuso a sangre y fuego.
El desguace de YPF y Gas del Estado: la entrega de nuestros hidrocarburos.
En “¿Por qué prende la mentira de la ‘casta’?” (Repliegue, 07/07/2024), se citó el fallo del Juez Ballestero, que comprueba la política de endeudamiento sistemático de las empresas del Estado con el fin de garantizar la fuga de divisas, durante la última dictadura.
En el caso particular de YPF, se comprobaron 423 préstamos irregulares contraídos durante ese período. Esas divisas que ingresaban al país, lejos de invertirse en la empresa, estaban destinadas a garantizar la fuga de las ganancias del gran capital.
Este vaciamiento deliberado permitió justificar, con la excusa de la supuesta ineficiencia de las empresas públicas, la política de privatización de los ‘90s. Como explica Olmos Gaona (2021):
Toda la política petrolera que se inscribía en ese marco respondía a un plan perfectamente articulado que contaba con el apoyo de los organismos multilaterales (FMI, BM, BID).
Esos organismos multilaterales impusieron, como condición para la renegociación de la deuda, las siguientes reformas económicas (Chaia, 2023):
La visión orientada al abastecimiento de la producción interna fue reemplazada por un enfoque netamente mercantil y exportador, librado al juego de los capitales privados con bajos niveles de intervención estatal.
Esto comenzó a implementarse en nuestro país bajo la administración de Carlos Menem, a partir de la sanción de la ley N° 23.696/1989 y de una serie de decretos posteriores que establecieron:
1) la reconversión de los ‘contratos de servicio’ firmados por empresas privadas con YPF en permisos de exploración y concesiones de explotación,
2) la libre disponibilidad de las reservas,
3) la plena libertad para importar y exportar sin obligación de ingresar al país las divisas generadas,
4) la exención de pagar reintegros y retenciones.
Las leyes 24.145/92 y 24.076/92 establecieron la privatización de YPF S.E. y el desguace de Gas del Estado ante un nuevo marco de distribución y transporte gasífero a favor del sector empresario.
Este proceso culminó en 1999 con la venta de YPF a la española Repsol S.A., lo cual derivó en una pérdida total de soberanía energética.
Como dice Olmos Gaona (2021), la entrega de nuestros hidrocarburos, la profundización del drama social argentino y el canje de las acciones de YPF por bonos de poco valor, fueron parte de un mismo proceso:
En la Memoria de YPF publicada en 1993, se hacía constar que de más de 50.000 empleados que tenía la empresa habían quedado solamente 7.000 (...)
La nueva estrategia de los acreedores consistía en comprar activos públicos con títulos de deuda, cuyo valor en el mercado internacional fluctuaba entre el 15% y el 20% de su valor nominal.
Al instrumentarse el Plan Brady -diseñado (...) por el Citibank y el JP Morgan- se argumentó que, a través de los mecanismos de conversión (...), se produciría una reducción (...) de las obligaciones a canjear (...)
Sin embargo, esa reducción fue simplemente un mecanismo ficcional, ya que se redujo el capital nominal de la deuda en un porcentaje menor, mientras que los títulos depreciados se valorizaron mediante el referido plan.
Con esos nuevos valores, se compraron las empresas públicas.
Los proyectos de privatización de YPF y Gas del Estado, que legalizaron el despojo de nuestras empresas estratégicas a cambio de bonos baratos, fueron presentados por el entonces Diputado Oscar Parrilli, con el apoyo de Néstor Kirchner, quien afirmó (Solanas, 2010):
Esto para los santacruceños es muy importante.
Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros también desde la soberanía es importante, porque va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa Cruz.
Nada de esto ocurrió, ni con esa ley, ni con la Constitución de 1994, en cuya sanción participó CFK, como Convencional Constituyente, quien defendió la provincialización de los recursos naturales, borrando definitivamente lo dispuesto por el artículo 40° de la Carta Magna de 1949.
Como lo explicó Fernando “Pino” Solanas en 2012 (Repliegue, 13/12/2020):
En el año 1994 se consiguió lo que los grandes monopolios internacionales buscaban hacía ya ochenta años: la provincialización de los recursos (...)
