Regionalismo y soberanía en América Latina

Autora: Josefina Dopico

Prevalece un consenso generalizado acerca del fracaso de los procesos de integración latinoamericanos. Pero, ¿en qué consistiría ese fracaso? En que nuestra región no ha logrado replicar la experiencia de integración europea. Existe la creencia de que esa imitación traería a la región la misma prosperidad de la que goza el viejo continente, como si la integración regional fuera la causa de esa prosperidad, cuando lo cierto es que los países de la Europa occidental ya eran ricos desde hace mucho antes de la firma del tratado de París que en 1951 dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (entidad predecesora de la Unión Europea).

Es importante recalcar que las críticas que han recibido los procesos de integración Iberoamericana, no parecen tener en cuenta las diferentes problemáticas que llevaron a estas dos regiones tan distintas a abordar dichos procesos.

  Europa comenzó su camino hacia la integración regional luego de quedar en ruinas tras dos guerras mundiales, y bajo la creencia de que generar suficiente interdependencia entre sus países resultaría en un factor disuasorio de cualquier intención bélica que pudieran tener unos para con otros. Al finalizar el conflicto, el nacionalismo fue desprestigiado, ya que se lo etiquetó como una de las causas de la guerra por haber impulsado la expansión imperialista que derivó en millones de muertes.

Estos factores llevaron a los europeos a concebir la integración regional casi como sinónimo de cesión de soberanía, la que debía ser sacrificada para alcanzar una paz duradera. La creación de un mercado común también los ayudaría a tener donde colocar sus productos luego del inicio del proceso de descolonización que comenzó tras el fin de la guerra.

En la América Hispana esto ocurrió de manera distinta, puesto que la idea de una unidad es previa a los intentos de integración. Se remonta a tiempos de las guerras de independencia, cuando los proyectos libertadores de San Martín y Bolívar aspiraban a la unidad política de todas las ex colonias españolas, con base en un pasado, cultura, idioma y religión en común.

Sin embargo, aquellos proyectos no prosperaron. El antiguo imperio español en América se fragmentó en varias repúblicas independientes que pasarían el siguiente siglo intentando formar cada una su propia identidad nacional.  Recién a mediados del siglo XX comenzaría la primera de las «tres oleadas» de regionalismo en América Latina.

Con anterioridad a la primera oleada existieron proyectos de colaboración frustrados, que tuvieron por finalidad restar peso al creciente poder norteamericano en la región. Tal fue el caso del Pacto de No Agresión, Consulta y Arbitraje de 1915, firmado por Argentina, Brasil y Chile; y conocido comúnmente como Pacto ABC.

El pacto consistía en establecer un sistema de solución de controversias entre sus miembros, pero que no fue ratificado por Argentina a pesar de que los tres países intentaron por un tiempo actuar conjuntamente en materia diplomática.

Años después, en 1953, Juan Domingo Peron intentaría reflotar el ABC desde un enfoque dirigido a la integración económica entre sus tres miembros y abierto a la adhesión de más países de la región. Tal proyecto no logró concretarse, dado que a pesar de contar con la adhesión de Chile, no contó con la de Brasil, donde el gobierno de Getulio Vargas fue presionado negativamente por una oligarquía local que no quería debilitar su muy redituable vínculo directo con Estados Unidos.

La primera oleada de integración latinoamericana se da en la década de 1960. Mientras Europa permanecía reconstruida y económicamente pujante buscando la integración; y América Latina no lograba avanzar en su desarrollo, ya que estaba azotada por un contexto de caída en el precio de las materias primas.

La integración se propuso como una estrategia para lograr el desarrollo industrial. Se buscaba que los países latinoamericanos formaran mercados comunes, para industrializarse y de esta manera afrontar el denominado “deterioro de los términos de intercambio”, tesis sostenida por Prebisch. La misma sostenía que los precios de las materias primas tendían a disminuir y la de los productos manufacturados a mantenerse o aumentar, en beneficio de los países más poderosos e industrializados y en detrimento de las economías de los países en desarrollo, cuyas exportaciones consistían principalmente de materias primas.

El objetivo de estos mercados comunes era solucionar el problema que significaba el tamaño tan pequeño de los mercados internos locales para un proceso de industrialización. Estos centros de intercambio eran incapaces de absorber una producción manufacturera local, es por ello que la industrialización no ocurría de manera espontánea sino que debía ser impulsada desde el Estado. Un mercado común latinoamericano sería lo suficientemente grande como para  resolver este escollo.

A ello se sumaba un plan de integración productiva donde  distintos países tuvieran participación mutua en sus procesos industriales, equilibrando las asimetrías regionales, para lograr de tal manera el desarrollo incluso para los más pequeños.

