Los Estados nacionales requieren un gobierno, una población permanente y un territorio determinado para existir como tales. En el caso argentino está pendiente asegurar el último de los tres elementos.
Por Justo Arias Cisneros
De acuerdo al Mapa Oficial de la República Argentina, el territorio nacional se extiende sobre 10.444.274 km², se asienta en América y en la Antártida, y cuenta con más superficie en mar que en tierra. De esa manera, Argentina se afirma bicontinental y marítima, posicionándose como el octavo país con mayor extensión territorial en el mundo.
Sin embargo, considerando la situación de las islas del Atlántico Sur, la Antártida y la frontera con Chile pendiente de demarcación, es un hecho que la posesión de cerca del 38,9% del suelo argentino (aproximadamente 4.061.597 km² de 10.444.274 km² totales) se encuentra en pugna con otras naciones [1].
I | El Atlántico Sur y sus islas Malvinas, Georgias y Sandwich
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas, fundada en razones de orden geográfico, histórico y jurídico [2], es vulnerada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, desde que las invadió el 3 de enero de 1833.
La Cuestión Malvinas representa uno de los últimos casos de colonialismo en el mundo, y la persistencia de la ocupación británica durante casi dos siglos prueba la importancia económica y geopolítica que han adquirido las islas.
Tras el conflicto armado de 1982, y su resultado, debemos tener en cuenta que la Cuestión Malvinas está enmarcada como una disputa de soberanía y un ejemplo de las formas de colonialismo al que Argentina y Reino Unido deben poner fin mediante la vía pacífica de las negociaciones, de acuerdo con las Resoluciones Nros. 2065 y 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Desde el fin de la Guerra de 1982, Argentina y Reino Unido han firmado una serie de acuerdos relacionados a la administración de las Islas Malvinas donde encontramos -en todos, sin excepción- el denominado “paraguas de la soberanía”: se trata de una fórmula legal concebida para que ambos Estados puedan regular conjuntamente determinadas cuestiones de las islas Malvinas mientras negocian una solución a la disputa, sin que ello implique renunciar a sus reclamos y fundamentos de soberanía. Sin embargo, en la práctica, este “paraguas” pareciera ser funcional a la situación impuesta por el Reino Unido y a su reticencia a solucionarla, en función de que a lo largo de las últimas décadas Argentina acordó cuestiones pesqueras, comerciales, hidrocarburíferas y militares referidas al área de Malvinas que han facilitado la operatoria, logística y administración británica de las islas.
Conocé todos los acuerdos en los que se utilizó el “paraguas de la soberanía”
Importancia de las islas
En enero de 1976 una misión encomendada desde Londres para relevar el potencial económico de las Malvinas estimó -en el informe Shackleton- que las Islas estaban rodeadas de un mar en el que se ubican recursos mundiales de proteínas.
Diez años después, en octubre de 1986, el gobierno británico tomó cartas en el asunto y estableció un régimen de gestión de la pesca a través del cual comenzó a exigir la obtención de una licencia, con el pago de un arancel, a cualquier embarcación que desee pescar en las aguas de las Islas. Desde entonces, los ingresos de las Islas por la actividad pesquera aumentaron en un 500% [5].
En paralelo al aumento de la actividad pesquera en las Islas, el gobierno británico comenzó a promover exploraciones de hidrocarburos en sus alrededores. Así fue que en 2010 la compañía inglesa Rockhopper Petroleum anunció el descubrimiento del primer yacimiento de “oro negro” en las Islas Malvinas, que fue denominado “Sea Lion” y se estima que contiene 1.700 millones de barriles de petróleo en reserva [4]. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que con apenas 350 millones de barriles, “Rosebank”, en el Mar del Norte, era hasta entonces el yacimiento de hidrocarburos más importante que el Reino Unido tenía en su poder, las aguas que rodean a las Malvinas han adquirido otro valor desde el hallazgo.
En ese sentido hay que decir que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, como así también la emisión de licencias pesqueras en el área en disputa por parte del Reino Unido, sin autorización del gobierno argentino, constituyen actos violatorios a la Resolución N° 31/49 de las Naciones Unidas en tanto prohíbe a ambos Estados introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas.