Hablamos del futuro de la depredación de los bienes y recursos del país, la segregación, el sacarnos pedazos de territorio, el colocar a las provincias en la boca del león frente a trasnacionales que son cien veces más poderosas que ellas.
Hidrocarburos en la postconvertibilidad: se profundiza el saqueo.
Si bien en la postconvertibilidad se introdujeron derechos de exportación de hidrocarburos y se creó Enarsa, destinada a la explotación de áreas marítimas no concesionadas, en general, el gobierno iniciado en 2003 continuó la política de los ‘90s (Clarín, 07/05/2014; Perfil, 18/04/2018, La Nación, 13/04/2024; Repliegue, 13/12/2020):
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En el año 2007, el entonces Presidente Néstor Kirchner, por medio de la llamada “Ley Corta” (N° 26.197), facilitó la prórroga de las concesiones otorgadas en 1992 por 25 años, es decir, diez años antes de su vencimiento, por 30 años más.
-
No se realizó un relevamiento serio sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas.
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Ese año, se firmó la prórroga de la concesión del Yacimiento Cerro Dragón, el más grande del país, a Panamerican Energy, de British Petroleum, por 40 años, hasta su agotamiento, por lo que se habla de enajenación.
La velada enajenación del yacimiento más grande del país se hizo sin licitación, con denuncias de coimas a cambio de firmar cláusulas lesivas al interés nacional y provincial.
-
Entre 2007 y 2011, el Grupo Petersen (Eskenazi), afín al gobierno, adquirió un 25,46% de las acciones de Repsol-YPF. Ni la desinversión de Repsol, ni el giro de utilidades al exterior pudieron ser revertidos porque:
Esta adquisición de acciones fue posible a partir del endeudamiento de Petersen con BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, Itaú y la propia Repsol.
Por lo tanto, la cancelación de la deuda que permitió el ingreso sería saldada con los dividendos obtenidos cada año, de modo tal que sólo implicó un incremento de la fuga de divisas.
¿Desde cuándo se habla de crisis energética?
Ya en el año 2009, el abogado y economista especializado en energía Félix Herrero (quien dirigió las tres grandes empresas hidroeléctricas de Argentina -Yacyretá, Salto Grande y Corpus Christi- durante el tercer gobierno de Perón) decía (OPSur, 04/12/2009):
Es primero una crisis de cantidad y no de precio, como por ahí se plantea. Argentina está importando ya gasoil, fuel oil, gas natural, gas natural licuado, uranio.
Es decir, nos hemos convertido de un país autoabastecido, e incluso exportador, a otro importador neto de energía.
Eliminaron YPF SE y Gas del Estado SE porque decían que causaban pérdidas. Sin embargo, en este gráfico se pueden observar los miles de millones de dólares que perdió y sigue perdiendo la Argentina, por tener enajenados sus hidrocarburos (Chaia, 2023):

Para la economía nacional, las principales consecuencias de esa crisis fueron las siguientes (OPSur, 04/12/2009):
-
El encarecimiento de toda la producción nacional. Desde el agro, que utiliza fertilizantes y gasoil, hasta el comercio, por el transporte, pasando por nuestros productos de exportación, esto nos quita ventajas competitivas.
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Desde el punto de vista del consumidor, del usuario, en tanto y en cuanto se encarecen los servicios como la energía eléctrica y el gas, está perdiendo salario real, su salario disminuye.
No era el único que planteaba esta situación: 8 ex Secretarios de Energía de la Nación publicaron una serie de documentos en que ofrecían estos datos para hablar de crisis energética (Clarín, 2011):
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La producción de petróleo descendió el 18% en estos 7 años (...)
-
Las reservas de petróleo cayeron el 11%, mientras la producción de gas natural cayó el 43%.
Sin embargo, Herrero (OPSur, 04/12/2009), si bien coincidía en el diagnóstico, criticaba las causas planteadas por los que habían sido gestores de las privatizaciones:
Ellos dicen que faltan recursos energéticos, que hay caída de reservas, porque no se invierte, y en eso estamos todos de acuerdo (...) No hay inversión en exploración.
