Autor: German Duarte
“Descamisados fueron todos los que estuvieron en la Plaza de Mayo el 17 de Octubre de 1945 (…) Son las fuerzas poderosas que sostienen el andamiaje, sobre cuyo esqueleto se levanta el edificio mismo de la Revolución (…) El General Perón ha dicho que no sería posible el Justicialismo sin el sindicalismo (…) En la realidad de mi país, el sindicalismo es, actualmente, la fuerza organizada más poderosa que apoya el movimiento peronista. Más de 4 millones de obreros agrupa solamente la Confederación General del Trabajo, que es la Central Obrera, y todos unidos se han definido a favor de la Doctrina Justicialista de Perón”.
Eva Perón, “La razón de mi vida” (15 de octubre de 1951)
En la primera parte de este artículo, hemos hecho una reseña de la militancia sindical de José Ignacio Rucci, la cual versó sobre su vida antes y durante el nacimiento del peronismo, el 17 de octubre de 1945, su trayectoria en los años de la Resistencia, y su rol en el movimiento obrero organizado que, junto a millones de trabajadores, contribuyó a forjar al calor de la lucha. En esta segunda parte, reflexionaremos acerca de los ideales por los que dio su vida el líder metalúrgico y acerca de cómo se llevaron a la práctica durante el tercer gobierno peronista, el cual impulsó una tercera posición frente a la Guerra Fría, la defensa de nuestra independencia económica y la legislación laboral más avanzada de nuestra historia.
El rol político de la CGT. Habíamos terminado la primera parte de estas reflexiones analizando el debate entre Rucci y Tosco, el cual plasmaba no solo dos concepciones acerca de la organización del movimiento obrero, sino también dos concepciones políticas diferentes. Si hay algo que indigna a liberales y marxistas por igual, es la lealtad del movimiento obrero organizado a los ideales y al legado de Juan Domingo Perón. Eso quedó en evidencia en el debate televisivo, donde se lo increpó con la pregunta: “Rucci, ¿por qué los trabajadores no peronistas deben soportar que sus gremios estén adheridos a las 62 Organizaciones, un nucleamiento partidario?”. A lo que Rucci respondió que “mantienen una filosofía que se plasma dentro del movimiento peronista. No se cierran dentro de un esquema partidario”[1]. Para echar luz a este debate acerca de la adhesión del sindicalismo a los ideales del justicialismo, creo que es fundamental remitirnos al Estatuto de la CGT de 1936 -ya que dijimos en la primera parte de esta nota que es una institución preexistente al peronismo- a fin de determinar si los objetivos para los que fue creada dicha central obrera fueron cumplidos por el Movimiento Peronista. En el Preámbulo de tal Estatuto dice: “Sin excluir ningún medio eficaz de lucha, la Confederación General del Trabajo llama a la clase trabajadora a organizarse en el terreno sindical para conquistar, desde luego, mejores condiciones de trabajo y remuneración, hacerse respetar por la clase patronal y bregar por la completa emancipación del pueblo productor (…)”.
1973: Reconstrucción y liberación nacional. Volviendo al debate entre Rucci y Tosco, se observa que ambos impugnaron el status quo vigente en el momento previo a las elecciones de marzo de 1973, si bien diferían en el camino que se debe seguir hacia adelante. Mientras Tosco planteaba una alianza de la clase obrera con sectores de “la pequeña y la mediana burguesía”, para enfrentar al imperialismo y alcanzar una “liberación nacional y social”, Rucci proponía objetivos semejantes[2], pero con un programa concreto y con el apoyo de las organizaciones representativas del conjunto del pueblo argentino, es decir, con el poder popular necesario para realizarlos. El documento suscripto el 7 de septiembre de 1972 por la CGT y la Confederación General Económica (CGE)[3], que nucleaba a los pequeños y medianos empresarios nacionales, fue la cristalización de ese programa, que, a su vez, seguía los lineamientos del Programa de La Falda de 1957, mencionado en la primera parte de esta reseña.
El Pacto Social entre los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios nacionales. El documento comenzaba con una descripción de la coyuntura económica y social de 1972[4] , que puede parecernos semejante a la actual, si bien en esa época el neoliberalismo no había hecho los estragos que hizo a partir del golpe de Estado de 1976, por lo cual en todos los indicadores el país estaba mejor que ahora. Sin embargo, ya en ese momento los trabajadores y los pequeños empresarios nacionales denunciaban la pobreza, la desocupación, el hambre, la inflación, el estancamiento económico, el saqueo de nuestras riquezas naturales, el endeudamiento externo, en fin, un sinnúmero de problemas que aún hoy persisten, pero multiplicados exponencialmente.