Actualmente la disputa por las Malvinas también comprende a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur con los espacios marítimos que las rodean. En consecuencia, si bien la superficie de los tres archipiélagos es de 15.585 km2, se calcula que la superficie del mar que las rodea y se encuentra en poder del Reino Unido es de aproximadamente 2.600.000 km2, equivalentes a ocho veces el tamaño de la provincia de Buenos Aires [3].
A la disputa por las Malvinas se le agrega un condimento geoestratégico. A poco más de mil kilómetros hacia el sur de las Islas se encuentra la región de la Antártida en la que el Reino Unido mantiene reclamos de soberanía totalmente superpuestos con los de Argentina. Dos cuestiones pueden ejemplificar la vinculación entre la posesión de las Malvinas y la proyección sobre la Antártida: de un lado, las actividades del Reino Unido sobre la Antártida estuvieron bajo la dependencia directa del gobierno británico de las Malvinas entre 1908 y 1962; y del otro, el rol de las Islas como enclave logístico de la pretensión de Londres sobre el sexto continente, como ocurrió en el marco de la Operación Tabarin de 1943 mediante la cual el gobierno de la Corona pudo instalar sus tres primeras bases permanentes en el continente blanco [6].
El panorama se complementa con la proyección del Reino Unido sobre el Atlántico Sur, el océano más transitado del mundo por sus rutas comerciales críticas y reservas mundiales de energía. Es que la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich integra una cadena de islas bajo dominio británico que se completa con las islas Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión; de forma tal que el Reino Unido posee seis territorios en el Atlántico Sur -rodeando así el este de Latinoamérica [7]- y cuenta con instalaciones militares en dos de ellos: desde 1956 funciona en la isla Ascensión una base aérea denominada “Wideawake Airfield”, la cual tuvo un rol fundamental para las fuerzas británicas durante la Guerra de 1982; mientras que desde 1986 la base aérea “Mount Pleasant” ubicada en las Islas Malvinas hace lo propio con la militarización de la región.
II | La Antártida Argentina
Desde el 22 de febrero de 1904, cuando el pabellón nacional flameó por primera vez al sur del paralelo 60°, Argentina dice presente en la Antártida. Durante las cuatro décadas siguientes el Estado argentino sería el único del mundo con presencia permanente en la Antártida, llegando a ser al día de hoy la nación que contabiliza mayor tiempo ininterrumpido de permanencia y la que más bases tiene en el continente blanco: siete estaciones permanentes y seis temporarias que abren durante el verano.
En la primera mitad del siglo pasado, mientras Argentina consolidaba su presencia en la Antártida, Chile y Reino Unido hicieron lo propio y empezaron a proyectarse sobre la misma región del sexto continente, de manera que las tres naciones comenzaron a reivindicar la misma porción del Polo Sur. Las tensiones entre estos y otros países por la apropiación del continente se acrecentaron en un contexto marcado por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y los comienzos de la Guerra Fría, hasta que la creación del Tratado Antártico en 1959 abrió el sendero hacia la preservación de la paz en la pampa blanca.
El Sistema Antártico
Hay que tener en presente cuatro cuestiones centrales del sistema que actualmente regula la situación de la Antártida, integrado principalmente por el Tratado Antártico de 1959 y (TA) su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente de 1991 (PPMA).
a) La Antártida se debe utilizar exclusivamente para fines pacíficos, quedando prohibida toda medida de carácter militar (art. 1 TA).
b) Si bien a ningún Estado se le reconoce soberanía sobre el continente blanco, son respetados los reclamos territoriales formulados con anterioridad al Tratado (art. 4 TA). De esa forma los reclamos de soberanía de los Estados sobre la Antártida no se prohíben, sino que se amparan, suspendiendo su tratamiento y eventual reconocimiento para preservar la convivencia pacífica en el continente.
