¿Qué hay detrás del precio de los alimentos en Argentina?

Autor: Carlos Inal Kricas.

La triste paradoja de nuestro país, de no poder alimentar adecuadamente a una población relativamente pequeña pese a su inmensa producción agropecuaria, no es un hecho casual ni aislado. Tampoco lo es que el control de nuestro comercio exterior se encuentre principalmente en manos de empresas multinacionales que tienen sus casas matrices en las potencias económicas extranjeras. En ese sentido, nos dice Atilio Borón en su libro “Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina”: “En las condiciones vigentes durante la fase clásica del imperialismo el modelo de acumulación capitalista requería necesariamente la búsqueda y el control de mercados exteriores. Ayer, tanto como hoy, la realización del capital no podía completarse plenamente sin rebasar las fronteras de las formaciones capitalistas avanzadas: de ahí la necesidad de contar con mercados externos para canalizar la producción metropolitana y exportar capitales, asegurar el abastecimiento de materias primas y alimentos y, por último, optimizar la tasa de ganancia aprovechando las ventajas que ofrecían las “regiones agrarias”.”

Una disputa histórica

Nuestro país tiene toda una historia atravesada por importantes tensiones y conflictos generados a partir del precio de los alimentos. Quizás el más importante y recordado sea el surgido a partir de la resolución 125 en el año 2008, generado a raíz de la decisión del Ministerio de Economía de establecer un esquema de aumentos en los derechos de exportación de soja y girasol, que culminaría con el famoso voto del Senador Cobos, enunciado con una temblorosa voz como “no positivo”, ponía fin, formalmente, a aquel conflicto. Pero en manera alguna al problema estructural yacente en el país. Problema que, en esencia, se trata de la disputa política por los recursos y por cómo se distribuye la riqueza generada por la principal actividad exportadora de nuestro país y, por ende, principal fuente de divisas de la economía argentina. 

Al debatir tal cuestión, inevitablemente siempre estará presente la discusión sobre la naturaleza y el alcance del Estado, su rol en la economía y en la búsqueda del bienestar general, entre otras cuestiones fundamentales.  

Frente a dicho problema, existe un debate que se remonta a los mismos inicios de nuestro país, que hoy tiene más vigencia que nunca y sobre el cual operan los diferentes actores intervinientes o interesados en función de los intereses que representan. Debate que, incluso a nivel mundial, podríamos encontrar mucho antes en Europa en el campo de la economía política, en la vieja discusión entre mercantilistas y fisiócratas. Y también entre los revolucionarios de mayo, incluso previo a la revolución. Discusión que hoy se da en una desproporción de medios y recursos muy acentuada, al observar cómo se opera en defensa de una y otra de las dos posturas principales en disputa. Pues el debate público depende, en una enorme proporción, de lo que sucede en los medios de comunicación. Medios que, tal como quedara en clara evidencia luego del debate por la ley de servicios audiovisuales en nuestro país, mayoritariamente operan manipulando la opinión pública en defensa de los intereses de sus accionistas o de los grupos de poder que financian de forma legal y/o ilegal a las empresas de medios. 

Ante lo dicho, es que cada medida que se rumoree ser sancionada y que pueda afectar a los sectores del poder económico, preventivamente saldrá al ataque toda una patrulla de “analistas”, economistas liberales y ortodoxos alquilados que hablarán desde una supuesta autoridad en la ciencia económica para bombardear cuanta decisión favorable al bienestar general pueda existir, disfrazándola de arbitraria, confiscatoria, violatoria de la propiedad privada, propia de regímenes comunistas, chavistas o soviéticos y un amplio set de latiguillos del estilo “con esto vamos directo a Venezuela”. 

Todas falacias sin ningún tipo de sustento teórico real en general, pero que apuntan a fogonear fantasmas existentes en gran parte del público al cual están dirigidas y generar la reacción de determinados sectores, a los que, lamentablemente, muchas veces los gobiernos populares terminan reaccionando y retrocediendo fácilmente sin entenderse muy bien el motivo, teniendo en cuenta que se trata de personas que, en su inmensa mayoría, jamás votarían a tal gobierno, con independencia de lo que el mismo haga o deje de hacer.    