Frente a esa situación, el documento planteaba: “El país reclama una nueva política económica y social y sus fuerzas representativas declaran que ella no será viable sin el concurso solidario del pueblo, en tanto protagonista esencial de su propia historia, y artífice de su propio destino”. Luego, reclama elecciones libres y la necesidad de que “los sectores responsables del país -y en particular las fuerzas del trabajo y la producción- estimulen la iniciación inmediata de un programa de reconstrucción”. En otras palabras, no se trataba únicamente de un acuerdo de precios y salarios, sino fundamentalmente de impulsar un programa de reconstrucción y liberación nacional, legitimado por el voto popular, dentro de un clima de paz social y democracia.
“Un aumento salarial (…) que imponga la justicia social”. Si bien recomendamos la lectura completa de este documento histórico, intentaremos sintetizar algunos de sus rasgos principales en el desarrollo de esta nota. Luego del diagnóstico de la situación social y económica, el documento proponía una nueva política salarial, aclarando que: “Se trata no de un aumento contemporizador, ni menos aún de un aumento (…) de recuperación del salario real, sino de uno que imponga la justicia social y permita la recuperación de la capacidad adquisitiva del mercado interno”. Luego, impulsaba el restablecimiento de las Convenciones Colectivas de Trabajo y la mejora en la legislación laboral vigente. Además, el documento proponía la creación de un Fondo Nacional de la Vivienda, cuya posterior implementación, durante el tercer gobierno peronista, hizo posible la construcción de cientos de miles de casas y departamentos, que aún hoy sigue disfrutando el pueblo argentino.
Obreros y empresarios, unidos por la liberación nacional. El documento continuaba planteando las reivindicaciones de los pequeños y medianos empresarios nacionales, los cuales reclamaban una mejora en las condiciones tributarias y crediticias, además de la protección frente a la voracidad del capital extranjero y la usura financiera internacional. En función de eso, el acuerdo proponía volver al control estatal del comercio exterior y la banca, a fin de prohibir las importaciones suntuarias o dañinas para la industria nacional, abrir el comercio exterior a los países excluidos del área de influencia norteamericana y redirigir el crédito al servicio de la industria nacional. Sobre las finanzas internacionales, el documento era contundente: “No concertar ningún acuerdo de financiamiento externo que implique directa o indirectamente un debilitamiento de la capacidad de decisión nacional”. También se planteó el impuesto a la I potencial de la tierra para los grandes latifundistas y la intervención estatal en el desarrollo agropecuario, en función de promover cooperativas agrarias y la colonización de las tierras improductivas.
“La realidad efectiva, que debemos a Perón”. Rucci no llegó a ver realizadas estas propuestas, que puso en marcha el gobierno de Perón a partir de diciembre de 1973, el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional y una política económica y social al servicio de las necesidades del pueblo, inspirada en los lineamientos del documento conjunto de la CGT y la CGE.
La LCT, la CGT y el Fuero Laboral: Pilares que sostienen los derechos de los trabajadores. El peronismo cambió para siempre la legislación laboral argentina entre 1943 y 1955[5], no sólo porque amplió y sistematizó la legislación laboral previa, sino porque también creó los mecanismos que hicieron cumplir dicha legislación: el Ministerio de Trabajo y el Fuero Laboral. Pero esas dos instituciones actúan sobre los hechos consumados, mientras que el sindicalismo está en el día a día, vigilando el cumplimiento de los derechos laborales en cada establecimiento, canalizando las demandas de cada trabajador. Estas instituciones, al día de hoy, siguen siendo la garantía de los derechos laborales. Sin desconocer el mérito de todos los que, desde diversas orientaciones ideológicas, impulsaron mejoras en las condiciones de vida de los obreros[6], resulta evidente que sólo se superó la obra de Perón del período 1943-1955, durante el período 1973-1976, cuando el peronismo volvió al poder.
