Por Sofía Primavera
Ilustración Jazmín Arribas
Un 6 de mayo de 1859 nacía Luis María Drago, una personalidad un tanto olvidada, a excepción de quienes toman la Linea Mitre ramal Suarez o inician sus días de estudiantes universitarios en la sede del CBC del barrio de Villa Urquiza.
Este buen hombre, de bigote tupido y una trayectoria académico-profesional envidiable, pasó a la historia por avivar a los estadounidenses y mandarsela a guardar a los europeos.
Puede que las formas no hayan sido exactamente esas, puede que menos burdas quizá, pero en definitiva, representan la esencia y espíritu de la real protagonista de este amigo de los pueblos: la Doctrina Drago.
El siglo XX recién comenzaba, y para ese entonces el mayor enemigo, por lo menos en el plano de la política exterior “americana”, era el incisivo intervencionismo que practicaban y promovían las grandes potencias sobre los países recientemente independizados.
Tal era el caso que, adelantados a la coyuntura y alertados por el contexto, ya en 1823 Estados Unidos hizo pública su posición al respecto en la Doctrina Monroe, la cual establecía que “cualquier intervención de los países europeos en los asuntos internos de los países del hemisferio americano sería vista como un acto de agresión que requeriría inmediatamente de la intervención de los Estados Unidos de América”.
Mensaje claro y contundente, herramienta de disuasión más que de protección, pero también de dominación. Con jugadores como estos sobre el tablero, el tercero en discordia no podía más que preguntarse por qué era peor, si el remedio o la enfermedad…
Lamentablemente, la historia demostró que siempre se puede complicar aún más, y eso es lo que sucede cuando las reglas de juego cambian y “América para los americanos” ya no es una decisión política sino más bien un eslogan publicitario.
En el año 1902, el Imperio Británico, el Imperio alemán y el Reino de Italia, iniciaron un bloqueo naval a las costas Venezolanas, además de un bombardeo y un asalto a la Aduana, exigiendo el pago inmediato de las deudas contraídas con sus compañías y que el recién llegado presidente Cipriano Castro se negaba a pagar.
Frente a la amenaza del Viejo Mundo y el silencio de Estados Unidos para con un hermano americano, el recién nombrado Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Luis María Drago, tomó cartas en el asunto y se expidió a toda voz al respecto, asegurando que la deuda pública bajo ningún aspecto resulta un argumento válido para justificar una intervención armada contra el Estado deudor.
Esa fue tal cual la tesis que el destacado hombre del PAN e íntimo de Roca le hizo llegar directamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos. En esta, y con mucha astucia, remarcaba la violación de las potencias europeas hacia al texto de la Doctrina Monroe con el fin de obtener la explícita oposición de las autoridades de Washington a la intervención en Venezuela, junto con su prescindencia de intervenir en la región.
Ante la incómoda mención, Estados Unidos respondió enviando tropas, aunque también tomando el control de la aduana de la República Bolivariana. Esto permitió cesar el bloqueo mediante la firma del Protocolo de Washington, en el que se acordó que el bloqueo cesaría siempre que Venezuela destinara 30 % de los ingresos de su aduana al pago de sus deudas.
Visto así, la jugada argentina resultó, de base, exitosa. Un comentario acertado y una chicana políticamente correcta terminaron por desarmar lo que parecía una bomba de tiempo, esta vez era Venezuela, pero en un futuro bien podíamos ser nosotros.
Como imaginarán, no tuvo que pasar mucho tiempo hasta que los nuevos intereses terminaron por borrar del mapa las viejas doctrinas, definiendo nuevos lineamientos de política exterior. Con la asunción de Theodore Roosevelt, la política se volvió menos “protectora” y más agresiva.
Así, bajo la premisa de que los demás países de América no estaban en condiciones de autogobernarse, Estados Unidos se atribuía el derecho y la obligación a intervenir, ya no ante una amenaza extranjera, sino ante la “inoperancia” de estas naciones. Esta justificación, mejor conocida como “Corolario Roosevelt” fue la antesala de lo que más tarde se conocería como política del garrote.
A partir de entonces, los vecinos norteamericanos le demostraron a Drago que la devoción regional ya no era suficiente, sino que en nombre de la seguridad nacional y/o de oportunidades de mercado e inversiones en la región, Washington pasaba a reservarse el derecho de intervención como policía hemisférico.
Finalmente, más allá de la rosca de la época, la Doctrina Drago-Porter, una versión modificada y extendida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos del momento, Horace Porter, que incluía, además de las premisas básicas, al arbitraje y litigio como métodos de solución de conflictos internacionales previos al despliegue de la fuerza militar, fue adoptada en la Segunda Conferencia de Paz de la Haya el 18 de octubre de 1907 bajo el nombre de “Convenio relativo a la limitación del empleo de la fuerza para el cobro de deudas contractuales”.
Este convenio sentó un precedente único para el derecho internacional público, tal es así que hoy siquiera se discute la legitimidad o no de la inversión por deudas, pues ese ya es un debate saldado y tipificado.
Qué poco ha cambiado el mundo y qué viejos son nuestros problemas, que hoy 121 años después en una Argentina endeudada hasta la médula, aún nos hacemos eco, incluso sin saberlo, de esta gran Doctrina.