El Derecho a Huelga en debate | Trabajo y tecnología

Escribe Tato Arce

Portada a cargo de Facundo Quiroz @cuquiroz.grafik


-Quiero decir una cosa!

-Dejen Hablar a Laurent

-Hablo y después me voy (…)

– A todos los que fueron a discutir el cheque con la dirección, nos comprometimos a estar unidos, para impedir que el grupo cierre la fábrica, y acordamos que la idea era conservar el trabajo. Les digo una cosa: nuestros adversarios no siempre están de acuerdo, son como nosotros, también discuten. Pero cuando tienen que defender sus intereses son así. Están unidos, saben defender su dinero y, quieren que les diga una cosa, frente a adversarios como ustedes, están muy tranquilos desde hace mucho tiempo.

“La guerra silenciosa” (Stephane Brize, 2018)

Este diálogo se produce en una asamblea obrera retratada en la película “La guerra silenciosa” (Dir. Stephane Brize, 2018), donde los trabajadores debaten sobre la estrategia de lucha para impedir el cierre de la fábrica y muchos dudan en aceptar las indemnizaciones propuestas por la patronal. El paro se ha hecho muy extenso y comienza a generar divisiones, las alternativas son pocas y los obreros se encuentran ante la disyuntiva de ceder en la huelga o perder su empleo.

El derecho a huelga ha sido uno de los elementos fundamentales del movimiento obrero internacional durante toda su historia, ya que mediante el mismo ha logrado avanzar en sus reclamos e instaurar los derechos laborales. La retención de tareas por parte de los trabajadores condiciona fuertemente al empleador, que ve a la producción detenida o a la provisión de servicios  paralizada, evidenciando que elemento central en la producción son sus obreros.

La huelga puede ser definida como la decisión colectiva y concertada de un grupo de trabajadores de interrumpir o alterar el cumplimiento de sus tareas con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo.

Esta medida de acción gremial incluida dentro del Convenio OIT N° 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que en su artículo 3.1 establece: “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.” Y en su artículo 10 determina “En el presente Convenio, el término organización significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores.”. De la interpretación de estos artículos la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT ha entendido que la huelga estaba protegida por dicha norma.[1]

Pero ello fue puesto en debate por los representantes de los empleadores en el año 2012 en la Conferencia Internacional del Trabajo, desconociendo décadas de interpretaciones favorables de dicho organismo al derecho a la organización sindical, el derecho a huelga y su protección especial. Durante más de 10 años se mantuvo esta disputa dentro de la OIT impidiendo la interpretación especializada acerca de las circunstancias para el efectivo ejercicio de derecho a huelga, generando falta de certezas en los sectores de los trabajadores.

En la 349ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, gracias al impulso del sector trabajador, se encontró un principio de solución para poner fin a la incertidumbre. Para ello se propuso que se aplique el mecanismo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución del organismo, el cual determina que cualquier pregunta o disputa relacionada con la interpretación de los Convenios puede ser remitida para su decisión a la Corte Internacional de Justicia o la constitución de un tribunal para la resolución de tales disputas. En razón de ello, se resolvió por votación en la primera sesión especial «solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita urgentemente una opinión consultiva… sobre la siguiente pregunta: «¿Está el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones protegido por el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (No. 87).«[2].

Es de vital importancia la resolución favorable por parte de la Corte Internacional de Justicia para el mundo del trabajo, ya que hoy nos encontramos ante transformaciones profundas en nuestras labores por la revolución tecnológica que modifica las condiciones en las que trabajamos, dándose nuevos fenómenos como la gestión algorítmica, la “uberización” del trabajo, gamificación, desigualdad salarial algorítmica, captura de datos personales, entre otros que pretenden poner en crisis la relaciones laborales.[3]

Las grandes empresas tecnológicas buscan desconocer a los trabajadores como tales, llamándolos colaboradores y negando su carácter dependiente.  Se habla del fin de la sociedad salarial, con el objeto de promover la disgregación del movimiento obrero como colectivo y de licuar sus fuerzas. No es casual que las grandes empresas tecnológicas nieguen la constitución de sindicatos en sus instalaciones negando el derecho a huelga de los trabajadores.