El fenómeno descripto es el principal motivo por el cual, una y otra vez, en nuestro país vemos a un sector de clase media y media baja saliendo en ferviente defensa de sectores minoritarios que representan intereses completamente opuestos a los suyos. Ejemplos de ello son las históricas consignas “todos somos el campo” o la no muy lejana “todos somos Vicentín”, en voz de personas de sectores sociales con intereses contrarios a los concentrados del agro argentino. 

Cada medida instrumentada por los gobiernos tendientes a redistribuir la riqueza obtenida de las actividades agropecuarias de principal exportación en la pampa húmeda argentina suele ser representada y vista por sus actores centrales como un robo por parte del Estado. Probablemente, en parte, producto de resabios de la vieja concepción del Estado liberal del siglo XIX, muy presente y añorada en este sector. Ya que, siendo fruto de la revolución burguesa del siglo XVIII, permitía que dicha clase pudiera usufructuar las riquezas individualmente sin que el Estado tuviera la menor intervención en la economía ni se hiciera cargo de las necesidades sociales de las mayorías. Pudiendo, de ese modo, acumular riquezas desentendiéndose casi por completo de lo que sucedía en el ámbito social de su país. 

Pero lo cierto es que dicha concepción entró en crisis a nivel mundial en las primeras décadas del siglo XX, al verse que no era posible que una economía y una sociedad pudiera tener un desarrollo general sin un Estado que interviniera activamente en la economía para equilibrar los desequilibrios sociales y de mercado. Fue así que nació el Estado de bienestar, generando éste los más altos estándares de vida y de desarrollo económico que el mundo, y nuestro país, hayan conocido. 

Tales avances comenzaron a detenerse fuertemente a partir de la década del `70, iniciándose una etapa de retroceso para el bienestar de las mayorías, producto de las acciones coordinadas por parte de los sectores del poder económico mundial, comenzando así una etapa de gran avance de las empresas transnacionales y el poder financiero internacional, entrándose así en el auge neoliberal de los años `80 y ´90. El cual llegaría a su apogeo con la caída de la URSS y el comienzo del mundo unipolar en el que el mercado dominaría todas las relaciones económicas y sociales. Entramos así en una fase de niveles de desigualdad social nunca antes vistos, producto de la desregulación de los mercados y la desarticulación de los estados nacionales, únicas entidades con capacidad para equilibrar la balanza social. Fenómeno del cual nuestro país durante todos los años ́90 fue presentado como alumno ejemplar, abanderado en la región, del Consenso de Washington.

De dicho proceso es hijo nuestro modelo agrario, comandado por las grandes empresas transnacionales que pasaron a ser amas y señoras frente a un Estado completamente desguazado y desarticulado.

Es así que dicho modelo se impuso profundamente, no sólo en el aspecto material, sino sobre todo el cultural. Habiéndose impuesto el individualismo en las relaciones socioeconómicas, es que pudo mantenerse con escasa discusión tal modelo. Dicho individualismo hace que los actores del sistema productivo argentino vean como un robo o confiscación el cobro de impuestos sobre actividades de gran rentabilidad. Y lo que es peor, terminan por convencer a importantes sectores de la población que ello es así. Se instala la idea de que el Estado es un agente que les roba parte de su producción y trabajo para luego dilapidarla otorgando subsidios a gente que no trabaja o para mantener empleados públicos. Jamás se pone en la balanza que el hecho de que haya bolsones de pobreza y desocupados que subsidiar para que no mueran de hambre sea producto, justamente, del modelo del cual son usufructuarios dichos actores, de campos desiertos y mecanizados que generan una pequeña parte del empleo que generaban en otro tiempo. Modelo que, al tercerizar y automatizar la mayor parte de sus procesos, como la siembra y la cosecha por poner un ejemplo, formó un ejército de desocupados que fueron a parar mayormente a las periferias de los centros urbanos. 

Es el gran drama de nuestro tiempo. Actores económicos que reciben beneficios extraordinarios a raíz de la eficiencia ganada a través de la automatización de procesos productivos, otrora realizados manualmente, pero que en manera alguna asumen las consecuencias negativas de dicho proceso (principalmente la expulsión de mano de obra). Ello simplemente no es posible si aspiramos a vivir en una sociedad viable que incluya a toda su población.