En ese marco, son siete los Estados que formularon reclamos de soberanía antes de la firma del Tratado: Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido; mientras que Estados Unidos y Rusia se consideran con fundamentos para reclamar. Se conformó así la disputa entre Argentina, Chile y Reino Unido por la misma porción del continente, que permanece latente durante la vigencia del Sistema Antártico.
Afortunadamente, a poco de iniciar sus respectivos reclamos de soberanía, Chile y Argentina entendieron la necesidad de unirse para contrarrestar el poderío británico en tanto potencia extrarregional, reconociéndose mutuamente en 1947 sus derechos de soberanía en la zona que denominaron “Antártida Sudamericana”, y desarrollando desde 1998 la Patrulla Antártica Naval Combinada, un operativo conjunto que se realiza anualmente con el fin de combatir la contaminación y salvaguardar la vida humana en el mar antártico. Sin embargo, la histórica amistosidad entre vecinos parece haberse opacado en el último tiempo con la creciente cooperación chilena y británica en materia de defensa [10], a la que se agrega el programa de “Cooperación Antártica para el período 2023-2028” [11] a través del cual ambos gobiernos se comprometen a seguir fortaleciendo su cooperación en materia antártica.
Te invitamos a conocer sobre las Campañas Antárticas de Argentina
c) Exceptuando a la investigación científica, está expresamente prohibida cualquier tipo de actividad vinculada a los recursos naturales en la Antártida (art. 7 PPMA).
Esta disposición es de suma relevancia considerando que el continente almacena alrededor del 70% del agua dulce en el planeta y se encuentra una reserva de hidrocarburos que multiplicaría a las de Arabia Saudita y Venezuela. Aunque el futuro de la Antártida es una incógnita, bien podemos suponer que ningún país destina recursos durante décadas a la exploración de un continente situado a miles de kilómetros únicamente por amor a la ciencia; más aún teniendo en vista los conflictos que desembocaron en la necesidad del Tratado Antártico y la experiencia en la región del Ártico.
d) Si bien el Sistema Antártico no tiene fecha de vencimiento y puede ser revisado en cualquier momento por acuerdo de sus Estados firmantes, la clave hacia el futuro está en el art. 25 del Protocolo sobre Protección Medio Ambiente: en el año 2048 se habilitará un procedimiento simplificado para poder enmendar sus disposiciones, ya que bastará el pedido de cualquier Estado Parte para convocar una revisión del tratado.
Te invitamos a conocer más sobre la cuestión antártica
III | Los hielos continentales de la Patagonia
La definición de los límites entre Argentina y Chile fue históricamente una tarea compleja y no exenta de conflictos que tocaron techo en 1978 cuando el riesgo de entrar en guerra fue inminente, considerando que -con sus 5.308 km de longitud- representa la tercera frontera más extensa del mundo y se asienta sobre un terreno irregular como la Cordillera de los Andes.
Pese a que el Tratado de Límites del año 1881 había delimitado la base de la frontera entre Argentina y Chile, su posterior demarcación generó los conflictos por el canal Beagle, la laguna del Desierto, el río Encuentro-Alto Palena y la región de los Hielos Continentales.
Si bien al día de hoy casi la totalidad de la frontera está definida, continúa sin resolverse la distribución de los límites en un área de los Andes Patagónicos -donde se encuentra la tercera extensión de hielos continentales más importante en el mundo luego de las de la Antártida y Groenlandia- equivalente a aproximadamente siete veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.
Esa situación se debe a que en 1998 Argentina y Chile acordaron la delimitación de su frontera en la mayor parte del área, aunque dejaron pendiente la demarcación entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Murallón, encomendando tal misión a los expertos de la Comisión Mixta de Límites Chile-Argentina [12].
Los años pasaron y no sólo prácticamente no hubo avances en la cuestión, sino que los entredichos entre las cancillerías de ambos países no faltaron: en 2018 Argentina incluyó en su Inventario Nacional de Hielos a algunos de los glaciares en disputa [13], y en 2021 Chile elaboró un mapa adjudicándose el área sin mencionar que está pendiente de demarcación [14].
