Gelbard, el último plan argentino | Amigo de los pueblos #6

Por Justo Arias y Ariel Duarte

Te acercamos la historia de un inmigrante judeo-polaco que se radicó en Argentina, quien supo ser vendedor ambulante, empresario nacional, tesorero del Partido Comunista Argentino, fundador de la Confederación General Empresaria y ejecutor del último plan argentino cuando fue Ministro de Economía a partir de 1973.


Nacido el 14 de abril de 1917 en Radomsko, Polonia, José Ber Gelbard llegó a la Argentina en los ‘30. En sus primeros años se ganó el pan vendiendo corbatas de forma ambulante en Tucumán y Catamarca, hasta llegar a ser líder del empresariado nacional.

Si bien formó parte del Partido Comunista Argentino, se acercó a las ideas de Juan Perón durante su primer y segundo gobierno. El peronismo proponía una alternativa superadora del extremo capitalista-individualista y marxista-colectivista, para promover el desarrollo de un modelo de producción y trabajo capaz de invertir, producir y generar pleno empleo con salarios dignos, y un movimiento obrero organizado cual columna vertebral en la defensa de los intereses nacionales. 

Tanto el capitalismo de mercado norteamericano como el capitalismo de Estado soviético, provenían de cosmovisiones ideológicas de una Europa que había derivado en dos guerras mundiales.

Las tendencias de izquierda y derecha suponían la existencia de potencias industriales que vendieran sus manufacturas a todo el mundo, y nuestra lugar en ese mapa era como proveedores de materias primas y alimentos.  

Sin embargo, la realidad de nuestro país era muy distinta a la actual: el movimiento obrero organizado y la industria nacional se habían conjugado en un proyecto común. 

La comunión entre el empresariado nacional y los trabajadores organizados eran el motor de un cuerpo nacional que no paraba de crecer. Años en los que llegamos a exportar locomotoras, vagones y coches a otros países del continente, después de haber satisfecho la necesidad nuestra.

Para Gelbard, era fundamental la organización a partir de los sectores vivos de la sociedad, como empresarios y trabajadores, más que por las facciones ideológicas de la clase política. Así fue que fundó la Confederación General Económica (CGE) en 1952, con el objetivo de desarrollar la industria, el comercio, los servicios, las pequeñas y medianas empresas, en conjunto con sus trabajadores, desde una perspectiva del interés nacional.

Luego de 18 años de proscripción, persecuciones, golpes y democracia tutelada, la CGT y la CGE lograron el objetivo, Perón volvía al país para unir a la Argentina detrás de un proyecto de reconstrucción y liberación nacional. 

La destacada labor de un empresario de origen comunista como Gelbard parecía ser una fórmula perfecta para la ejecución del plan económico, que debía gravitar entre la tradición socialista incorporada al peronismo a partir de la Revolución Cubana, así como para la tradición industrial surgida a raíz de la década del 30 y 40. 

En 1973, Héctor Cámpora ganó las elecciones, y el 25 de mayo de ese año Gelbard asumió como ministro de economía de la Nación.

Había un plan económico que era público y había sido consensuado entre sectores empresariales y sindicales, lo que nunca más existió hasta el presente: se llamaba Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional

Su primer fundamento fueron las Coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos, firmado en 1972 por la CGE, la CGT y los representantes de la mayoría de los partidos políticos y coaliciones que participaron de las elecciones presidenciales en 1973.

Su segundo fundamento había sido el libro Argentina Liberada – Una conducta al servicio de una estrategia nacional, una magistral obra de 241 páginas de análisis y propuestas programáticas de la CGT conducida por José Ignacio Rucci, que fue un aporte sustancial para la conformación de un proyecto nacional. 

El objetivo del plan era impulsar el crecimiento económico y la justa distribución de la riqueza en el país, romper el estancamiento y la crisis financiera desatada a raíz del golpe del 55, que había endeudado al país y subsumido el crecimiento económico al pago de servicios de deuda en dólares. 

El plan se centraba en cinco ejes principales: producción, distribución, consumo, empleo y planificación. Se buscaba aumentar la producción agrícola y la industria nacional, así como mejorar la distribución y el consumo de los productos, luego de 18 años de pérdida del poder adquisitivo de los salarios y freno al desarrollo productivo del país. 

El Plan Trienal fue un ejemplo del concepto justicialista de la conducción: Planificación centralizada y ejecución descentralizada.