No tiene ningún sentido oponerse al avance tecnológico porque sería como tratar de tapar el sol con las manos. Pero lo que sin dudas debe ocurrir, si no queremos terminar en una sociedad de perpetuos ejércitos de desocupados y pobres estructurales, es que los beneficiarios principales de dicho proceso, con su rentabilidad extraordinaria, deban proporcionar, a través de impuestos y otros mecanismos, los recursos para que el Estado pueda asegurar niveles de vida dignos a los expulsados, al tiempo que genere las acciones y transformaciones para reincorporarlos al sistema productivo. A propósito de esta problemática, cabe recordar que, en el presente, todas las empresas de mayores ganancias, y que suben al podio de las personas más ricas del mundo a sus propietarios, se encuentran implicadas de forma directa en esta problemática.

En el mismo sentido, ocurre que los actores del agro argentino, al postular su tesis, que podríamos denominar “del Estado ladrón”, sólo se enfocan en lo que se cobra de impuestos pero jamás ponen en la balanza toda la gama inconmensurable de bienes y servicios que el Estado pone a su servicio (que viene a sumarse el regalo de producir en un suelo que, obra de la naturaleza, es de los más fértiles del mundo), y sin los cuales jamás podrían siquiera soñar con llevar a cabo su actividad económica, que con tanta arrogancia postulan que es producto exclusivo de su trabajo y esfuerzo. A saber, educación en todos los niveles (donde se forman todos los científicos y técnicos de los cuales se sirve el sector agropecuario), la seguridad, los centros de investigación y desarrollo, las rutas y caminos rurales, los puertos, las vías ferroviarias y navegables, los subsidios y ayudas ante las reiteradas emergencias agropecuarias, el sistema jurídico y judicial, los servicios de sanidad animal y vegetal, las misiones comerciales que abren los mercados donde luego depositan sus productos, los ministerios y secretarías destinados a resolver los problemas del sector y mejorar su productividad, y un largo etcétera. Fenómeno que debe alertarnos mucho más si tenemos en cuenta que dichos bienes y servicios en realidad se financian mayoritariamente con el trabajo de las grandes mayorías, al contrario de lo que se intenta hacer creer, toda vez que el impuesto que más recauda en nuestro injusto sistema tributario, es el IVA, el cual recae, proporcionalmente, con mayor peso en los sectores de menores ingresos. 

El contexto actual

Existe en la actualidad un contexto de suba de los precios internacionales de los llamados “commodities” y, con ello, de los alimentos, lo cual viene impactando fuertemente en el precio interno de los mismos. Suba que, probablemente, siga incrementándose o al menos oscilando en los niveles actuales mientras perdure la política monetaria de fuerte emisión que viene teniendo la Reserva Federal de los EE.UU. para paliar la crisis del Covid-19. Emisión que ha venido devaluando de manera sostenida al dólar frente a otras monedas fuertes, desde el mismo momento en que comenzara la histórica emisión. En el mismo período que el dólar en su tendencia no ha parado de devaluarse, los precios de los “commodities” se han ido incrementando fuertemente, en una correlación inversa casi perfecta. Lo cual no es mera casualidad, sino que es producto de un fenómeno muy estudiado que se ha venido corroborando una y otra vez en diferentes periodos históricos. Ejemplo de ello fue la etapa de gran crecimiento de los precios internacionales de los “commodities”, iniciado a partir del año 2002 y que originara el referido conflicto de la 125, que coincide de manera casi exacta con un periodo de depreciación del dólar. 

El motivo de este fenómeno es que se trata de la moneda a través de la cual se transan, en una enorme mayoría, los productos en el comercio internacional. Con lo cual, al depreciarse dicha moneda, cada unidad de la misma resulta más barata para los principales países demandantes de “commodities” (China, India, etc.); lo que hace incrementar la demanda de los mismos y, con ello, también su precio.  

Es así que teniendo en cuenta que la nueva administración de EE.UU. no modificará sustancialmente, al menos en lo inmediato, la referida política monetaria, y toda vez que la crisis sanitaria y sus consecuencias lejos están de haber quedado atrás, es de esperar que dichos precios se mantengan en niveles altos por un buen tiempo más. 

A dicho fenómeno, se agrega la creciente demanda de China de productos agropecuarios. País que en los últimos tiempos en determinados meses llegó a desplazar a Brasil, incluso como nuestro principal socio comercial. En parte, producto de su gran demanda y en parte por la caída del intercambio comercial con dicho país en razón de las tensas relaciones bilaterales que se han venido observando entre los actuales mandatarios de los países vecinos.