La superficie en conflicto tiene una característica particular que despierta el interés de ambos Estados y es que en ella se encuentran reservas estratégicas de agua para consumo humano y para la recarga de cuencas hidrográficas, como así también biodiversidad, fuentes de información científica y atractivos turísticos, en virtud de que abarca parte del Parque Nacional Los Glaciares [15] -declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO-, el Cordón Mariano Moreno, la subcuenca del lago Viedma y los brazos norte y sur del río Santa Cruz [16].
¿Tres desafíos básicos?
Es difícil proyectar una resolución de la cuestión territorial favorable a la Argentina sin haber avanzado previamente sobre -por lo menos- tres cuestiones a nivel interno.
En primer lugar, es necesario construir un imaginario social del territorio nacional que incluya el carácter marítimo y bicontinental de la Argentina, para así representarla en toda su magnitud y proporción [17]. Recién en 2010 el Estado Nacional avanzó en este sentido al oficializar la obligatoriedad del mapa bicontinental de su territorio -siendo que la primera edición del mismo data de 1946- en todos los niveles educativos y organismos estatales. Sin embargo, todavía no sólo es común encontrar escuelas y dependencias estatales que no exhiben el mapa bicontinental -incumpliendo así la Ley N° 26.651-, sino que según las propias editoriales el mapa convencional -que muestra a la Antártida como un pequeño recuadro triangular al costado de los mapas- se vende cincuenta veces más que el bicontinental [18].
En segundo orden, contar con una capacidad nacional suficiente para posicionarse de otra manera ante el oponente, otorgando a tal fin un lugar primordial a la Defensa Nacional por su función disuasoria. Teniendo especialmente en vista la ocupación extranjera de las islas Malvinas, es necesaria una revalorización de la Defensa Nacional en sus funciones, esto es, repeler agresiones de origen externo y garantizar la soberanía e integridad territorial de la Argentina antes que involucrarse en cuestiones de Seguridad Interior como la atención del narcotráfico. Para eso, también es necesario revertir su estado de desfinanciamiento, considerando que actualmente la inversión en materia de defensa se ubica en pisos históricos.
Por último, estas dos cuestiones mencionadas, no pueden solucionarse sin la voluntad política para revertir sus situaciones actuales, como así también para alcanzar políticas de Estado que se puedan mantener en el mediano y largo plazo. Como ejemplo de la importancia y dificultad que supone este punto, encontramos que el desfinanciamiento de la Defensa Nacional es una constante desde la década del 90, involucrando así a gestiones de distintos signos partidarios. En el mismo sentido, si bien la recuperación de las Malvinas es un “un objetivo permanente e irrenunciable” -según el texto de la Constitución Nacional-, parece no existir un consenso sobre el rumbo a seguir; lo cual se manifiesta en el grado de acercamiento con el Reino Unido en el marco de la disputa por las Malvinas, que varía según el gobierno nacional de turno: en septiembre de 2016 ambos gobiernos firmaron el Acuerdo Foradori-Duncan, el cual fue dejado sin efecto por el gobierno argentino en marzo de 2023 y restablecido parcialmente en septiembre 2024 mediante el Acuerdo Mondino-Lammy.
Notas al pie
[1] Las Leyes Nacionales N° 18.513, 23.775, 23.968, 26.651 y 27.557, además de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, determinan la extensión del territorio nacional argentino. En términos numéricos, de la información oficial del Estado Nacional surge que éste afirma soberanía sobre un territorio de 10.444.274 km2: 2.791.810 km2 en el continente americano, 965.597 km2 en el continente antártico, y 6.683.000 km2 en espacios marítimos atlánticos y antárticos.
Por otro lado, la cantidad de kilómetros cuadrados en los cuales la República Argentina no ejerce soberanía de forma efectiva (4.061.597 km²) se origina en la suma de 1.461.597 km2 correspondientes a la superficie marítima y terrestre del Sector Antártico Argentino -según la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores-, y 2.600.000 km2 correspondientes a la superficie de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con sus espacios marítimos -según cálculos no oficiales de Eduardo Eligio Ganeau en su trabajo “Las jurisdicciones marítimas argentinas como sustento de los intereses marítimos y sus necesidades de protección”-.