Durante esta oleada llegaron a conformarse varios bloques regionales:  el Mercado Común Centroamericano (MCCA, en 1960), que estaba constituido por los países de Centroamérica; el Acuerdo Latinoamericano de Liberalización Comercial (ALALC, en 1960), donde estaba incluida toda América Latina y el Pacto Andino o Comunidad Andina (CAN, en 1969) integrado por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile (hasta que el gobierno de Pinochet se retiró). Aspiraban a construir mercados comunes de manera gradual con metas de reducción arancelaria que debían llegar a 0% entre los países miembro en un determinado periodo. 

Esta oleada no logró sus objetivos por distintas razones. Principalmente porque los distintos gobiernos latinoamericanos de esa época, a pesar de coincidir en que la industrialización era necesaria para el desarrollo de sus países, no estaban dispuestos a hacer nada que supusiera hacer algo que ellos consideraran una cesión de soberanía. Por lo tanto, no se logró ni la reducción de aranceles, ni la integración productiva, solo lograron beneficiarse de las políticas industrialistas los países que ya tenían mercados internos de mayor tamaño, como Argentina, México y Brasil. Sin embargo se pone en agenda por primera vez el tema del desarrollo y la industrialización como metas a nivel regional. 

Estos primeros intentos, ponen en evidencia las diferencias medulares entre el modelo de integración europeo y el latinoamericano. Tanto en sus intenciones como en su espíritu y sus metas. Mientras que Europa era un continente próspero destruido por una guerra interna, América Latina era una región que aún no había alcanzado una prosperidad generalizada. Europa buscaba en la integración una paz duradera; entretanto América Latina buscaba el desarrollo.

También queda expuesta la diferencia conceptual que ambos continentes  manejaban acerca del nacionalismo. Mientras que en Europa se expresó de modo expansivo, ofensivo y, al final, imperialista; en América Latina, el nacionalismo siempre tuvo un carácter defensivo. Los países europeos buscaron la reafirmación de su identidad en la conquista y el sometimiento del otro; en cambio, en América Latina esta reafirmación es una respuesta a los intentos de avance de otras potencias sobre sus recursos y su cultura.

La segunda oleada de integración fue muy distinta.  Ocurrió en la década de los ’90 correspondiéndose con el final de la Guerra Fría. En ese contexto global signado por la caída de la Unión Soviética, acaba la idea de una alternativa al modelo económico promovido por Estados Unidos. Además, cayó el modelo de capitalismo proteccionista del llamado consenso fordista, que en pos de desalentar el descontento social y el posible acercamiento de las clases trabajadoras hacia el comunismo, les procuraba sistemas de contención social que mejoraran su calidad de vida. No se interpretaba el colapso de la URSS como el declive del comunismo, sino como el fin del estado en su papel de regulador de la actividad económica.

Apareció así el llamado «nuevo regionalismo» o «regionalismo abierto», para distinguirlo de la oleada anterior. Sus objetivos fueron económicos, al igual que los del viejo regionalismo. Sin embargo en lugar de promover la industria para lograr el desarrollo, se buscó la apertura de mercados, es decir, abrir la región al comercio mundial. El objetivo ya no era lograr un desarrollo industrial, ni un desarrollo hacia adentro, sino que se tuvo como finalidad crear acuerdos interregionales norte-sur antes que acuerdos intrarregionales sur-sur.

En ese contexto, nació el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la intención de crear un mercado común entre sus miembros. Ha sido calificado por Laursen como una «unión aduanera incompleta». Su nacimiento y evolución siempre estuvieron marcados por los signos y agendas políticas de los gobiernos de turno en la región, llevando una agenda de integración económica y baja de aranceles más marcada en los ‘90, paralizándose ésta cuando una serie de crisis económicas hicieron a los países miembro cuestionarse el consenso neoliberal de aquellos años.

La apertura de la región al mundo resultaba nociva para las industrias locales, más que nada de Argentina y Brasil, donde el malestar se trasladó al plano social, con un marcado aumento del desempleo y la pobreza.

Queda patente después de estas experiencias lo que Sanahuja llamó el permanente «trilema» latinoamericano que: “Implica tres objetivos contradictorios: primero, la defensa del Estado nación y la soberanía nacional; segundo, las tradicionales ambiciones por el unionismo y la integración regional; y tercero, la búsqueda de mayor autonomía en el plano internacional». Sin embargo, en los años siguientes quedaría demostrado que tal contradicción era solo aparente.