Tal incremento de demanda por parte de China, es de esperar que perdure por un buen tiempo y que incluso se acelere, producto de que ha sido el país que mejor desempeño económico ha tenido durante toda la crisis del covid-19, siendo el único de peso en la producción que logró crecer durante el año 2020, incluso llegando a reportar un crecimiento interanual de 6.5% en el último trimestre de tal año.

En principio, es una buena noticia para un país como el nuestro, cuyas exportaciones son, en su enorme mayoría, “commodities” de origen agropecuario. No obstante, la situación derivará en un enorme perjuicio para los sectores de menores ingresos, que gastan la mayor proporción de sus ingresos en alimentos si no se llevan a cabo medidas para desacoplar los precios internos de los alimentos de sus cotizaciones internacionales.

Sabemos que los precios de los productos (sin entrar a analizar los pormenores de los sistemas de precios máximos o mínimos, que poseen otras particularidades), principalmente dependen de la oferta y la demanda de los mismos. De manera tal que, con independencia de la variable inflacionaria que estemos analizando, los mismos siempre impactarán en la demanda o en la oferta del bien del que se trate. 

Es así que el aumento del precio de un producto o servicio, en esencia, se deberá a una demanda del mismo que está por encima de la oferta existente en el mercado o a una oferta que no alcanza a abastecer la demanda del bien en el mismo período. Pero sucede que las causales por las cuales dichas ofertas y demandas se desajustan son de las más variadas que nos podamos imaginar e intentaremos explicar las que entendemos más relevantes en nuestra economía, principalmente en la provisión de alimentos. 

Argentina es un país que padece, desde hace décadas, graves problemas estructurales en su economía, que en forma recurrente presionan sobre los precios. Es que existe una estructura totalmente concentrada en determinados sectores y eslabones de las cadenas productivas y comerciales, con actores monopólicos u oligopólicos con un enorme poder de fijación de precios. Un claro ejemplo de ello se da en el sector lácteo, donde una sola empresa concentra más del 70% del mercado, existiendo un esquema de distribución completamente asimétrico para los actores de la cadena, donde el productor, primer eslabón, obtiene un margen relativamente pequeño del precio final, quedando su mayor parte para la usina láctea que acopia, procesa y distribuye el producto, y para las grandes cadenas de supermercados que concentran la enorme mayoría de la distribución final. 

Es lo que ocurre en la mayor parte de las cadenas productivas de los restantes alimentos. Muchos productores primarios atomizados con estrechos márgenes de ganancia por un lado, y pocos actores en los eslabones de procesamiento y distribución por otro, con grandes márgenes de beneficio a partir de su poder de fijación de precios, derivado de las altas cuotas de mercado que controlan. Situación que se agrava al observar una escasa aplicación efectiva de la ley de defensa de la competencia, observándose pocas sanciones a las empresas y mucho menos medidas tendientes a desconcentrar tales mercados.   

Otro problema estructural que se traslada al precio de los productos es la ineficiente logística que existe en el país, siendo uno de los pocos en el mundo que transporta la mayor parte de su producción en camión. Sistema totalmente ineficiente en relación al menor costo por unidad transportada que ofrece el transporte ferroviario, marítimo y/o fluvial. De ahí que toda potencia industrial cuente con una aceitada red de transporte multimodal indefectiblemente, como supo tener nuestro país en los momentos pujantes de su industria. Es por ello que, al arremeterse contra el sistema industrial a partir de los años ́70, una de las víctimas fundamentales fue el gran sistema ferroviario y naval con que contaba el país, que no sólo lo dotaba de una gran red logística, sino que proporcionaba empleo calificado a miles de compatriotas. 

El nefasto y recientemente fallecido ex presidente Menem se encargaría de transformar aquella red estratégica del país en miles de pueblos fantasmas al desintegrar la mayor parte del sistema ferroviario y convertir el sistema naval en astilleros abandonados y puertos privatizados, concesionados a empresas multinacionales que sacan nuestra riqueza en buques de bandera extranjera, cuyos fletes, año a año, le cuestan miles de millones de dólares al país. Dólares que se van del país y por ende debilitan aún más nuestra moneda, al achicar el stock de reservas del Banco Central de un país adicto al dólar, producto de nuestra compleja historia financiera.     

La ineficiencia de dicho sistema de transporte se agrava en un país de la extensión geográfica de Argentina. A lo que debe sumarse una deficiente planificación territorial y productiva. Generando así que, en muchas ciudades de los diferentes rincones del país, en los que se podrían producir abundantes alimentos de calidad y a menor precio, generando valor y trabajo local; por el contrario, deban recorrer enormes distancias desde el lugar de producción hasta el de consumo. 

