La etapa más oscura de nuestra historia
Los años que siguieron al golpe de Estado cívico militar de septiembre de 1955 que mediante persecuciones, matanzas y bombardeos interrumpió violentamente la experiencia eminentemente democrática y popular del gobierno peronista y se propuso cancelarlo y pasarlo al olvido, vieron la génesis en nuestro país de una gran movilización y resistencia en el pueblo.
Con el devenir del tiempo, en épocas de proscripción política sostenida por la alternancia de gobiernos ilegítimos comandados por juntas militares, o bien por otros títeres o tutelados y con Juan Domingo Perón, máxima figura política de la época, en el exilio, la Argentina empezó a verse convulsionada por el accionar desmedido de grupos armados militares y paramilitares de la más variada raigambre ideológica, que utilizaron la violencia política como medio para alcanzar diferentes metas. Idéntico flagelo, según los propios contextos y particularidades nacionales, sufrieron nuestros países hermanos, a lo largo y ancho del continente.
Eran tiempos de reconfiguración global a raíz del final de la “Segunda Guerra Mundial”, signado por el hito cultural de los bombardeos nucleares a dos ciudades japonesas, pico de irracionalidad máximo al que se vio sometida la humanidad. Tiempos también del surgimiento de distintos entes u organismos supranacionales como el Banco Mundial (1944), la Organización de las Naciones Unidas (1945) con su célebre Consejo de Seguridad, el Fondo Monetario Internacional (1945), la Organización Mundial de la Salud (1948) o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (1949), entre tantos otros.
El mundo de la posguerra quedaba trabado en una dicotomía hegemónica entre polos o núcleos de poder, representados en la historia por el concepto de “Guerra Fría”, que determinó el nuevo formato de la política global, sus formas de dominación y la instauración de una nueva hegemonía sociocultural en el “mundo occidental” con un rol preponderante de los Estados Unidos de Norteamérica, en contraposición a las banderas rojas del oriente, o bien, a aquellos países, como el nuestro, que le buscaban la vuelta con sus formas autóctonas y nacionales.
En tal contexto, y bajo el manto de la “doctrina de seguridad nacional” gestada y operada desde el gobierno de los EE.UU y su Agencia Central de Inteligencia (CIA según su nombre en inglés), las Fuerzas Armadas de las distintas naciones hispanoamericanas irrumpieron con un terrorismo infinitamente peor al que decían combatir.
Evidente prueba de ello es la creación en 1946 de la Escuela de las Américas (aún hoy existente bajo el nombre de “Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad”), en la que fueron adiestrados miles de militares de nuestro continente, que luego tendrían roles protagónicos en el mandato de combatir a sus propios pueblos. En definitiva, las Fuerzas Armadas desandarían el camino natural de la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional de sus países para ponerse al servicio de intereses foráneos, imperialistas y apátridas, por los que terminarían persiguiendo, secuestrando y asesinando a quienes en realidad debían proteger.
Con el golpe de Estado cívico militar del 24 de marzo de 1976 que interrumpió el tercer gobierno peronista, esta vez representado por el Frente Justicialista de Liberación –acreedor de un 61.86% de votos en las elecciones de 1973 (récord en nuestro medio)–, se inauguraría la etapa más oscura de nuestra historia. Época particularmente caracterizada por la supresión total del Estado de Derecho, en la que una nueva especie de Estado total, representado por un gobierno de unos pocos, pasó a decidir impunemente sobre la vida y la muerte de la población. Con la particularidad de que la represión y la matanza pasaba a justificarse como conveniente para el resto de la sociedad. Así, con la impunidad de un Estado absoluto, en complicidad con sectores dominantes de la sociedad, se secuestró, torturó y asesinó a miles de seres humanos, cifra aún indeterminada al día de hoy.
Este aparato represivo y criminal, importado y fogoneado desde los Estados Unidos de Norteamérica en su rol de gendarme del mundo, regenteado en nuestro medio por personajes completamente subordinados a intereses ajenos a los de nuestro pueblo, fue el ariete para destruir el andamiaje económico existente a la época y permitir la enajenación del patrimonio nacional condenándonos a una dependencia casi crónica de las bondades foráneas.
Mediante este nuevo paradigma, todo lo que hasta entonces pertenecía al Estado, debía dejar de pertenecerle.
- Desguace, entrega y servil subordinación para condicionar y desterrar el proyecto de una Nación con independencia económica, soberanía política y justicia social, soñado por aquellas voces silenciadas por vía de la cobarde violencia.
- Desindustrialización y desarme general del entramado productivo, bajo un paradigma privatista y extranjerizante; anulación de grandes conquistas sociales y sindicales de los trabajadores, entre las que se destaca la derogación de facto de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada originalmente en 1974;
- Aumento desproporcionado del endeudamiento externo en dólares, que se vio multiplicado casi seis veces en lo que duró la dictadura; desregulación financiera, de la que es evidencia la mal llamada ley de entidades financieras de 1977, vigente al día de la fecha;
- Y una marcada tendencia general hacia el favorecimiento de la concentración de riqueza a niveles burdos propios de una clásica oligarquía y con ello de imponer una matriz cada vez más desigualitaria.
A todo esto, el rol del Derecho fue una herramienta necesaria que se desplegó, materializó y formó parte intrínseca del engranaje propuesto por el (des)gobierno cívico militar a fin de imponer su nuevo orden legal. La ley y el sistema de justicia fueron puestas al servicio del régimen para dichos fines, y con ello el pueblo se vio desprovisto de cualquier recurso contra los designios que violentamente le eran propuestos.
Desde Repliegue recordamos en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a las víctimas de la última dictadura cívico militar y reafirmamos un compromiso que está más que nunca vigente: la creación de un proyecto de país con independencia económica, soberanía política con una real participación popular y justicia social, en orden a un modelo planificado de desarrollo que tenga como faro el interés nacional y el porvenir de las próximas generaciones, en miras a establecer las condiciones necesarias para organizar un sistema que suprima definitivamente la estructura colonial arraigada en el espíritu de nuestra Nación y en el que todos y todas tengan su lugar e importancia.
De esta manera, llamamos a recordar y no olvidar, a replicar la lucha y la movilización, a exigir justicia y reparación por las miles de personas que fueron víctima de los crímenes más terribles y a repudiar firmemente cualquier expresión de reivindicación de la dictadura genocida, así como de cualquier otra experiencia política autoritaria que da la espalda al pueblo que en realidad debe representar, proteger y acompañar en su realización material y espiritual.