Por Rodrigo Reynal
Sin exagerar se podría afirmar que el litio en gran parte mueve al mundo del siglo XXI. Además de estar presente en satélites, cohetes o reactores nucleares, hay tres sectores muy importantes que lo utilizan para el almacenamiento de energía: la electrónica (teléfonos celulares, tablets o computadoras portátiles); las energías de fuentes renovables (como la eólica o solar) y la industria automotriz en los autos eléctricos [Slipak-Argento; 2021].
Argentina, junto con Chile y Bolivia, tienen la fortuna de concentrar el 68% de las reservas mundiales de este mineral, según datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Esto llevó a rebautizar a la zona de los salares con el pomposo nombre de “triángulo del litio” o “la Arabia Saudita del litio”, porque se supone que el “oro blanco” es el mineral destinado a sacar de la pobreza a esa región. Pero quienes producen y exportan el litio son empresas transnacionales (estadounidenses, australianas, chinas, japonesas) instaladas en territorio argentino, que le pagan a las provincias apenas el 1,5% de regalías. Es decir que en los hechos es como si esas reservas no fuesen de Argentina. Hoy cualquier empresa multinacional puede disponer con absoluta libertad de estos yacimientos; pueden explotar dichas reservas hasta agotarlas, o venderlas, arrendarlas y hasta heredarlas. Sin embargo hubo una época en la que Argentina tuvo la determinación política para hacer un uso soberano del litio y otros recursos naturales. Y de la mano del sector científico-tecnológico impulsar la industria militar, aeroespacial o nuclear en el marco de un proyecto de desarrollo nacional.
CUANDO LOS RECURSOS NATURALES ERAN NUESTROS
Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Argentina decidió darle un fuerte impulso a la industria siderúrgica nacional con el objetivo de crear un enorme complejo industrial-militar. Para eso, fundó en 1941 la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) a cargo del General Manuel Savio, y luego distintas empresas mixtas en los campos químico, siderúrgico, metalúrgico y minero. Para garantizar la soberanía sobre los recursos naturales que serían explotados por estas empresas, la Constitución Nacional de 1949 estableció un nuevo régimen minero. El Artículo 40 declaraba que “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, […] son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación […]”. Además, Argentina tenía un Código Minero de 1886, de corte netamente liberal, que declaraba a los recursos mineros como bienes que podían ser cedidos al sector privado. Por eso, en 1951 el gobierno nacional empezó a trabajar en el proyecto de un nuevo Código de Minería que le diera al Estado la posibilidad de reservar, explorar y explotar los recursos mineros que sean de interés nacional.
La Guerra Fría estaba transitando su primera etapa, y el desarrollo de la fusión nuclear, ya sea para uso bélico o pacífico, puso al litio en el centro de la escena; y gracias a esta visión industrialista y al apoyo dado al sector científico se realizaron muchos avances en el ámbito nuclear. El hito más importante fue la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950. Y aunque la dictadura de 1955 canceló el proyecto del nuevo Código Minero y derogó la Constitución del ‘49, en las décadas siguientes el Estado continuó cumpliendo su función de regulador y promotor industrial especialmente en el área automotriz, petroquímica y siderúrgica [Nacif; 2019], y aprovechó la infraestructura técnica y científica heredada del peronismo para concretar algunos proyectos y realizar nuevas investigaciones.