Ampliación de la Declaración de los Derechos del Trabajador. En su testamento político, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional (1974)[7], dijo el General Perón: “Los Derechos del Trabajador, consagrados en nuestra reforma constitucional de 1949, tienen plena vigencia e integran este Modelo. Los derechos a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales, contenidos en dicha reforma, tienen que ser adicionados al derecho a la participación plena en los ámbitos a los cuales el trabajador sea convocado[8] (…) y, además, con el derecho de participación en el ámbito de las empresas en las que se desenvuelve”[9]. Esto nos remite al objetivo del Estatuto de la CGT de 1936, cuando se compromete a “bregar por la completa emancipación del pueblo productor”. La intervención institucionalizada de los trabajadores en las grandes decisiones del país y en la dirección de las empresas, conlleva la emancipación de los trabajadores de toda tutela, sea ésta de carácter político o económico.
La Ley de Contrato de Trabajo de 1974. La LCT comenzó con un proyecto enviado por el presidente Perón al Congreso de la Nación, el cual había sido consensuado con la CGT y la CGE, cuyos dirigentes estaban en el Ministerio de Trabajo y en el de Economía, respectivamente. El 20 de septiembre de 1974 Isabel Perón promulgó dicha ley, con una marcha multitudinaria de la CGT a la Plaza de Mayo, celebrando esta conquista. Como dice el especialista en derecho laboral Dr. David Duarte, la importancia de la LCT “no fue solamente la unificación de numerosas normas laborales dispersas, además de esbozar criterios tendientes a formar una Teoría General del Derecho del Trabajo, con principios y criterios de orden público sistematizados, sino reconocer a la entidad sindical un rol protagónico, en la toma de decisiones dentro de la empresa, como forma de poner límite al poder empresario”.[10]
“Hacerse respetar frente a la patronal”. En la LCT, podemos ver realizados aquellos objetivos del Preámbulo del Estatuto de la CGT de 1936 -el cual hemos citado- donde está planteada no solo la mejora de las condiciones salariales y de trabajo, sino el “hacerse respetar frente a la patronal”. En ese sentido, con la LCT se “articulaban las obligaciones laborales del empleador con la presencia sindical en el lugar de trabajo”, volviendo a la cita anterior, dando facultades al sindicato de intervenir en materia de reglamentos y sanciones a los empleados, formas de pago de la remuneración y control de la misma, vacaciones, reclamos y gestiones individuales frente a la patronal, entre otras. También los sindicatos podían intervenir en los procedimientos preventivos de crisis y tenían, en virtud de la LCT, derecho a revisar los libros contables de las empresas si éstas pagaban comisiones o participación en sus utilidades a los trabajadores.
La LCT de 1974: Protección de los derechos laborales de los tercerizados. La LCT fue una ley de avanzada, al punto tal que resolvió problemas actuales, como los generados por la tercerización, ya que, hoy en día, se continúa utilizando esta figura para evadir obligaciones laborales, incluso en el sector público. En la ley de 1974 “se establecía que el personal quedaba regido por el Convenio Colectivo de Trabajo y la representación sindical de la actividad respectiva del principal y no de la contratista”. (art. 32) En el año 2009, el entonces diputado Julio Piumato, quien encabeza la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y es Secretario de Derechos Humanos de la CGT, presentó un proyecto de ley para volver a la redacción original de este artículo, modificado por la dictadura de Videla, lo cual hubiera evitado, de aprobarse, el fraude laboral que aún hoy siguen sufriendo miles de tercerizados.
El poder de conflicto de los trabajadores: fuente de derechos. Para reforzar el poder de conflicto de los gremios frente a la patronal, como dice el Dr. David Duarte, la LCT establecía “la prohibición de la sustitución del trabajador durante el tiempo de duración de la huelga”. (art. 244) Asimismo, en los casos en que la huelga fuese por culpa del empleador “el trabajador que participe en las mismas tendrá derecho a percibir la remuneración correspondiente al tiempo de su duración”. (art. 245)
Los Convenios Colectivos de Trabajo de 1975. Dijimos que la LCT de 1974 era superadora de la legislación laboral del período 1943-1955, pero la misma era el piso sobre el cual se discutieron los Convenios del año 1975, que avanzaron aún más en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y en la participación de los sindicatos en las decisiones de las empresas. Nunca la clase obrera argentina tuvo más poder que en esos tiempos; por lo cual los gremios, hoy en día, discuten mejoras en la escala salarial, pero no la modificación de los CCT, ya que la correlación de fuerzas no es tan favorable.[11] También, por eso, los que actualmente promueven la flexibilización laboral dicen que esos Convenios son “anticuados”, para reclamar reformas regresivas, que apuntan a una legislación aún más anticuada. Si fuera por los neoliberales[12], volveríamos al siglo XIX, donde no había ninguna norma laboral y los sindicatos estaban prohibidos, lo que permitía explotar hombres, mujeres y niños impunemente.
La felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria. Otra falacia recurrente de los neoliberales que forjaron este país desde 1976, pero que siempre dicen que sus ideas no se realizaron lo suficiente -y en eso, se parecen, paradójicamente, a muchos marxistas de la actualidad-, es que la causa de todos los problemas del país son los derechos laborales y las políticas estatales que defienden al pequeño empresario nacional. Sin embargo, el peronismo construyó un sistema político, económico y social, inspirado en las mejores tradiciones nacionales, que permitió sentar las bases de una Argentina Potencia, al tiempo que se realizaban plenamente los derechos laborales y sociales del conjunto del pueblo.
Defensa y pérdida de la Patria Justa, Libre y Soberana. El líder de la CGT ya había sufrido varios atentados cuando, en septiembre de 1973, dio su última entrevista para la televisión, en la cual le preguntaron si tomaría medidas de precaución a futuro, a lo que respondió enfáticamente: “Es imposible, prácticamente tomar prevenciones. Tendría que encerrarme en una pieza y meterle llave, pero mi espíritu y mi forma de ser no me permiten una actitud de esa naturaleza. Seguiré adelante. Seguiré luchando. ¡Soy peronista, soy trabajador y estoy al frente del movimiento obrero! ¡De eso, ni los asesinos me van a separar!”.[13]
“La fuerza es el derecho de las bestias”.[14] Rucci fue cobardemente asesinado el 25 de septiembre de 1973, en la puerta de su modesta casa de Flores, luego de compartir un asado con su familia y amigos, para festejar que 48 horas antes había triunfado la fórmula Perón-Perón. Siempre se adjudicó el atentado que terminó con su vida a la organización Montoneros, si bien oficialmente no lo reconocieron. Lo cierto es que dicha organización ya había atentado contra Rucci y otros representantes de los trabajadores, porque creían que el secuestro y el crimen eran medios válidos de acción política, en función de enfrentar a un gobierno que ganó las elecciones con el 63% de los votos. Perón condenó enfáticamente esta conducta[15], lo cual expresó a los diputados que estaban vinculados a los grupos armados cuando les dijo: “Un crimen es un crimen, sea cual sea la idea que inspira a sus ejecutores”; si bien dejó siempre en claro que estos delincuentes debían ser juzgados y condenados dentro de la ley, respetando todas las garantías constitucionales. La violencia de estas organizaciones terroristas generó un clima de caos y desestabilización del gobierno popular, que terminó siendo aprovechado por la oligarquía y el imperialismo, los cuales usaron a nuestras Fuerzas Armadas para llevar adelante un golpe de Estado.
La libertad de mercado, guiando a los tiranos. La dictadura surgida el 24 de marzo de 1976 encarceló en condiciones inhumanas a todos los principales exponentes del peronismo, empezando por la presidenta Isabel Perón, siguiendo por Lorenzo Miguel y otros dirigentes gremiales, los ministros del gobierno, los gobernadores, etc. Sin embargo, sufrieron peores consecuencias los miles de secuestrados, torturados y desaparecidos, que, según el documento Nunca Más, eran en su mayoría de extracción sindical.[16] Norberto Centeno, quien inspiró la redacción de la LCT, pagó con su vida ese compromiso con los derechos de los trabajadores el 7 de julio de 1977. Una de las primeras medidas tomadas por la dictadura fue desfigurar la LCT, derogando o reformando la mayor parte de su texto original, en función de retroceder en el reconocimiento de derechos laborales.
La dictadura también impulsó, como se observa en el discurso de su Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976, una reforma financiera y una liberalización del mercado interior y exterior, a fin de complacer las demandas del capital extranjero y de los organismos multilaterales de crédito. Argentina, además, multiplicó exponencialmente su deuda externa, incorporando también la deuda privada de grupos económicos como el de Macri, Fortabat, De Noble, etc. Hoy en día, observamos con preocupación el éxito electoral alcanzado por fuerzas políticas que consideran que ese programa, profundizado en la década del ’90, no fue suficiente, si bien la estructura económica del país sigue siendo fiel al modelo propuesto por Martínez de Hoz, ya que la mayor parte de la legislación de la dictadura sigue vigente. Los neoliberales, aunque utilicen nuevas denominaciones, consideran que la devastación que hicieron en el país no fue suficiente, que se debe avanzar más en la libertad de mercado y en la quita de derechos a los trabajadores.
