Derecho laboral: ¿un problema de soberanía?

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo en Davos en enero de este año: “o estamos sentados en la mesa o somos parte del menú”. Esta declaración sencilla, coloquial y que por analogía responde al patrón “come o serás comido” —eat or be eaten— el cual representa todo un paradigma pedagógico en las enseñanzas padre-hijo del mundo anglosajón, demuestra también en el marco de la política internacional que existen dos categorías de países: los países soberanos y los subordinados.

Los países subordinados se definen, ante todo, por su incapacidad para establecer sus propias reglas de funcionamiento, organizar sus normas sociales, aprovechar plenamente sus recursos económicos o ejercer influencia sobre otras naciones. En este contexto, la llamada “flexibilización laboral” no es más que una imposición de la agenda global, frente a la cual hemos resistido de manera estoica —al menos en el plano legal— desde la época de Martínez de Hoz hasta la actualidad.

En La autodestrucción del capitalismo (2009), Patrick Artus dibuja con enorme claridad cómo se dio en la década de los años 70 un proceso determinante para la economía mundial, donde la crisis del petróleo empujó al poder económico del llamado “mundo libre” a buscar reducciones de costos, evadiendo las sólidas normativas occidentales heredadas de décadas de Estado de Bienestar. 

Una brillante movida de fichas de Henry Kissinger activa un puente con una China atrasada, agraria y socialista, dispuesta a recibir inversiones industriales a cambio de mano de obra barata y seguridad jurídica. Al unísono, el neoliberalismo ofrece su receta de reformas para adaptarse a este nuevo mundo basado en la globalización productiva, y las mismas se repiten en todo el mundo: privatizaciones, ajuste de gasto social, superávit fiscal, disciplina en el orden monetario y por supuesto: flexibilización laboral.

Los países anglosajones se adaptaron maravillosamente bien a este nuevo mundo, porque es en definitiva una forma de vida que marida muy bien con la ética protestante. Pero ante todo porque se trata de países donde residen las casas matrices de esta globalización productiva. 

La creencia de que la flexibilización laboral funcionó en los países anglosajones porque alienta inversiones nace de una miopía o un sesgo ideológico que impide ver que sólo funcionó en países desarrollados de ética protestante. Cuando nos movemos hacia a los países eslavos, o mismo Israel, encontramos que la flexibilización laboral es relativa, las condiciones de trabajo son muy diferentes a las que se nos proponen, y son acompañadas de fuertes políticas de seguridad social. En este sentido no vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo anglosajón. Son pocos los países que no se han subordinado a la lógica de este capitalismo de base protestante, y los que lo han hecho son los ejemplos de países emergentes que no leemos o que no sabemos leer, como por ejemplo los BRICS. Su éxito se basa en rebelarse a las recetas impuestas, y seguir su propio programa basado en su propia forma de vida. Soberanía, en fin.

El paradigma del Siglo XXI en materia laboral parece ser el de la informalidad y la liquidez en todos sus ámbitos. De un mundo basado en la estabilidad, donde un jovencito de 16 años entraba a aprender un oficio en un taller o se formaba en una escuela técnica, para luego sostener un mismo trabajo hasta el día de su jubilación, simplemente ya no existe más. Pero eso no significa de ninguna manera que nos tengamos que allanar a un sistema donde la premisa básica es sencillamente: “me importa un comino la suerte del otro”. 

Argentina es el país del justicialismo —como así también el único país occidental donde aún persiste cierta idea de familia y comunidad organizada— y en ese marco se ha podido sostener una Ley de Contratos de Trabajo que no condice con los tiempos que vivimos.  Es el país que tiene una tasa de afiliación sindical mayor al 40%, cuando en los países arriba mencionados oscila en torno al 20%. Pero también es el país que tiene más de la mitad de sus trabajadores en la informalidad. Y esto denota un fracaso que nos invita a una reflexión profunda. 

Ahora bien, la pregunta es si el fracaso consistió en hacer respetar la LCT o justamente en no hacerlo. El capitalismo argentino ha encontrado la forma de no hacer funcionar la LCT, al punto tal que me atrevo a decir que en la praxis ha sido prácticamente derogada.

La mal llamada industria del juicio se ha desmoronado, con las reformas interpuestas por el progresismo en 2012 en la Ley de Riesgos del Trabajo, y luego con las distintas creaciones de códigos procesales laborales en prácticamente todas las provincias, los cuales alientan y propician distintas instancias de negociación autocompositiva o “voluntaria”. Esto ha impulsado a que los trabajadores, víctimas de una relación asimétrica, acepten acuerdos por montos inmensamente menores a los que se cobraban años atrás esperando una sentencia definitiva.

En el orden de la realidad que es tremendamente lejana a lo que disponen los textos jurídicos de nuestro sistema legal: ya existen los bancos de horas, ya se paga en especias, ya hay argentinos trabajando 12 o 14 horas por día, y ya más de la mitad de la actividad económica viene del trabajo informal. Y la incapacidad de hacer valer este marco normativo no deviene de otra cosa que de la pérdida de soberanía.

Particularmente desde Carlos Menem hasta la fecha, muchos argentinos confundieron globalización con extranjerización. Así perdimos capacidades industriales y técnicas. Pero además, perdimos el dominio de nuestros puertos, mares, caminos fluviales —hasta el dragado de nuestros ríos— y acceso a recursos estratégicos. Provincializamos los hidrocarburos y los minerales abaratando costos a empresas canadienses, estadounidenses y chinas. Desarticulamos el segundo ejército más poderoso de Sudamérica. Entregamos proyectos avanzados que eran medulares para la defensa nacional, como el misil Cóndor II. Desguazamos una formidable red ferroviaria despoblando pueblos enteros que garantizaban presencia territorial. Pasamos de diseñar, producir y exportar heladeras, radios, televisores a toda la región, a re ensamblar productos chinos en Tierra del Fuego.

El resultado es una progresía pidiendo redistribuir una torta cada vez más pequeña, y una casta liberal que vive de la renta del fruto extraído.

La nueva legislación laboral no viene a ofrecer facilidades de contratación, ni aún así a mejorar las condiciones de despido para los empresarios, las cuales al día de hoy son inmejorables en términos comparativos con muchos países del hemisferio. Lo que viene es a seguir desarticulando una Argentina que con sus cosas, hasta mediados de los años ochenta tenía el doble de producción industrial que Brasil, un PBI que asomaba al top 10 mundial, una población instruida que gozaba de bajísimos niveles de delincuencia y mortalidad, los salarios más altos de América Latina y por supuesto, el eje de este texto: podía sostener su propia forma de vida.

Definitivamente, el derecho laboral es una cuestión de soberanía.