[2] En el orden geográfico, las islas están ligadas a la Patagonia argentina mediante un cordón montañoso sumergido en el Atlántico Sur, que integra la plataforma continental argentina. En el orden histórico y jurídico, de acuerdo al principio uti possidetis iuris del Derecho Internacional Público, tras la emancipación de España -quien ejercía su dominio en virtud de las bulas de Alejandro VI del año 1493, ratificada al año siguiente por el tratado de Tordesillas- se produjo la sucesión de sus territorios en favor de Argentina.
[3] Ganeau, Eduardo Ligio. “Las jurisdicciones marítimas argentinas como sustento de los intereses marítimos y sus necesidades de protección”. Anuario ISIAE 2019, pp. 59-75, https://www.cari.org.ar/pdf/isiae-anuario2019.pdf.
[4] Rockhopper Exploration, “Sea Lion”: https://rockhopperexploration.co.uk/operations/falkland-islands/north-falkland-basin/sea-lion/.
[5] Falkland Islands Fisheries Department, “Managing Falkland Islands Fisheries since 1987”: https://www.falklands.gov.fk/fisheries/
[6] Fontana, Pablo. La Pugna Antártica, Guazuvirá Ediciones, julio de 2020.
[7] A estos archipiélagos se les añaden en América seis colonias británicas (las islas Vírgenes Británicas, Turcas y Caicos, Bermudas, Caimán, Montserrat y Anguila constituyen colonias británicas en el Caribe) cuatro Estados que integran la Mancomunidad británica (Barbados, Dominica, Trinidad y Tobago y Guyana) y diez Estados que reconocen a la Corona británica como su máxima autoridad (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía).
[10] Declaración Conjunta Chile y el Reino Unido tras Diálogo de Alto Nivel entre el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, James Cleverly. Santiago, 22 de mayo de 2023: https://www.minrel.gob.cl/minrel/site/docs/20230522/20230522183447/declaracion_conjunta_chile_y_el_reino_unido_vf_220523_vf.pdf
[11] Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, “Chile y Reino Unido firman carta de intención sobre Cooperación Antártica”, 30 de octubre de 2023: https://www.minrel.gob.cl/noticias-anteriores/chile-y-reino-unido-firman-carta-de-intencion-sobre-cooperacion-antartica
[12] Acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina para precisar el recorrido del límite desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet, 16 de diciembre de 1998: https://es.wikisource.org/wiki/Acuerdo_para_precisar_el_recorrido_del_l%C3%ADmite_desde_el_Monte_Fitz_Roy_hasta_el_Cerro_Daudet_de_1998
[13] Infobae, Fuerte polémica en Chile por los glaciares de los Hielos Continentales, 16 de octubre de 2018: https://www.infobae.com/politica/2018/10/18/fuerte-polemica-en-chile-por-los-glaciares-de-los-hielos-continentales/
[14] Clarín, Hielos Continentales: Chile también delimitó una zona a la altura de Santa Cruz que Argentina considera propia, 30 de agosto de 2021: https://www.clarin.com/politica/hielos-continentales-chile-delimito-zona-altura-santa-cruz-argentina-considera-propia_0_26K7FxcbZ.html?srsltid=AfmBOooEfFzK-nilJ783TRMjbdAJFo_Yc_0xgSECv_Pyo5TvKbTyA75Y
[15] Mapa del Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, Argentina: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_del_Parque_Nacional_Los_Glaciares,_provincia_de_Santa_Cruz,_Argentina.svg
[16] Del lado argentino rige la Ley Nacional de Glaciares Nº 26.639 que establece la protección, control y preservación de estas masas de hielo.
[17] Ariel Hartlich. La comunidad imaginada por la comunidad organizada: la representación cartográfica durante el primer peronismo 1943-1955. Editorial Biblos, 2019.[18] La Nación, Un nuevo mapa del país: discutido y sin eco en las aulas, 10 de febrero de 2015: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-nuevo-mapa-del-pais-discutido-y-sin-eco-en-las-aulas-nid1767193/