Hay un inmenso trabajo pendiente por hacer en la re-planificación territorial y productiva del país, de manera de avanzar seriamente en empezar a abandonar el nocivo modelo de tan larga data, consistente en tener la mayor parte de nuestra población amontonada en unas pocas grandes urbes, donde la pobreza y las consecuencias del hacinamiento muestran sus peores caras, al tiempo que tenemos la inmensa mayoría de nuestro enorme territorio completamente despoblado. 

Otro problema estructural que encarece los costos de todos los bienes y servicios del país es el precio de la energía, pese a contar con enormes recursos energéticos. Ya en Repliegue hemos descrito en otros trabajos el modo escandaloso a través del cual se destruyó y transfirió a manos privadas todo el sector, tanto eléctrico como hidrocarburífero, terminando así en manos privadas a precio vil todas las empresas estratégicas y dolarizando las tarifas y los precios de los combustibles. Fue el final de empresas emblemáticas que, en otros tiempos, habiendo sido creadas por el Estado y gestionadas por el mismo, habían logrado un gran desarrollo y se encontraban al servicio de la industria nacional. 

Todo el sistema se transformó en un enorme aparato destinado a transferir recursos de las mayorías hacia los propietarios de dichas empresas, con precios y tarifas que hacen inviable cualquier proyecto industrial pujante, puesto que el país hoy se debate entre fijar tarifas y precios impagables para la industria y los consumidores domiciliarios, o bien subsidiar las mismas con su correspondiente impacto en el gasto público. 

Otra variable de gran peso en nuestro país, la cual presiona en forma permanente sobre los precios, es la cotización del dólar, al trasladarse su aumento de manera casi automática a la mayor parte de la economía. Es así que dicha moneda en forma casi permanente, aumenta su valor, producto de su gran demanda interna, a raíz de una estructura económica extranjerizada dominada por empresas transnacionales que, teniendo la mayor parte de sus costos en una moneda nacional devaluada, dolarizan sus ganancias, girándolas hacia los países donde se encuentran sus casas matrices. Idéntico destino tienen los ahorros de la mayor parte de los grandes empresarios nacionales. 

Otro factor que acrecienta de manera sustancial la demanda de dólares es la importación de insumos para abastecer un sistema productivo con una enorme dependencia de bienes importados. Y como si eso no bastara, en el país existe una cultura enormemente arraigada de ahorrar en dólares, producto del deterioro sistemático de nuestra moneda nacional y los recuerdos presentes en la población de grandes devaluaciones, procesos hiperinflacionarios, y medidas cambiarias traumáticas para los ahorristas. Ante lo cual, sin importar la cantidad de dólares que el país genere, las tensiones cambiarias nunca cesan, salvo en algunos cortos y transitorios períodos que, por algún motivo, generalmente aumento de los precios internacionales de productos agropecuarios, su oferta se incrementa en niveles importantes transitoriamente.  

Las descritas son sólo algunas de las causas que en nuestro país presionan por la suba de los alimentos, existiendo toda otra gama de menor incidencia que excede el presente artículo.   

Instrumentos para evitar las subas

Si bien el Gobierno viene tomando medidas para regular el precio de los alimentos, lo cierto es que no se han tomado medidas destinadas a modificar de fondo un esquema económico que produce enormes asimetrías estructurales entre los niveles de precios y salarios y, con ello, el deterioro sistemático del nivel de vida del pueblo argentino. Pese a tales medidas, el poder adquisitivo aún no ha detenido el grave proceso de empobrecimiento iniciado a finales del año 2015. Momento en que una seguidilla de devaluaciones, la eliminación de retenciones a las exportaciones de determinados productos y la reducción en otros, a lo que se vino a sumar la crisis financiera que estalló en el año 2018 luego de un proceso descontrolado y sin precedentes de endeudamiento y fuga de divisas, terminaron generando salarios reales completamente deteriorados.

En ese sentido, celebramos las palabras de la Vicepresidenta Cristina Fernández en el mes de diciembre, al plantear de forma contundente la necesidad de alinear precios, salarios y tarifas, a fin de evitar que el crecimiento previsto para este 2021 “se lo queden tres o cuatro vivos nada más”, según sus palabras textuales. 