Por esos años, distintos geólogos, siguiendo con esta visión estratégica y soberana de los recursos naturales, publicaron varios estudios sobre el litio. Uno de ellos fue Luciano Catalano, probablemente uno de los científicos argentinos que más expresó las ideas de desarrollo nacional. Fue Jefe de Geología en el Ministerio de Agricultura de la Nación (1922-1930) y a fines de la década de 1930 descubrió los primeros yacimientos de uranio del territorio nacional, que serían clave para las investigaciones en el ámbito nuclear [Nacif; 2020]. Después fue asesor de Fabricaciones Militares y finalmente cuando Arturo Illia llegó a la presidencia lo nombró Subsecretario de Minería. El rol de Catalano en la historia del litio es clave, porque él había recorrido y estudiado los salares del NOA y había catalogado los distintos recursos minerales que se encontraban allí, y todo ese trabajo derivó en la publicación de varios libros, el más importante llamado “El litio: una nueva fuente de energía natural”, en el que decía “Siendo el litio uno de los más livianos metales, y a su vez, uno de los frenadores más eficientes en los procesos del gobierno y conducción de los reactores nucleares, adquiere este elemento químico una extraordinaria importancia en los nuevos procesos de obtención de energía. Esa es la razón y obligación de los organismos técnicos funcionales del Estado, especialmente los organismos de las Fuerzas Armadas de la Nación, en defender esas nuevas fuentes naturales existentes en el subsuelo patrio, evitando que sean extraídas y exportadas a países extranjeros que las adquieren para sus futuras aplicaciones.“
Así, con todos estos conocimientos, en 1969 Fabricaciones Militares presentó el Plan Salares, pensando ya no solo en la explotación del litio y otros recursos naturales a favor de la industria militar y nuclear, sino también de la industria aeroespacial. El primer paso de este plan fue explorar entre 1969 y 1974 las principales cuencas salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Y finalmente en 1975 Fabricaciones Militares eligió al Salar del Hombre Muerto (en Catamarca), para empezar las tareas de relevamiento y prospección. Sin embargo, este ambicioso proyecto se vio interrumpido con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
EXCUSE ME, CAN I TAKE YOUR LITHIUM?
A principios de la década de 1970 empezaron a pensar en el litio para la fabricación de baterías que servirían para las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. Quien llevaba la delantera era Estados Unidos, que contaba con dos poderosas empresas litíferas fundadas en 1941: la Lithium Corporation of America y la Foote Minerals Company, que estaban ansiosas por entrar al rubro de las baterías. Pero EEUU tenía que resolver un pequeño obstáculo para desarrollar esta industria: la falta de litio. Vale aclarar que en territorio estadounidense hay yacimientos litíferos. El más importante en Thacker Pass, Nevada, un volcán extinto, y uno de los depósitos de minerales más grandes del país, sino el más grande. Pero es litio adherido a pegmatitas, no son salares (la forma forma más rentable de extraerlo es a través de salares). Además, los yacimientos estadounidenses representan apenas el 4% de litio a nivel mundial.
Así que ese mismo año el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lanzó el modernísimo satélite ERTS-I para obtener información de las estructuras geológicas de otras partes del mundo y poder encontrar nuevos yacimientos de litio [Nacif; 2019] y detectaron la existencia de nuestros salares en el altiplano de América del Sur. Como vimos, Argentina estaba bastante adelantada y ya tenía en agenda la importancia del litio como recurso estratégico desde hacía varias décadas. Pero el golpe de 1976 frustró el proyecto de Fabricaciones Militares en los salares de Catamarca. La dictadura modificó el Código Minero en 1980 e incorporó el litio, entre otros, como sustancia concesionable de primera categoría. Llamaron a licitación para explotar el Salar del Hombre Muerto, el proyecto de Fabricaciones Militares que formaba parte del Plan Salares. ¿Quién se presentó a la licitación? Por supuesto, la Lithium Corporation of America.
Pero la caída de la dictadura suspendió esta licitación. Fue el gobierno de Carlos Menem el que completaría el trabajo iniciado por la dictadura militar. Siguiendo los postulados del Consenso de Washington, Menem emprendió la privatización no solo de las empresas públicas sino también de los recursos naturales. Y finalmente en febrero de 1991, la Lithium Corporation, que tenía nuevo nombre, FMC, logró el contrato para explorar y explotar el Salar del Hombre Muerto, para lo cual creó la empresa subsidiaria Minera del Altiplano S.A.
Pero todavía faltaba algo, porque este contrato con la FMC tenía que ser el primero de muchos, y para eso era necesaria una nueva política minera que se acomode a las necesidades de las grandes compañías. Y de eso se encargó el Banco Mundial. En 1993 sacó un documento en el que “recomendaba” declarar a las provincias como “las dueñas de los recursos naturales”; y que se cree un nuevo marco regulatorio minero que garantice “estabilidad tributaria”, “confianza” y demás eufemismos para decir “nos queremos llevar todo sin que nos molesten”. En pocas palabras, el Banco Mundial pedía una profunda reforma minera. Así, a partir de 1993 el gobierno argentino diseñó una suerte de “triada jurídica” para la entrega de los recursos mineros: la reforma del Código de Minería, la Ley de Inversiones Mineras y el Artículo 124 de la nueva Constitución Nacional de 1994.