La tercera oleada de integración latinoamericana se dio en los años 2000, luego de que la región sufriera graves crisis relacionadas con la aplicación del modelo neoliberal propuesto por el consenso de Washington y una gran cantidad de países decidiera por vía democrática elegir gobiernos «populares» en las antípodas del neoliberalismo. Tanto la Venezuela de Chávez, el Brasil de Lula Da Silva, la Argentina de Kirchner, el Ecuador de Correa, la Bolivia de Morales,  el Chile de Bachelet y el Paraguay de Lugo formaron parte de lo que se conoció internacionalmente como la «marea rosa» o «viraje a la izquierda» de América Latina, aunque más bien se trató de una corriente ecléctica que rescataba el viejo sueño de la unidad latinoamericana, ya sea desde lo discursivo, pero también desde lo político institucional.

Los principales impulsores de esta oleada de integración fueron Brasil, y Venezuela. Brasil fue el principal promotor de la UNASUR, que ya venía trabajando en crear una comunidad de países sudamericanos que respondiera a sus intereses comerciales. Venezuela, que con Chávez a la cabeza y una concepción maximalista de la integración, tuvo un papel decisivo, sostienen algunos autores, en frenar la agenda más meramente comercial que propiciaba Brasil y diversificarla hacia otros ámbitos. Con la llegada de Lula al poder en Brasil, este y Chávez estuvieron en sintonía suficiente como para lograr una integración más amplia.

  Los bloques más representativos de esta corriente fueron la UNASUR, la CELAC y el ALBA. La primera, constituida por todos los países de América del Sur, se caracteriza por un abandono del enfoque comercial de la integración para expandirse hacia otras temáticas  como comunicación, cultura, infraestructura, reducción de la pobreza, ciencia, salud, seguridad, migraciones y otras. Uno de sus objetivos consistía incluso en la creación de una ciudadanía común sudamericana.

La CELAC, creada en 2010, abarcaba a todos los países de América Latina y el Caribe, es decir, a todas las naciones del continente con la excepción de Estados Unidos y Canadá. Su visión sobre la integración era similar a aquella de la UNASUR en cuanto a la variedad de los temas abordados, pero más que nada hubo una obvia intención de conformar un gran espacio de colaboración continental sin injerencia de poderes centrales. 

  Por su parte, el ALBA está constituido por Venezuela, Bolivia y varios países del Caribe y Centroamérica. Impulsado por Venezuela, principalmente, puso gran énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Aquí fue donde Venezuela hizo uso de su «petrodiplomacia», consistente en intercambiar petróleo barato por servicios o bienes de otros países miembros, como «médicos por petróleo» en el caso de Cuba.

El viraje en el enfoque regionalista afectó también al MERCOSUR. Los gobiernos de esta oleada no eran partidarios de una liberalización económica, sino que buscaban proteger las industrias locales y las fuentes de trabajo. Esto dejó al organismo en una situación de estancamiento, imposibilitado de cumplir con las metas aperturistas para las cuales había sido creado. Sin embargo, no significó su final, sino que en lugar del desmantelamiento, se optó por un cambio de agenda que buscara la integración regional por otros caminos.

El Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR (FCES) fue muy importante en ese proceso, ya que desde su ámbito se venía reclamando por una mayor participación de actores y organizaciones civiles en el bloque, el mismo reclamo partía de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS). Estos organismos fueron quienes ayudaron a planificar el cambio de agenda, dejando un tanto de lado la cuestión económica para enfocarse en otros ámbitos, sentando las bases de un MERCOSUR más «social», donde se dio más importancia a iniciativas de índole laboral, sanitaria, política, migratoria, etc.

Esta concepción regionalista buscaba también una independencia de las imposiciones político económicas emanadas desde Washington, objetivo que tuvo su hito con el rechazo al ALCA en la IV Cumbre de las Américas de 2005. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) era un acuerdo multilateral de libre comercio firmado en 1994, en pleno auge del unipolarismo norteamericano, por todos los países del continente, exceptuando Cuba. Sus objetivos de integración comercial continental se encontraban alineados con los intereses económicos de Estados Unidos, que parecía reflotar con este proyecto su viejo sueño de la unión aduanera continental, el cual la Argentina había hundido ya en las primeras conferencias panamericanas de fines del siglo XIX y principios del XX.

Sus condiciones y funcionamiento habían sido negociados en secreto por años, sin dar participación, ni información a la sociedad civil, y lo poco que había trascendido ponía en evidencia el peligro que corrían las industrias locales, el empleo y el desarrollo tecnológico debido a la política de propiedad intelectual y patentes que se intentaba imponer desde Estados Unidos, lo cual generó un gran malestar en amplios sectores sociales de toda la región.

Por parte de las autoridades políticas regionales, si bien el gobierno de Hugo Chávez ya había manifestado su desacuerdo con el ALCA en la III cumbre de las Américas de 2001, en Quebec, lo cierto es que Venezuela por sí misma no tenía fuerza suficiente para enterrar el proyecto. Esto fue posible recién cuando Argentina y Brasil, las dos mayores economías de Sudamérica, se sumaron al rechazo. En estos países, las organizaciones sociales y los sindicatos eran las voces más críticas a la iniciativa, hasta que distintos sectores empresarios comenzaron también a manifestar su descontento.