La CGT, en la resistencia. Los sucesores de Rucci en el sindicalismo peronista encabezaron la resistencia obrera a la dictadura militar, protagonizando movilizaciones, huelgas e incluso una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo el 30 de marzo de 1982, que terminó con represión y derramamiento de sangre. Si bien siempre hubo colaboracionistas, es indiscutible el rol jugado por el movimiento obrero organizado para que la dictadura militar durara mucho menos tiempo que en Brasil y en Chile, impidiendo así que barriera con todas las conquistas del peronismo. La lucha contra el neoliberalismo se prolongó durante la democracia, ya que el sistema político fue moldeado por el poder económico, local y extranjero, que impulsó el golpe de 1976, pero no se fue en 1983.
Vigencia del sindicalismo peronista. Para terminar, queremos destacar la vigencia de estos ideales por los que luchó y murió Rucci, citando el Comunicado del Comité Central Confederal del 22 de septiembre de 2021, el cual, además de reformar el Estatuto para establecer el cupo femenino en su Comisión Directiva, convocó a la unidad de la CGT: “Los adversarios de los trabajadores nunca descansan: cuando alcanzan el gobierno por la fuerza o por los votos, siempre buscan atomizar el Modelo Sindical, fragmentar la negociación colectiva y desfinanciar la Seguridad Social (…) una reforma laboral, la eliminación de la indemnización por despido (…) Nuestra legislación laboral y social no son un conjunto de leyes marchitas, son el corazón de la justicia social (…). Vamos al Congreso Nacional de los trabajadores a buscar la unidad, que nos dé las herramientas para garantizar la plena vigencia de toda la legislación sindical y laboral”.
[1] En cuanto a la orientación política que debería (o no, según determinados puntos de vista) tener la CGT, existen críticas desde dos posturas: la liberal y la marxista. La primera, se expresa en el citado cuestionamiento al vínculo entre las organizaciones sindicales y la política, aunque no se tratara de una subordinación a un partido político. En el fondo, los liberales quieren una democracia limitada. Consideran que la participación política de los sindicatos permitiría flanquear aquel límite impuesto por la Constitución Nacional desde 1853, cuando estableció: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes”. Si los sindicatos tuvieran derecho a la participación política, se daría una intervención directa de los trabajadores en las decisiones que afectan a su vida cotidiana. Además, el peronismo, como partido político, estuvo en un segundo plano durante décadas, ya que fue proscripto por gobiernos militares y civiles. El Movimiento sobrevivió gracias a las organizaciones libres del pueblo. Por otro lado, también se observa el punto de vista de Tosco, para quien el sindicalismo no debería adherir al peronismo, porque él se opone a sus lineamientos políticos. Podría pensarse que esto se debe a que el peronismo promueve la conciliación de clases, mientras el sindicalista cordobés promovería un clasismo cerrado frente a cualquier pacto con la burguesía. Pero no es así, como aclara el propio Tosco: “le diré que donde hay un asalariado y hay un capitalista, hay explotados y explotadores. Lo que no quiere decir que en el proceso de liberación nacional y social, no haya etapas que debemos cubrir en alianza con aquellos sectores de la pequeña y la mediana burguesía que estén dispuestos a enfrentar esa penetración imperialista”. Esto se enmarca en un viejo planteo del estalinismo, según el cual en los países subdesarrollados se encuentran pendientes las reivindicaciones propias de la “revolución burguesa”, por lo cual habría que realizar una revolución por etapas, la primera de las cuales sería en alianza con los sectores “democráticos” del capitalismo. Es por eso que los partidos comunistas del mundo se fueron aliando a “partidos burgueses” durante los años ‘40s, en “frentes populares” o “uniones democráticas” de cualquier tipo. No debe extrañarnos el hecho de que Tosco, durante el debate con Rucci, admitió su amistad con el radical Arturo Illia, además de que se mostró muy respetuoso respecto de Ricardo Balbín, en contraste con su ataque visceral a la conducción del movimiento obrero.