Pero no estamos de acuerdo en las causas porque para ellos lo predominante son las tarifas bajas y para nosotros, que con la privatización se han entregado los yacimientos, la gestión energética, la renta y la decisión de invertir.
Es decir, las concesiones les dan a las multinacionales la voluntad de reinvertir en la Argentina, en el Golfo de México o en Argelia. Entonces, son las multinacionales las que tienen la decisión de invertir y no el Estado.
En el comienzo de su segundo mandato, CFK admitió no sólo la crisis energética, sino también las causas y sus consecuencias nefastas para la economía nacional (Chaia, 2023):
Si las empresas petroleras en nuestro país hubieran mantenido o aumentado la producción, [el superávit comercial] hubiera sido mucho mejor, porque hemos tenido que importar U$D 9.396 millones en combustible.
Un 110% más que [en] el año 2010. (...) No podemos volver a las épocas del Virreinato, donde se llevaban todo, el oro y la plata, y no dejaban nada. Creo que es bueno que se notifique que han pasado esas épocas…
Por aquellos años, muchos planteaban que podía ser admisible la crítica a la colaboración prestada por Néstor y Cristina Kirchner a la entrega de YPF en los ‘90s, pero que no había que quedarse en el pasado, que después habían rectificado esa línea.
Sin embargo, durante la “década ganada” no se hizo más que empeorar todas las reformas de los ‘90s en el sector energético, porque se repitió y profundizó la entrega “de los yacimientos, la gestión energética, la renta y la decisión de invertir”.
Tal es así, que “en 2010 la rentabilidad de Repsol-YPF había sido de 4.693 millones de euros y de 2.193 millones, en 2011” (Chaia, 2023), al tiempo que perdíamos miles de millones de dólares por importar combustible.
Como analizábamos más arriba, CFK suele hacer diagnósticos de la realidad en los que señala los problemas que ella misma contribuyó a generar, pero como una comentarista que observa desde afuera, sin admitir ninguna responsabilidad.
Sin embargo, el déficit fiscal y la falta de dólares, que llevaron a una devaluación y ajuste a partir de 2012, son consecuencia, en gran medida, de la política energética de la “década ganada” (Chaia, 2023):
La salida de divisas por importación de combustibles se combinó con el aumento (...) de los subsidios a las tarifas (...) iniciado cuando, tras la salida de la convertibilidad, el Gobierno congeló las tarifas en pesos, esto es, impidió su dolarización y su aumento.
A cambio de que las empresas energéticas y de servicios privatizadas abandonaran las demandas ante el CIADI por esta “pesificación” tarifaria, la estrategia del Gobierno consistió (...) en beneficiar a las empresas mediante:
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la relajación de las metas de inversión,
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la condonación de multas,
-
la reducción de sus deudas frente al Estado,
-
y el subsidio tanto de las obras de infraestructura de las empresas como también de la diferencia entre el costo en dólares y el valor facturado en las tarifas a los usuarios.
¿Qué pasó con la “recuperación” de YPF?
En principio, vale aclarar que, en 2012, YPF ya no monopolizaba la exploración y explotación de hidrocarburos, sino que compartía esa actividad con empresas extranjeras (Chaia, 2023).
No hay que aceptar la ficción de que YPF fue recuperada en 2012, cuando en realidad se expropió el 51% de las acciones de la Sociedad Anónima creada en 1992, para después asociarse con Chevron en su principal apuesta a futuro: Vaca Muerta.
Por otro lado, el Grupo Petersen vendió en 2015 el derecho a reclamar por esa expropiación en los tribunales de Nueva York a Buford, un fondo buitre, por U$D 15 millones, garantizándose el cobro del 30% del resultado.
La Argentina fue condenada por un juzgado de Nueva York a pagar más de U$D 16.000 millones en 2023 (La Nación, 13/04/2024), cuando el Grupo había obtenido esas acciones sin invertir un peso.
Parafraseando al General, nos robaron el perro y después nos vinieron a reclamar (judicialmente) la correa.
La Argentina apeló la sentencia de primera instancia, pero el juzgado yanqui estableció como garantía para evitar embargos, entre otras concesiones, la entrega de un tercio de las acciones de YPF.