De tal modo, proyectó un programa integral sobre la política monetaria, crediticia, fiscal, distribución de ingresos, industrial, agropecuaria, inversiones, vivienda, abastecimiento y reconstrucción del aparato estatal, entre otras. 

La principal tensión que debía abordarse era la de una oligarquía terrateniente todavía asociada al latifundio de la Pampa Húmeda, que se había aliado en la Unión Democrática y el golpe del 55 a los intereses norteamericanos y soviéticos, en la vocación de primarizar la economía nacional. 

La posguerra había empoderado al sector financiero en el dominio de los esquemas productivos y comerciales globales, y se pretendía hacer de la Argentina un experimento para el desembarco de un modelo de especulación financiera y renta agraria y petrolera.

El Plan Trienal se proponía poner un freno a ese avance y proyectar una Argentina industrial que ofreciera al mundo un modelo de producción y trabajo para una integración regional y global más justa. 

Se buscaba la conformación de una democracia social, tal como Perón lo había definido en el Modelo Argentino, que involucrara a los sectores de la ciencia, la producción y el trabajo en las decisiones estratégicas del país, mediante la creación de consejos económicos y sociales, y la participación de los sindicatos en los cargos públicos.

En este sentido, para el Plan Trienal era fundamental recuperar poder soberano en el comercio exterior, debido a la dependencia que se había desarrollado durante los 18 años de proscripción con ambas potencias de turno, Estados Unidos y Rusia. Se buscaba entonces establecer relaciones comerciales más justas y equitativas con otros países, y fomentar el comercio entre países del continente.

Las primeras medidas ejecutadas por Gelbard atendieron la cuestión social: más allá de los aumentos que se pactaron en los convenios colectivos, se ordenaron aumentos de suma fija para elevar el salario mínimo de todos los trabajadores y achicar la brecha entre asalariados. A ello se sumó el aumento de las asignaciones familiares y jubilaciones. 

Se realizaron ajustes tarifarios en función de los ingresos populares que no vulnerara la eficiencia de las empresas públicas de servicios como gas, agua y electricidad, con un posterior congelamiento de los precios hasta junio de 1975, que “incluyó” otros productos básicos de la canasta familiar. 

Desde su función, Gelbard intentó restablecer la alianza social entre las pequeñas y medianas empresas nacionales y el movimiento obrero, para lograr un crecimiento económico con redistribución del ingreso a favor de los asalariados, restricciones a las operaciones del capital extranjero e industrialización. 

El Pacto Social se firmó el 8 de junio de 1973, entre el gobierno, la industria y los sindicatos, estableciéndose un compromiso que incluía el congelamiento de los precios y un aumento de los sueldos.

Los objetivos eran alcanzar un incremento del 40 al 50% de la participación de los asalariados en el ingreso nacional y reducir la alta inflación. Con esos mayores ingresos, la gente iba a poder consumir más productos nacionales, haciendo crecer a (sacaría el “a”) la industria. 

Corría el año 1973 y los petrodólares ya eran un peligro; miles de millones de dólares invadían las economías periféricas mediante empréstitos financieros e inversiones especulativas, que desplomaban el tipo de cambio y engrosaban la dependencia sobre monedas ajenas.

Por ello, se sancionaron leyes fundamentales para la defensa y organización económica del país: la regulación de la inversión extranjera directa (Ley N° 20.557), el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (Ley N° 20.568), el trabajo y la producción nacional (Ley N° 20.545) y la promoción industrial (Ley N° 20.560).

A modo de ejemplo, la Ley 20.557 establecía que en ningún caso podría otorgarse a inversores extranjeros un tratamiento más favorable que a los nacionales, que debían pedir previamente autorización y que no serían consentidas aquellas radicaciones de inversiones en áreas que comprometieran la defensa y la seguridad nacional. 

El trato restrictivo a la inversión extranjera era la contracara de la promoción del capital nacional en materia industrial.

La Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa apuntó a la expansión y desarrollo industrial, con una promoción del crédito y comercio, empezando por los talleres hasta llegar a las grandes fábricas. A partir de la ley de promoción industrial se fijaron las áreas en las que se promovería el ingreso de inversiones debido a que su desarrollo era complementario o potenciaba un sector que la Argentina necesitaba en marcha.

El otro aspecto abordado en la ejecución desplegada por Gelbard fue el del comercio exterior. Argentina requería un control de su comercio externo, producto de casi dos décadas en las cuales productos industriales de otras potencias extranjeras penetraron en nuestro mercado interno y destruyeron el trabajo nacional.