Tanto los sectores industriales brasileños como el sector agrícola en Argentina reconocieron no poder aceptar el acuerdo sin quedar sepultados bajo las asimetrías económicas que este no consideraba. Brasil porque era incapaz de competir contra la industria norteamericana y Argentina porque EEUU no accedía a acabar con su política interna de subsidios agrícolas. Por ello, no se opusieron al rechazo al ALCA una vez que  los gobiernos de Kirchner y Lula  lo decidieron.

Podemos decir entonces que la tercera oleada de integración resuelve el trilema de Sanahuja deslindándose del ideal europeo. La soberanía nacional, la integración regional y la búsqueda de mayor autonomía en el plano internacional; pasan a ser complementarias entre sí. La integración hace que los distintos países de la región formen un frente común en el ámbito global, dándole más fuerza a los estados y sus reclamos de la que tendrían individualmente, garantizando una mayor autonomía en el escenario internacional y protegiendo su soberanía. Bajo este nuevo enfoque la identidad nacional y regional pueden coexistir yuxtapuestas sin quitar la una de la otra e incluso reforzándose entre sí. 

Sin embargo, la concreción de esta visión era sumamente dependiente de la convergencia ideológica de los gobernantes de turno. Luego de la muerte de Chávez (2012), que era uno de los principales impulsores del regionalismo post hegemónico y la caída de los precios del petróleo de 100 a 40 dólares el barril en 2014, no sólo acabó la capacidad de Venezuela de promover la integración, sino que se produjo un nuevo viraje hacia el liberalismo por parte de los gobiernos de la región. Con la destitución de Lugo en Paraguay (2012), la llegada a poder de Macri en Argentina (2015), la destitución de Dilma Rouseff en Brasil (2015) y el giro ideológico de Lenin Moreno en Ecuador (2017) o más tarde el golpe contra Evo Morales en Bolivia (2019). 

Lo llamativo de esta vuelta al neoliberalismo fue la virulencia con la que se atacó al proyecto regionalista post hegemónico. Sus representantes fueron demonizados mediáticamente y sometidos a flagrantes casos de lawfare o golpes blandos, a la vez que sus instituciones fueron desdeñadas o destruidas. El caso más paradigmático en este sentido fue lo ocurrido con la UNASUR, que constituye el organismo de integración más abarcativo y ambicioso hasta el momento. Al contrario de lo ocurrido con el MERCOSUR en los años 2000, donde se procuró un cambio de agenda que permitiera la supervivencia y fortalecimiento del bloque a pesar del viraje ideológico de la clase política, a la UNASUR se la desmanteló.

A pesar de contar con infraestructura y presupuesto para su funcionamiento, además de importantes proyectos en cuestiones de defensa (Consejo de Defensa Sudamericano), ciencia (Agencia Espacial Sudamericana), salud (Consejo Suramericano de Salud), economía (Banco del Sur) y otros, nada de esto se tomó en cuenta. En 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su participación en el organismo a la vez que preparaban su salida definitiva, Uruguay hizo lo mismo en 2020. Por  aquel tiempo (2019) se creó el PROSUR (Foro para el Progreso de América del Sur), cuya existencia no tenía otro propósito que el de reemplazar a la UNASUR, aunque por tratarse meramente de un foro, no haría uso de su sede en Quito, la cual cayó en el abandono.

Este abrupto final de la que podría calificarse como la más exitosa y ambiciosa de las oleadas de integración regional, deja varias lecciones. Además de concebir a la integración como una herramienta de fortalecimiento de la soberanía y liberación de nuestros pueblos con respecto a modelos externos emanados de los centros de poder mundial, ya sea Europa o Estados Unidos, es necesario establecer mecanismos que la pongan fuera del alcance de la coyuntura política de turno. De intentarse un rescate de este regionalismo post hegemónico debemos comprender que los intereses que se conjugaron  en su contra por intentar generar espacios estratégicos sin participación de Washington, siguen y seguirán existiendo tanto al exterior como al interior de nuestros países y contra ellos se lo debe resguardar. La libertad y la soberanía de cada uno de nuestros países está conectada a la de todos ellos; las cuales trascienden los colores políticos y debemos ser capaces de sostener independientemente de los gobernantes de turno si es que queremos verlas perdurar y consolidarse. Nuestra integración no será a la europea, ni a la norteamericana, responderá exclusivamente a nuestra idiosincrasia y a nuestros motivos, o no tendrá arraigo en los pueblos  a los que debiera servir. 

Bibliografía

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