Todo podría terminar peor que antes de 2012: en NY, le hicieron lugar al pedido de informes de los buitres sobre YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat, Enarsa y el Banco Central, en función de ampliar los embargos (La Nación, 14/01/2025).
El 30 de junio de 2025 la jueza de NY ordenó indemnizar a los buitres y a los Eskenazi con el 51% de YPF SA.
Más allá de estas consecuencias, la supuesta estatización de YPF en 2012, cuyo único fin era el de frenar la sangría de divisas que significaba el sector energético, no respondió a una política soberana, sino a los intereses de las multinacionales (Chaia, 2023):
-
En cuanto al formato de propiedad, se mantuvo el modelo de Sociedad Anónima, en lugar del regulado por la Ley de Sociedades del Estado, por lo que YPF continuó sin las ventajas comerciales que tenía antes de 1992 y siguió controlada por el capital financiero.
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En cuanto a las cuotas y los actores participantes en el mercado, “no hubo modificaciones en la asignación de espacios en el mercado de producción de petróleo”.
-
Por otro lado, los decretos 927/2013, 929/2013 y 560/2014 empeoraron las condiciones del saqueo de nuestros hidrocarburos establecidas en los ‘90s:
-
El Decreto N° 1589/1989, firmado por Menem, “eliminó aranceles y derechos de exportación y ofreció libre disponibilidad para el 70% de las divisas obtenidas”, mientras que el Decreto 929/2013, firmado por CFK, amplió la libre disponibilidad al 100%;
-
Se eximió a los capitales extranjeros “de pagar impuestos a la comercialización del 20% de lo producido”;
-
"Se eliminaron la totalidad de los impuestos a la importación de maquinarias y equipos”.
Finalmente, YPF quedó en manos de Miguel Galuccio, un gerente de la privatización de esa empresa en los ‘90s quien, luego del vaciamiento y la entrega, consiguió trabajo como gerente de Producción de la petrolera Schlumberger, en Londres.
Durante su gestión en YPF, tuvo una disputa pública con Guillermo Moreno, por el precio interno de los combustibles, imponiéndose Galluccio, por lo que “entre julio de 2012 y fines de 2015 los precios aumentaron 126,1%, un promedio de 3%” por mes (Chaia, 2023).
En ese sentido, es imprescindible el testimonio de primera mano de Julio De Vido, en una entrevista de Tomás Rebord a quien fue Ministro de Obras Públicas durante toda la “década ganada” y acompañó a Néstor Kirchner desde el inicio de la democracia:
Yo asumí el 12 de abril de 2012 como interventor de YPF (...)
Por supuesto, corrí a un montón de gente del directorio, de CEOs y gerentes de los españoles que estaban al frente de áreas clave como personal, la gerencia general de exploración y explotación, etc..
El día que yo le entregué la llave de la oficina a Galuccio, vino rodeado de todos los tipos que yo había echado. Yo ahí me di cuenta: "Acá, fracasamos".
En un país colonial, las conquistas sociales son aleatorias
En el sector hidrocarburos, a partir de 1976, se truncó la línea histórica del General Mosconi, Yrigoyen y Perón, y se impuso la del General Videla, Cavallo y Menem, a la cual adhirieron Néstor y Cristina Kirchner desde los ‘90s.
La misma gestión de YPF designada en 2012 continuó durante el gobierno de Mauricio Macri, ya que respondía a los mismos intereses, los de las multinacionales. Nombraron como Ministro de Energía a Juan José Aranguren, Presidente de la Shell.
El acuerdo con Chevron en Vaca Muerta y la ley de hidrocarburos de 2013 (que ratifica lo establecido por los decretos 927/2013 y 560/2014) es un antecedente del RIGI de 2024.
Puede parecer estéril señalar estas continuidades en la política energética de todos los gobiernos que se sucedieron desde el golpe de 1976 hasta ahora, pero si no lo hiciéramos, le estaríamos dando la razón a los gorilas, que culpan al peronismo de la decadencia nacional.
Sin embargo, el problema energético expone una línea coherente y sistemática de entrega de nuestros recursos desde 1976 hasta ahora, lo que explica gran parte del déficit fiscal y la falta de dólares como limitación estructural de nuestra economía.