Nuestro país no es ajeno a estos debates sobre reformas en la legislación laboral, este martes 30/4 fue aprobada con media sanción el proyecto de ley bases impulsado por el gobierno de Milei, que en su título V establece modificaciones regresivas para los derechos de los trabajadores y trabajadores, entre ellas se incluye: creación del fondo de cese laboral a través de convenios colectivos que podrán reemplazar a la indemnizaciones; eliminación de las multas que agravan las indemnizaciones por despido cuando el trabajador/a no se encuentra registrado; se establece la figura del trabajador independiente que puede contratar a otros 5 trabajadores independientes legalizando el fraude laboral; se amplía el periodo de prueba de 3 a 6 meses y en algunos casos puede llevarse hasta 8 meses y un año  promoviendo la rotación de trabajadores sin indemnizaciones; se permite a que  la persona gestante pueda trabajar hasta 10 días antes del parto habilitando que la patronal presione para que así lo haga, en perjuicio de la integridad psicofísica de las trabajadoras, también la reforma habilita el despido discriminatorio que hoy se considera nulo.

El empleo público también es atacado por esta reforma eliminando su estabilidad, si el trabajador/a es puesto a disponibilidad por ser alcanzado su área de trabajo por las medidas de reestructuración y después de 12 meses no se le asignan nuevas tareas será despedido de la administración pública nacional, también se agravan las medidas disciplinarias y se le descontarán los días de huelga a los trabajadores.[4]

           Si bien no es alcanzado directamente por la ley bases el derecho a huelga no se encuentra  exceptuado de estas reformas que buscan eliminar el carácter protectorio del derecho de trabajo. El primer intento de restringirlo el gobierno nacional  lo realizó con Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23, el cual fue suspendido por la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ante un demanda iniciada por la Confederación General del Trabajo[5].  Sin embargo, existe un segundo intento de limitar el derecho a huelga en este caso por parte del bloque de diputados de la UCR, que retomo lo planteado por el Decreto de necesidad y urgencias, y lo presentó como proyecto de ley ante la comisión del trabajo de la cámara baja.

Dentro de los cambios pretendidos por el proyecto de ley se limita la realización de asambleas en los lugares de trabajo si perjudican las actividades normales de la empresa; establece actividades prohibidas para los gremios bajo pena de sanción de la autoridad de aplicación, demandas civiles y penales; además, el decreto limita severamente el derecho a huelga aumentando considerablemente las actividades consideradas como esenciales donde se exige un 75% de guardias mínimas durante las jornadas de paro y establece los servicios de importancia trascendental donde impone una cobertura mínima del 50%. Prácticamente, todas las actividades laborales están incluidas en estas dos categorías, lo que impone un restricción severa del derecho a huelga que se encuentra protegido constitucionalmente por el artículo 14 bis.

Es importante recordar que la Declaración de Filadelfia de 1944 de la OIT estableció como principios fundamentales que  “el trabajo no es una mercancía” y “la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante[6]. Estos dos principios pretenden ser borrados en la disputa que llevan adelante los sectores empleadores contra las conquistas del Movimiento Obrero. Poner nuevamente en debate el derecho a huelga busca recortar el poder de lucha  de los trabajadores y de sus sindicatos, donde lo individual prima sobre lo colectivo, y sea la patronal la que imponga unilateralmente las condiciones laborales. Por ello hoy el sindicalismo vuelve a jugar un papel central en un mundo tumultuoso, defendiendo la dignidad de las y los trabajadores, y luchando por un país donde el pueblo esté por encima del lucro[7].


Bibliografía:

-Di Stefano, M. ¿Qué pasa en la OIT con el derecho a la huelga?.

OIT. Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia)

https://www.ilo.org/static/spanish/inwork/cb-policy-guide/declaraciondefiladelfia1944.pdf

-Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, UNSAM. Ni necesaria ni urgente. La reforma laboral de la ultraderecha.

https://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2023/12/CETYD_DNU.pdf

[1] https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312232

[2] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_901635/lang–es/index.htm

[3]https://repliegue.com.ar/hacia-la-conquista-del-algoritmo-gestion-algoritmica-en-el-trabajo-4-trabajo-y-tecnologia/

[4] https://mundogremial.com/empleo-publico-de-la-nueva-ley-de-bases-aumentan-sanciones-por-huelga-y-ausentismo-despidos-y-jubilaciones-forzadas/

[5]https://aldiaargentina.microjuris.com/2024/01/31/fallos-la-cnat-declaro-la-inconstitucionalidad-del-titulo-laboral-del-dnu-n-70-2023/

[6] https://www.ilo.org/static/spanish/inwork/cb-policy-guide/declaraciondefiladelfia1944.pdf

[7] Consigna establecida por el plan de acción 2018-2022 de la Internacional de Servicios Públicos.

http://congress.world-psi.org/wp-content/uploads/2018/02/ES-Vol-1-PoA-adopted-by-Congress-Nov-2017.pdf

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