El Código de Minería distinguió la propiedad superficiaria de la subterránea y facultó a particulares a explorar yacimientos mineros, haciéndose de las pertenencias [Slipak-Argento; 2021]. Es decir, ya no los iba a poder aprovechar ni comercializar el Estado nacional, sino los “descubridores”. La Ley de Inversiones Mineras, entre otras cosas, limitó las regalías provinciales al 3% del valor en “boca mina”, es decir, el mineral apenas se lo saca, restándole los gastos de procesos de refinación, traslado, etc., con lo cual a las provincias les termina quedando un 1,5%. Y además esas regalías son deducidas de las exportaciones, que son declaradas por la misma empresa [Slipak; 2015]. Y finalmente el Artículo 124 de la Constitución Nacional reformada en 1994 estableció que los recursos mineros son de dominio originario de las provincias y no del Estado nacional. Con esto se logró la tan ansiada provincialización de los recursos naturales, de la renta que originan y de los controles en su explotación [Nacif; 2019].
Desde entonces ningún gobierno modificó la política minera diseñada por el Banco Mundial y el menemismo. Es más, durante los últimos 15 años surgieron muchas “empresas junior” que exploran los salares, solicitan los pedimentos y después venden ese «derecho» a una minera más grande [Slipak-Argento; 2021]. Hoy prácticamente la totalidad de los salares de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy está “pedimentada”. Hay dos grandes proyectos activos: el del Salar del Hombre Muerto en manos de la Livent Corporation (de Estados Unidos, ex FMC) y el del Salar de Olaroz (Jujuy) en manos de Allkem (Australia), la automotriz Toyota (Japón) y JEMSE una empresa público privada provincial. Y recientemente, en mayo de 2023, Livent y Allkem decidieron fusionarse para crear Arcadium Lithium (temporalmente llamada NewCo), convirtiéndose en la principal operadora del sector litífero en Argentina, y la quinta en el mercado mundial. El resto de los proyectos del territorio argentino se encuentran en proceso de construcción, prefactibilidad o evaluación económica preliminar, y a la presencia estadounidense, australiana y japonesa, se suman empresas de Canadá, Francia, Corea del Sur y por supuesto China.
EL LITIO EN LA PELEA GEOPOLÍTICA
Estamos siendo testigos de cambios sin precedentes a nivel global, del surgimiento de un mundo multipolar; y en este escenario se destaca el enorme crecimiento de los países de Asia Oriental: Corea del Sur y China a la cabeza. Hoy esta región concentra más del 50% de la exportación mundial de productos que usan litio [Zícari-Fornillo-Gamba; 2019], fundamentalmente electrónica de consumo (celulares o computadoras) y vehículos eléctricos.
Con este panorama, está claro que el litio es un mineral clave en este nuevo mundo multipolar, y todo parece indicar que, por lo menos en esta década, su importancia va a aumentar. Y cuanto más avanza China, más a la defensiva se pone Estados Unidos, para proteger lo que considera su patio trasero. Esto quedó de manifiesto durante abril de 2023, cuando Argentina recibió la visita de unos cuantos funcionarios del gobierno estadounidense, que vinieron a asegurarse que sus intereses estén a salvo. Solo por nombrar algunos: la visita de Christopher Hanson, el titular de la Comisión Reguladora de Energía Atómica de Estados Unidos, que recorrió Atucha I y II; o Laura Richardson, la Jefa del Comando Sur, una generala que afirmó que Estados Unidos tenía especial interés en las reservas de petróleo, gas, agua dulce, cobre, oro y, por supuesto, litio que se encuentran en América del Sur.
Además, a poco de asumir su mandato el presidente Javier Milei remarcó que Elon Musk «está sumamente interesado en el litio» al igual que «el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas estadounidenses”. Y recientemente, regresó de su viaje por Israel anunciando que XtraLit se convertirá en la primera empresa israelí en entrar en el negocio del litio en Argentina.
Frente a esta coyuntura Argentina tiene que tomar una decisión urgente: seguir siendo meros proveedores de materias primas o reconfigurar de una vez nuestra inserción en el mundo retomando la senda de la industrialización. Es decir, reemprendiendo el camino marcado por figuras como Mosconi, Baldrich, Savio o Pujato, impulsando la industria nacional y generando crecimiento, desarrollo y empleo. En otras palabras, recuperar la autoestima como Nación y volver a pensar en grande; porque hubo un tiempo en que Argentina pensó en grande y se pudo llevar a la práctica. Y si una vez lo hicimos, quiere decir que lo podemos volver a hacer.