La supuesta medida “colectivista” y “estatista” de 2012 fue en perjuicio del Estado y de la soberanía energética, mientras las industrias y los trabajadores pagamos el combustible a precios internacionales o subsidiamos la generación de energía con nuestros impuestos.
Sin embargo, el déficit y la inflación causados por el saqueo de nuestros recursos es la excusa para un despojo de derechos sociales sin precedentes, a lo que se suman los aumentos de tarifas de luz y gas a industrias y hogares (Resolución 24/2025).
En el contexto descrito, caracterizado por el desabastecimiento de gas y la pérdida de miles de millones de dólares por la importación de este recurso, surgió la posibilidad de explotar en el norte de Neuquén yacimientos gasíferos (Repliegue, 12/10/2024).
Las reservas de gas en Vaca Muerta, Palermo Aike y Malvina Norte ya están siendo explotadas por YPF SA, en asociación con capitales extranjeros, y prometen, a futuro, ser la principal fuente de divisas a través de exportaciones del país.
Sin embargo, todavía siguen pendientes las inversiones en infraestructura necesarias para hacerlo posible. El marco económico y jurídico en el cual se desarrolla esta actividad, sobre todo después del RIGI, profundizará el saqueo (Repliegue, 07/07/2024).
Como dice Pedro Pablo Ramírez (Repliegue, 12/10/2024), cuando el Estado se hizo cargo del 51% de YPF SA, tenía “95% de las áreas concedidas en Vaca Muerta, las trabajaba en (...) alianza con Chevron” y se hizo cargo de las inversiones de riesgo.
Pero fue perdiendo terreno frente a los capitales extranjeros y “actualmente (...) YPF no alcanza el 45% de las áreas concesionadas”.
En ese sentido, se repiten las políticas criticadas por Isabel Perón (Decreto 632/74), que permitieron a los capitales extranjeros “una participación indebida en el mercado, en desmedro de la empresa YPF, a cuyo cargo exclusivo estuvieron los mayores riesgos”.
Hoy más que nunca, la actualización doctrinaria no debe consistir en bajar la bandera de la independencia económica, porque eso es defeccionar y por ese camino llegamos a la derrota en 2023, sin poder resolver los problemas más urgentes del pueblo argentino.
Frente a esta nueva oportunidad para el país, debemos tener presente lo que decía Perón en su Doctrina: “En un país colonial, toda conquista social no puede tener si no un carácter aleatorio”.
Bibliografía:
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- https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/229561
- Olmos Gaona, A. (2021) Deuda o Soberanía: verdades ocultas de la dependencia. Peña Liyo.
- Perón, I. (1974) La Presidente habla a los trabajadores de la energía. Secretaría de Prensa y Difusión. Presidencia de la Nación.
- Perón, J. (1947) Doctrina Peronista.
- Artículos de publicaciones web:
- Dal Bianco, G. (04/12/2009) Félix Herrero: “En energía, los Kirchner siguieron la misma línea del menemismo”. Observatorio Petrolero Sur.
- https://opsur.org.ar/2009/12/04/en-energia-los-kirchner-siguieron-la-misma-linea-del-menemismo/
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- https://lacausalaboral.ar/wp-content/uploads/2024/02/LCL59.pdf
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- Notas de Repliegue:
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- Duarte, G. 07/07/2024 ¿Por qué prende la mentira de la “casta”?
- Galasso, N. 05/04/2023 Canessa: Cuando el gas quedaba en Argentina.
- Ramírez, P. 12/10/2024 De la soja al crudo. Repliegue.
- Redacción. 19/12/2023 YPF es y debe ser argentina. Repliegue.
- Villa, A. 13/12/2020 Hidrocarburos en Argentina. Repliegue.
- Audiovisuales:
- Solanas, F. (2011) Tierra sublevada, parte 2: Oro negro. Primer Plano Film Group.
- Conversatorio - YPF - Mendoza - 22/08/2024 - Charla con Carlos Pagni.
- https://www.youtube.com/watch?v=qVBdBpLlHqw
- El Método Rebord #57 - Julio de Vido - 21/05/2023
- https://www.youtube.com/watch?v=r_TyxZwONoI&t=6497s
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