[2] Esto no significa que sus objetivos fueran idénticos, sino que ambos apelaban a las ideas predominantes en el pueblo argentino durante esa época. Escapa a los alcances de esta reseña el pasaje del debate en que se discuten los puntos de vista de Rucci y de Tosco acerca de los países socialistas, a los cuales el cordobés elogió sin reparos, mientras el líder de la CGT planteó que apoyaba la lucha de los pueblos por su liberación, sin dejar de condenar un régimen como el soviético, donde además de existir explotación laboral, la actividad sindical estaba prohibida.
[3] La CGE fue fundada el 16 de agosto de 1952 por José Ber Gelbard, un viejo militante comunista que se incorporó al peronismo en aquella época.
[4] En el documento dice: “Los ensayos de superación realizados en base a diagnósticos equivocados mantienen al pueblo argentino en una constante pendular, entre la frustración y la angustia. Hombres sin trabajo, recursos naturales inexplotados, capitales inutilizados; deserción ascendente a lo largo de toda la estructura educacional; emigración de técnicos y científicos; familias sin vivienda e índices alarmantes de mortalidad infantil, no son más que signos dolorosos y aspectos parciales del fracaso de la estructura socio-económica del país para aprovechar su potencial de crecimiento y bienestar. El estancamiento y la injusticia no son más que los frutos de políticas que en lugar de servir como instrumento del desarrollo económico social y de la justa distribución del ingreso, son resortes de la voracidad fiscal y del privilegio de las minorías. Tal política ha agudizado la dependencia externa que estrangula el desarrollo nacional y autónomo e integral y ha agravado la injusta distribución del ingreso. Ha llevado al desaliento a la gran masa de la mediana y pequeña empresa nación y ha acentuado un deformante proceso de concentración económica, social y regional de la riqueza que vulnera la integración nacional y social del país”.
[5] Mucho se ha discutido acerca del origen de los derechos laborales en la Argentina. Prácticamente todos los sectores políticos tienen algo que adjudicarse, ya que durante el gobierno de Julio Argentino Roca comenzaron a reconocerse las primeras conquistas obreras. Durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se aprobaron leyes laborales, las cuales habían sido impulsadas por su partido, por el diputado socialista Alfredo Palacios e incluso por diputados de ideas católicas nacionalistas. Los detractores del peronismo, de izquierda o de derecha, citan esos antecedentes para opacar la obra de Perón. En primer lugar, hay que decir que las conquistas obreras se deben por completo al movimiento obrero organizado, que desde el siglo XIX viene luchando en nuestro país y en el mundo por los derechos que hoy disfrutamos, dejando millones de mártires en el camino. Por dar solo un ejemplo, la jornada laboral de 8 horas fue producto de la lucha sindical durante la Semana Trágica de enero de 1919, en la que murieron cientos de obreros. La legislación laboral previa a 1943 era muy dispersa y en general no se aplicaba en la realidad cotidiana de los trabajadores, salvo en los casos en que los gremios luchaban por hacerla cumplir.
[6] Tampoco debemos olvidar que socialistas, comunistas, radicales, conservadores y un sector del clero fueron cómplices, por acción u omisión, de la dictadura militar iniciada con el golpe de Estado de 1955, que intervino los sindicatos, suprimió conquistas laborales y derogó de facto la Constitución de 1949, que consagraba los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños y de los ancianos, la función social del capital y la inalienabilidad del patrimonio nacional. Las políticas económicas liberales siempre se implantaron con represión, terrorismo de Estado, entrega de la soberanía nacional y retroceso en el reconocimiento de los derechos sociales.
[7]https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/juan-domingo-peron/peron.-modelo-argentino-para-el-proyecto-nacional
[8] En referencia a “la colaboración institucionalizada en la formulación del Proyecto Nacional y su instrumentación”.