Pero volviendo a los temas estructurales, por el momento quizás la única medida capaz de modificar cuestiones de fondo, haya sido el frustrado intento de expropiación de la empresa Vicentín, que hubiera permitido que el Estado tomara un rol protagónico en el comercio de granos y, a su vez, contar con una gran herramienta que contribuyera a mejorar sustancialmente el control de la actividad, hoy en manos de empresas multinacionales que sacan la producción del país a través de puertos privatizados en los años ‘90, llevando a cabo todo tipo de maniobras, que incluyen la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones y el contrabando. Mecanismos, entre muchos otros, a través de los cuales se van hacia el exterior los dólares que sistemáticamente le faltan al Estado y lo someten a reiteradas devaluaciones, que no sólo han ido y siguen destruyendo el poder adquisitivo de los salarios sino que ha destruido por completo la confianza en nuestra moneda. Y no hay posibilidad de que un país, en el mundo capitalista en el que vivimos, pueda desarrollarse sin tener una moneda sana. 

Es que de tal importancia es contar con una moneda sana (que preserve su valor en el tiempo), que, palabras más, palabras menos, el mismo Lenin decía que la mejor manera de destruir a un país y al sistema capitalista, era destruyendo su moneda.   

Siendo los alimentos productos cuyo precio se fija en el ámbito internacional a partir de su oferta y demanda global, encontramos que tenemos dos mercados. Uno local y uno internacional, de dimensiones y componentes muy diferentes. Pero que, en el caso de que el país que se analice, no tenga establecidas determinadas limitaciones al libre comercio internacional de los productos, ambos mercados estarán conectados de manera directa en cuanto al precio, siendo el mismo igual en ambos mercados o de escasa diferencia. 

De ahí la importancia de que en un país como el nuestro existan mecanismos o instrumentos que permitan desacoplar los precios locales de los internacionales. De lo contrario, un/a trabajador/ra argentino/a, con sus magros salarios en pesos, tendría que comprar los alimentos a precios internacionales, pagando, en consecuencia, lo mismo que paga un japonés o un europeo con monedas fuertes. Hecho inadmisible en un país como el nuestro, que produce alimentos para más de 400 millones de personas y que, por ende, con apenas poco más del 10% de lo que produce, podría garantizar una alimentación adecuada a su población. 

Para lograr dicho desacople, el gobierno cuenta con dos herramientas que sobresalen entre otras de menor relevancia para una economía como la argentina. Cupos de exportación (al limitar la cantidad que se puede exportar, vuelca toda aquella producción que no puede exportarse, al mercado interno, generando así una respectiva baja en el precio, producto del aumento de la oferta en el mercado interno) y retenciones a las exportaciones (se producen bajas en el precio interno proporcionales al derecho de exportación que se cobre, y a su vez, mejoras en los ingresos del Estado y por ende mejor redistribución del ingreso).

No son medidas que en modo alguno impidan la exportación de dichos productos ni que la reduzcan en grandes niveles, si tenemos en cuenta la enorme producción argentina en el sector. Pero tales exportaciones, sólo deben darse en un esquema en el que la alimentación del pueblo argentino esté garantizada en cantidad y calidad de manera prioritaria. 

Lejos se estará de solucionar el problema a través de las medidas paliativas o accesorias implementadas para calmar la creciente tensión en los precios de los alimentos, si no van acompañadas de las decisiones de fondo tendientes a atacar las raíces del problema. Mucho menos servirán las reiteradas reuniones con los diferentes sectores ni los discursos si no se sancionan y ejecutan, con firmeza y decisión, las normas y medidas correspondientes por parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Cabe destacar que la importancia de aplicar herramientas que regulen el precio interno de los productos alimenticios exportados no sólo radica en que permite bajar el precio interno del producto en sí, sino también el de todos los restantes productos que utilizan éstos como insumo en su cadena productiva. Es así que, si sube o baja el precio interno del maíz y la soja, de manera casi inmediata sube o baja el precio de la carne, el pollo, la leche, los huevos y demás productos que utilizan dicho insumo en importantes proporciones. 

Ejemplo de ello es el gran incremento del precio de la carne que se ha dado y que fue motivo de polémica recientemente a raíz del acuerdo llevado a cabo entre el gobierno y los frigoríficos para reducir el precio de la carne a partir de un acuerdo de precios para un determinado volumen de cortes de consumo popular. Y aquí estamos ante un producto que se enfrenta a dos causales principales de su aumento. Por un lado, encontramos el fenómeno explicado del incremento del valor de los granos, que son el insumo principal para la alimentación del ganado, y por otro, el gran incremento de demanda de China de este producto en el último tiempo a raíz de haberse trasladado hacia nuestro país gran parte de las compras que el gigante asiático hacía en los EE.UU. Lo cual, en principio, es un fenómeno coyuntural derivado de las tensiones comerciales entre las dos principales potencias económicas mundiales.  

Dicho incremento de precios requiere una solución sustancial urgente, dada la importancia que tiene la carne en la alimentación argentina, puesto que el mencionado acuerdo lejos está de dar una respuesta a la población que más lo necesita. No sólo porque representa un porcentaje mínimo del consumo de carne argentino, que por cierto ha llegado a sus niveles per cápita más bajos de la historia, sino porque no comprende al universo de carnicerías de proximidad que abastecen a la mayor parte de los sectores de menores recursos.  

En la alimentación del pueblo se juega el destino común 

Una correcta alimentación no es sólo un derecho humano elemental que debe garantizar el Estado, sino que se trata de un proceso del cual depende de forma directa la conformación psicofísica de todo ser humano, en tanto está destinada a conformar el sustrato básico sobre el cual se apoya y del cual dependen su estructura y sus funciones vitales, así como también es la fuente de energía de la cual depende todo pensamiento y acción humana. 

Por lo tanto, la adecuada cantidad y calidad de la alimentación constituye el pilar y punto de partida material del cual dependerá la expresión de todas las potencialidades humanas de las cuales está dotado cada individuo.  Hecho que cobra mayor relevancia en las primeras edades de vida, atento a estar probado científicamente que los niños y niñas que tienen una deficiente alimentación, tanto en cantidad como en calidad (adecuada combinación de hidratos de carbono, proteínas, minerales y vitaminas que garantice los requerimientos esenciales del cuerpo humano), no podrán llegar jamás a expresar todo su potencial genético, aun cuando en años posteriores se alimente de forma adecuada, ya que la expresión de dicho potencial depende de forma directa del correcto desarrollo neurológico en la primera infancia. 

La aclaración hecha no es de menor relevancia, toda vez que en nuestro país, a raíz del costo de la alimentación en relación a los deteriorados ingresos, no sólo viene ocurriendo que miles de compatriotas no lleguen a cubrir las necesidades calóricas básicas en los casos más graves, sino que un enorme porcentaje en los sectores de menores recursos sufra todo tipo de consecuencias en su salud, derivadas del déficit de proteínas, vitaminas y minerales, debido a que los alimentos que pueden adquirir son mayormente productos con alta concentración de hidratos de carbono simples de bajo valor nutritivo, pero altos en calorías, que generan todo tipo de inconvenientes en la salud y la calidad de vida de la población. 

Ante lo dicho, queda claro que los responsables de que importantes sectores del país padezcan los efectos de un déficit alimentario son también responsables directos de una tragedia colectiva de consecuencias tan enormes como difíciles de cuantificar y dimensionar en su totalidad. No sólo para el afectado directo, quien por el accionar de otros integrantes de su pueblo se verá privado de parte de sus potencialidades, sino para todo el colectivo social del que es parte. El cual se beneficiaría de forma directa o indirecta de dichas potencialidades, de no haberse truncado la expresión de las mismas, producto de acciones u omisiones por parte de quienes tienen responsabilidad en el déficit alimentario padecido. 

El hambre de algunos es injusto cuando otros ostentan opulencia; pero lo es más si, como es frecuente, ello recae en los que trabajan para mantener en la ociosidad a los que no lo sufren. La miseria, más grave para la mente que para el cuerpo, disuelve en los hombres los sentimientos sociales y entibia los vínculos de la solidaridad.” Palabras de José Ingenieros en su gran obra “Las Fuerzas Morales.”

En nuestro país llevamos décadas naturalizando que en un país inmensamente rico en recursos naturales, que produce alimentos para alimentar a más de ocho poblaciones similares a la nuestra (otros cálculos hablan de más de diez veces su población) a partir de sus privilegiadas condiciones de suelo y clima, el déficit nutricional, y por ende la hipoteca del futuro de millones de compatriotas, sea una realidad aceptada casi como una suerte del destino. 

Como dijera el maestro Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina “La pobreza no está escrita en los astros; el subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. En cierto modo, la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden: es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin: la tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta.” 

Los derechos esenciales no pueden quedar librados a las leyes del libre mercado

Al referirnos a la alimentación no estamos hablando de algo que el Estado pueda hacer caso omiso, sino que se trata de un derecho humano básico desde los tiempos mismos en que naciera su paradigma. En tal sentido, la FAO dice: “Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…» Casi 20 años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996) elaboró estos conceptos más plenamente, haciendo hincapié en «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación…», y especificando «el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre». A la luz de los resultados en la materia, están de más los comentarios que podamos hacer respecto de la eficacia que han tenido tales derechos.

Es por lo dicho que la alimentación del pueblo argentino no puede quedar librada simplemente a las leyes de oferta y demanda del comercio internacional y, por el contrario, requiere una acción sustancial por parte del Estado, a efectos de lograr un adecuado equilibrio entre el precio de los alimentos y los salarios de su población, de manera que la adecuada alimentación se encuentre garantizada.  

¿Siempre fue igual esto en Argentina? 

Después de los años noventa, producto de las políticas económicas y sociales llevadas a cabo por el recientemente fallecido ex presidente Menem, en nuestro país, entre tantas otras atrocidades que hasta el día de hoy seguimos pagando muy caro como pueblo, se desguazaron todos los organismos reguladores y de control que tenían por objeto disminuir o eliminar los desequilibrios del mercado. Eran tiempos en que la falacia de que los mercados “libres” proporcionarían mayor bienestar a la población, producto de que, presuntamente de ese modo, las enormes riquezas que generarían los estratos superiores de la pirámide social iban a hacer que las mismas derramaran hasta el último ciudadano. 

Como es sabido, nada de ello ocurrió. Por el contrario, producto de esa gran estafa, el país terminó en la peor crisis social de su historia, detonada en el año 2001, que dejó al Estado completamente empobrecido y desarticulado sin ninguna capacidad para intervenir seriamente en la economía. 

Fueron tiempos en que se estableció el modelo agrario de monocultivo actual, que hace que la mayor parte de nuestro territorio esté destinado a ser un mero eslabón de una cadena global de valor en la que el país mayormente se ve limitado a no ser más que un proveedor de productos primarios con escaso agregado de valor y poca generación de trabajo. Es el modelo dependiente del paquete tecnológico importado, de orientación extractivista, de campos alquilados y despoblados, permanentemente sometido a los precios internacionales que determinan qué es lo que debemos producir. Precios sobre los cuales, a raíz de la desregulación del sector, la eliminación de los organismos de control y la privatización del comercio internacional, el Estado no tiene ninguna posibilidad de incidir en su formación ni arbitrar ante las variaciones de la oferta y la demanda. Quedando lejos así los tiempos en que el Estado Nacional tenía el control de su comercio exterior a través de instituciones como el IAPI, las cuales por su complejidad y extensión de abordaje, trataremos en artículos futuros. 

De tal gravedad fue el desguace referido, que hoy el Estado ni siquiera puede tener el control de la liquidación de las exportaciones ni del despacho de las mismas, que se realiza con simples declaraciones juradas en puertos privados concedidos a un oligopolio de multinacionales que maneja nuestro comercio internacional. La mayoría de los lectores estarán familiarizados con las reiteradas humillaciones a la que se tienen que someter el pueblo argentino, cuando los gobiernos de turno deben ir a suplicar que liquiden exportaciones ante la reiterada escasez de dólares, que en forma permanente amenaza con detonar una devaluación con sus respectivas consecuencias para el bolsillo de los trabajadores.

Pero esto no siempre fue así por más que por muchos años se nos haya querido hacer creer lo contrario. El desguace de todo este sistema, y con ello el establecimiento de todos los mecanismos de saqueo del país, fue establecido a desde hace no muchas décadas y, por ende, sin lugar a dudas puede ser modificado nuevamente si emerge una nueva generación de dirigentes con real vocación de transformar la realidad de su patria, luego de sembrar conciencia y recuperar la memoria de la grandeza de lo que fue un día, en el que la soberanía política, la independencia económica y la justicia social no eran preceptos teóricos o utópicos, sino un destino para el pueblo argentino al cual nos dirigíamos con estrategia, táctica e inteligencia en acción coordinada, empujada por la fuerza de un pueblo empoderado dispuesto a ser libre y próspero material y espiritualmente. 

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