El control del comercio exterior apuntó a fomentar el ingreso de insumos y bienes de capital imprescindibles para la expansión industrial, mediante cuotas que a su vez aligeraban a las empresas en el fondeo de las importaciones.

La política crediticia impulsada por Gelbard siguió una de las directrices fundamentales del Plan Trienal: era necesario abaratar el costo del crédito para que la industria y la vivienda fuesen una realidad palpable.

Por ello se nacionalizaron los depósitos mediante la ley 20.520, y se estableció que las entidades financieras debían transferir los mismos al Banco Central, sin posibilidad de girarlos al exterior o utilizarlos sin autorización, en tanto los depósitos eran de los trabajadores y empresas. A partir de allí, el Banco Central comenzó a determinar la cartera máxima de préstamos, fijar comisiones y tasas de referencia.

En el plano agrario, don Gelbard promovió el protagonismo de su Secretario de Agricultura, el ingeniero agrónomo Horacio Giberti, que con la ley 20.518 logró la suspensión de desalojos de arrendamientos y aparcerías rurales, se asignaron tierras mediante el Consejo Agrario Nacional para productores, y junto con la ley 20.543 se establecieron beneficios crediticios e impositivos para el acceso a la tierra.

La ley 20.538 previó también la creación de un impuesto a la renta potencial normal de las explotaciones agropecuarias, que premiaba a los productores más eficientes y sancionaba el latifundio especulativo

Las Juntas Nacionales de Carnes y Granos fueron empoderadas con las leyes 20.535 y 20.573, a partir de las cuales se garantizaba el control de comercio exterior sobre el sector agropecuario, con la posibilidad de disponer de la liquidación de las divisas, el acceso a mercados externos a productores locales y el descalce de los precios de alimentos nacionales con los pagados en el exterior.

Aunque el plan no fue plenamente implementado, su legado sigue siendo importante para la política económica argentina. Gelbard tuvo el arduo trabajo de ejecutarlo en la cartera económica, y con todos los contratiempos que dos imperios como el norteamericano y el soviético ofrecían por aquellos años. 

A meses de asumir, asesinaron a uno de los principales pilares del Plan Trienal: el 25 de septiembre de 1973, de manera cobarde balearon al Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci.

La crisis política se desató. Los sectores del movimiento obrero y el peronismo tradicional buscaron fortalecer al primer gobierno democrático elegido desde hacía dos décadas, (;) sabían que se libraba un combate decisivo contra fuerzas mucho más grandes que lo que una facción ideológica podía representar: para un Argentino no existe nada mejor que otro Argentino. 

Perón asumía la conducción del gobierno hacia 1974, luego del triunfo popular más importante de la historia, y Gelbard luchaba incansablemente por hacer cumplir y respetar el Pacto Social, que había posibilitado discutir nuevos convenios colectivos y avanzar en la reconstrucción nacional. 

Numerosos avances se lograron por esos años para recuperar poder soberano. La Ley de Contrato de Trabajo era sancionada y los trabajadores lograron tener un gran marco normativo que consolidaba sus principales conquistas, e instrumentaba la función social que debe promoverse en el desarrollo del capital.

El Plan Trienal fue un intento de reconstruir y liberar al país de la dependencia económica y establecer una economía más justa para todos los compatriotas.

Los resultados fueron sorprendentes. La inflación cayó a la mitad en un año, el desempleo pasó del 6,1 al 2,5% (pleno empleo), el PBI se duplicó en su tasa de crecimiento, aumentó la participación del salario en el PBI, aumentó el salario real, bajó la pobreza a menos del 5%. 

Hablamos de un país que tan sólo tenía 25 millones de habitantes en 1973. En la Argentina de hoy, la población se duplicó pero los pobres de la Patria son 20 veces más, supera el 40%. 

Allá en los lejanos 70, los golpes de Estado de la Operación Cóndor, la crisis del petróleo, el auge del sistema financiero especulativo, el cierre de Europa a las exportaciones argentinas de carne y la alianza sinárquica entre dos imperios para destinar a nuestro país a ser sus proveedores de materias primas, no significaron barreras suficientes al espíritu nacional, y la inventiva, creación y vocación patriota de una clase dirigente que se puso al hombro la difícil tarea de luchar por la permanencia de un proyecto industrial de pleno empleo.

El ejemplo de planificación del Plan Trienal y la ejecución de Gelbard como representante de un acuerdo entre trabajadores y empresarios para la industrialización del país, son testimonios de la gran posibilidad que hoy nos ofrece el mundo que vivimos. 

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