[9] El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional es una obra publicada póstumamente, si bien sus lineamientos principales ya habían sido planteados por Perón en su discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional el 1° mayo de 1973. La propuesta de restablecer la Constitución de 1949 fue llevada adelante en febrero de 1976 (ver Boletín Oficial del 19/02/1976). El gobierno de Isabel Perón envió al Congreso Nacional un proyecto de convocatoria a una Asamblea Constituyente, a fin de restablecer la Carta Magna derogada ilegítimamente por un Decreto-Ley de facto y reemplazada por un texto redactado por una Asamblea, que había sido votada por la minoría del electorado que no estaba proscripta. Menos de un mes después, la presidenta legítima de los argentinos fue derrocada y forzada a abordar un helicóptero, que la sacó de la Casa Rosada. Durante los años siguientes, Isabel Perón estuvo prisionera de la dictadura, superando, en tiempo privada ilegítimamente de su libertad, a cualquier otro mandatario argentino. Para profundizar acerca de estos hechos históricos, recomendamos la lectura de la obra del entonces Secretario Legal y Técnico: González, Julio. “Isabel Perón. Intimidades de un gobierno”, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 2007.
[10]https://www.lacausalaboral.net.ar/Numeros%20anteriores/80%20La%20Causa%20Laboral/in-memoriam-centeno.html
[11] Dice el Dr. Duarte en el artículo citado: “En pleno ‘rodrigazo’ el sindicalismo logró que se homologaran los Convenios Colectivos de Trabajo de 1975, a pesar de la férrea oposición del Ministro de Economía, Celestino Rodrigo, una pulseada con serias discusiones y protestas de los trabajadores (…) Además, el movimiento obrero fue el que presionó para que el Ministro de Bienestar Social José López Rega renunciara, después de que la CGT convocó a una movilización multitudinaria a la Plaza de Mayo para pedir que se fuera”.
[12] Hay un payaso mediático que dice que no corresponde decir “neoliberal” porque “la libertad es una sola”. Sin embargo, para diferenciarlos de los liberales argentinos del siglo XIX, que plasmaron sus ideas en el período de la organización nacional, denominamos “neoliberales” a los ideólogos de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, cuyo ejemplo siguieron los dictadores de acá y del resto de Latinoamérica.
[13] https://www.youtube.com/watch?v=8fOAI8AmLFQ
[14] Con esa cita de Cicerón, el General Perón tituló el balance que hizo del primer año de la dictadura iniciada en 1955. Sus críticas a los militares que, en lugar de defender la Patria, atacaron a sangre y fuego al pueblo argentino, y a la izquierda funcional al poder, que aprovechaba la intervención de los gremios, tomaron nueva vigencia en los años ’70s. La obra comienza citando una entrevista que le realizaron a Perón el 5 de octubre de 1955, la primera después del golpe de Estado. Allí, en el momento de mayor bronca, le preguntan por qué no resistió en el poder, a lo cual respondió: “Siempre evité el derramamiento de sangre por considerar este hecho como un salvajismo inútil y estéril entre hermanos. Los que llegan con sangre, con sangre caen”.
[15] Hay quienes acusan, maliciosamente, al General Perón de haber tenido un “doble discurso” en cuanto a las organizaciones armadas, lo cual es absolutamente falso. En “Actualización política y doctrinaria para la toma del poder”, un film de Fernando “Pino” Solanas y Octavio Getino (filmado durante el año 1971 y exhibido clandestinamente durante el año 1972), el General Perón dijo: “En este momento, dentro del panorama nacional, y enfrentadas a la dictadura, hay tres acciones: una es la guerra revolucionaria, otra es una insurrección que parece proliferar en el Ejército (…) y la otra, es la línea pacífica de la normalización institucional (…). Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y, quizás, ese sea un camino si no hay otro remedio. La insurrección militar que se pretende realizar no ofrece al pueblo las garantías necesarias. ¿Por qué? Porque esta es una dictadura, pero lo que los militares quieren después de una insurrección es hacer otra dictadura. Quizás, sea peor que esta, porque esta es una dictadura vencida y puede venir una vencedora. Y esa es más peligrosa, sobre todo en el tiempo”. Nótese que ya en 1971 el General Perón advertía sobre la posibilidad de una dictadura militar peor que la que ya se estaba viviendo, cosa que se concretó en 1976. Volviendo al film, Perón dejó en claro cuál era el escenario que él elegía para evitar un desenlace cruento y el derramamiento de la sangre de miles de argentinos: “Quizás el mejor camino sea la normalización institucional, porque es la que se puede alcanzar en el menor tiempo”.
[16] Incluso la Compañera Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, secuestrada y desaparecida en diciembre de 1977, era metalúrgica y afiliada a la UOM. Véase la nota de Víctor Ramos “Hombres de acero – Historia política de la Unión Obrera Metalúrgica”, publicada en Perfil el 31/03/2021: