Por: Yuliana Andrea (@yuliana.andrea)
La frase anterior describe la actual situación de Colombia, pues bajo el mandato del presidente Iván Duque el pasado 15 de abril se presentó el proyecto denominado “Ley de solidaridad sostenible” o más conocido como Reforma Tributaria, la cual pretendía compensar el déficit fiscal y recaudar alrededor de 25 billones de pesos, manteniendo así los programas sociales de asistencia a los más pobres y afectados por la pandemia del COVID-19.
Esta reforma contaba con recortes de inversión en todos los órganos del presupuesto, incluidos salud, educación, ciencia y tecnología. De igual forma, incluía la incorporación de peajes en el interior de ciudades capitales y un aumento del IVA al 19% en servicios públicos como gas, agua y luz; además llevaba inserta la declaración de renta a personas naturales que ganaran más de $2.400.000 (635 dólares).
Ante la inconformidad y el descontento, la gente toma estos precedentes como detonante y decide participar en el paro nacional. En respuesta, y luego de cuatro días de fuertes manifestaciones, el presidente quien en principio dijo que no iba retirar el proyecto, toma la decisión de hacerlo el domingo 2 de mayo. Sin embargo, no se concretó hasta el día 5 de mayo cuando se hace oficial su retiro después de que el senado y las comisiones conjuntas económicas de cámara aprobaran su eliminación.
¿Si ya no hay reforma tributaria por qué se sigue con el paro nacional?
“Porque estamos cansados de las injusticias cometidas en los últimos gobiernos. Por ese motivo, alzamos la voz una vez más con el propósito de ser escuchados. Queremos que se amparen nuestros derechos, que se eviten las fumigaciones con glifosato y el fracking que el Gobierno quiere retomar, que se cumpla con lo estipulado en los acuerdos de paz y, ¿por qué no?, que se realice una reforma en el Senado de la República y se reduzcan sus salarios los cuales aumentan año tras año”, señaló uno de los manifestantes.
Del mismo modo, que se elimine el régimen especial pensional a estos senadores y el proyecto de Ley 010 de 2020 o reforma a la salud, que propone un modelo similar al de Estados Unidos, en donde no solo se le paga a las EPS (entidades promotoras de salud), sino también obliga a todos a pagar pólizas adicionales por patología. Lo que traería como consecuencia que uno de los centros clínicos con más pacientes al año -Clínica oncológica de Sarmiento Angulo- reciba sólo a quienes puedan pagar la prestación. Por lo que el usuario es quien tendría el deber de “autocuidado”, es decir, si la EPS determina que no se cuidó, deberá pagar por su atención.
Otra de las razones por las que se consolidaron las marchas es por el uso desmedido de la fuerza del estado a través del cuerpo militar, la policía y el escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD); que acorde al reporte de Temblores ONG (organización no gubernamental), se ha cobrado la vida de 37 personas en menos de 10 días, ascendiendo la cifra a 1773 casos de violencia y 89 ciudadanos desaparecidos en el marco del paro nacional. Por su parte, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ha hecho un llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta. La portavoz de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó: “Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la noche pasada, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas (…)”.
Así pues, Temblores ONG reiteró que el país atraviesa por una delicada situación de violación a los derechos humanos en la cual el Estado colombiano declaró una guerra armada en contra de los manifestantes pacíficos. Este es el caso de Lucas Villa, estudiante de Ciencias del Deporte de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien cantando, bailando y dando charlas educativas buscaba generar conciencia sobre el paro. En horas de la noche fue herido de gravedad mediante ocho impactos de bala luego de que un vehículo le disparara a él y a otros jóvenes que se encontraban en la zona del Viaducto de Pereira.
Es también el caso de Nicolás Guerrero, Santiago Murillo, Diego Perdomo, Javier Ordóñez, Dylan Cruz, Anderson Arboleda, Juliana Giraldo y muchas más víctimas de un gobierno opresor que censura a su pueblo ante el mundo y no permite mostrar la realidad, manipulando a su vez, los diferentes medios de comunicación, bloqueando internet y tergiversando la información. Así lo confirmó el observatorio de Internet Netblocks, con sede en Londres, y posterior al análisis que hicieron, indicaron que hubo interrupciones en el servicio de internet desde aproximadamente las 4:30 pm del martes, hora local, hasta la mañana del miércoles 5 de mayo de 2021 en la ciudad de Cali.
Cabe resaltar, que desde que comenzaron las manifestaciones, Cali ha sido el epicentro del conflicto. Tanto así, que la minga indígena se unió con los manifestantes convirtiéndose en el “corazón de la resistencia civil”, como afirman varios jóvenes, quienes además piden el cese de violencia con el fin de plantear una propuesta colectiva para detener la crisis. A pesar de esto, la intranquilidad persiste en la ciudad.
De acuerdo con BBC News Mundo, “cientos de videos que cada quien parece interpretar según su posición, vuelan por las redes sociales y los chats de vecinos para amplificar la zozobra que inunda al país (…)”. Jorge Restrepo, director del CERAC (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos), añade: “La evidencia que hemos podido analizar muestra que en Cali hubo una violencia comunitaria en la que la fuerza pública se desbordó en contra de civiles”.
No obstante, la primera línea sigue firme a pesar de que las balas no se detienen. Para entender mejor, la primera línea son personas que están con escudos al frente de las marchas y que protegen a los civiles y a las líneas que se hallan detrás. La revista EL TIEMPO los describe como: “personas que están vestidas de jean, camiseta y saco. Usan guantes en sus manos y se cubren sus rostros con gafas protectoras, máscaras antigases y pañoletas”. “Auxiliamos al que se queda atrás, enarbolamos la legítima defensa, garantizamos que el ciudadano se pueda manifestar en paz. Existimos sólo para dejar de existir”, dice uno de ellos y, aunque algunos los tilden de “vándalos” son para los demás sinónimo de fortaleza y aguante.
Néstor Rosanía en su columna “Marchas y Vandalismo”, para el periódico EL HERALDO, hace alusión a que no debemos estigmatizar las protestas. Por el contrario, debemos identificar que, así como hay grupos de marchantes comprometidos con la causa, hay personas que nada tienen que ver con ella y solo llegan a delinquir. Por ende, es necesario segmentar los actores de ella para no cometer el error de generalizar.
Ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira y Bucaramanga también han presentado violencia policial, militarización en varias zonas, ataques con gases lacrimógenos, armas de fuego, helicópteros y conforme denuncias ciudadanas, presuntas agresiones provenientes de policías vestidos de civil. Según la revista VISTAZO, en uno de los vídeos difundidos se muestra un tiroteo protagonizado por un camión de policía en la zona El Ancla, en Cali. En las imágenes se veía como un grupo de personas sale de un camión de la policía y activa sus armas de fuego contra los manifestantes. En el video también se escucha a ciudadanos que denuncian que quienes disparan eran policías vestidos de civiles. “Se bajaron de un camión vestidos de civil, este es uno de los camiones (…) andan dando plomo, le están dando plomo a la gente”, aseguró el ciudadano que grabó el video.
Asimismo, frente a la necesidad del estado por recuperar el control, varios congresistas le pidieron al presidente que decrete “estado de conmoción interna”, prerrogativa estipulada en el artículo 213 de su carta magna, que incluye facultades extraordinarias con las que se pueden restringir manifestaciones sociales, tomar el control de la radio y televisión y hasta suspender los cargos de mandatarios locales durante un periodo máximo de 90 días. Esto es, agravar la confrontación existente y que la cifra de damnificados aumente.
“Nos están matando” y ” pedimos a gritos ayuda internacional”, son por estos días las frases más dichas por los habitantes del país. De igual manera, la ciudadanía pide a gritos no más masacres, ni derramamientos de sangre. “Es un dolor de patria que solo puede ser sanado con justicia y lejos de quedarnos callados, seguiremos en la lucha porque como colombianos nos hemos caracterizado por ser una raza pujante, trabajadora y solidaria. No hay izquierda ni derecha, hay profesores, médicos, estudiantes, activistas, miembros de sindicatos y un pueblo en general, que abre los ojos y despierta”.