Las playas y los datos son públicos

Publicado el Por Repliegue

Con la llegada del nuevo año y del verano, la idea de poder hacerse una escapada a la costa, al menos por un par de días, ocupa la cabeza de cientos de miles o millones de argentinos/as.

Para quienes nacimos en la costa, la “temporada” nos molesta un poco: llegan los “porteños” y llenan de gente todos los lugares que nos gustan. Aunque por un lado quisiéramos que no viniera nadie, sabemos la importancia que tienen estos tres meses en la economía de nuestras ciudades y la cantidad de fuentes de trabajo que generan.

Ya en los meses previos se puede apreciar cómo se pone el operativo en marcha: las casas aledañas a la costa son refaccionadas, los bares suman mesas y personal, las plazas son embellecidas y comienzan a armarse los balnearios.  Año tras año esta forma de organización es una constante.

 Mar del Plata, con una población estable de 650.000 habitantes recibe aproximadamente 8 millones de turistas al año, lo que la sitúa como uno de los polos turísticos más importantes del país.

En esta ciudad, se viene dando una práctica que no pareciera traer beneficios a sus ciudadanos o estar orientada según sus intereses como habitantes de la ciudad, o por lo menos no a su gran mayoría. Se trata de la privatización de la playa pública por parte de los balnearios.

Estos complejos, que en su gran mayoría, y por no decir todos, tienen tarifas muy elevadas -lo que en los hechos excluye también a la gran mayoría de la población marplatense-, parecen creerse dueños de todo.

No solo extienden la línea de carpas tomando cada vez más y más de los metros que corresponderían a la playa pública, sino que dependiendo de en qué zona de la costa nos encontremos, podemos hasta escuchar historias de gente que fue echada por su aspecto, o que no se le permitió poner su sombrilla porque “tapaba la vista de la gente que pagaba”, entre otras tantas anécdotas insólitas.

En este marco, la lucha por la defensa de las playas públicas no es algo nuevo, ya hace tiempo es llevada adelante principalmente por diversas ONG, organizaciones vecinales y ciudadanos/as auto convocados/as.

El contexto actual de distanciamiento social hizo que este conflicto de la privatización del espacio público se agudice aún más. Ya en noviembre cuando los balnearios empiezan a tomar forma, los pequeños cordones de playa pública que “dejaban” para el acceso general, parecían una tomada de pelo para la población marplatense. La indignación por esta realidad, con la pasividad del municipio en su regularización, dio como resultado algunos destrozos y la movilización de cientos de marplatenses.

Aunque el accionar del empresariado lógicamente no es que el que uno quisiera, es algo que puede esperarse que suceda en  su afán de maximizar ganancias.

Lo preocupante aquí es la inacción del Estado sobre esta realidad, ya sea por inoperancia, por omisión o por complicidad, dejando con ello que se avasallen derechos del pueblo. Como una tibia respuesta, se dispuso la quita de 900 carpas que es un porcentaje insignificante en la cantidad de terrero privatizado.

Ahondando un poco más en el tema, la complicidad entre el Estado municipal -sin distinción de banderas políticas- y los/as dueños/as de los balnearios parece vislumbrarse más claramente.

Producto de este conflicto, distintos grupos que luchan por la defensa de la playa pública -entre ellos la Organización MAR- pidieron a la municipalidad mediante el “Proyecto de Transparencia Activa de Concesiones de Playas” –el cual vienen promoviendo hace más de 2 años-, que haga pública la información vinculada a las concesiones de las playas. Ante esto, el 21 de diciembre de 2020 la comisión de legislación general del consejo deliberante marplatense dio como respuesta “dejar bajo estudio” este requerimiento.

Entre la información pública que la ciudadanía solicita conocer, la que resulta fundamental para conocer lo que verdaderamente sucede alrededor de los balnearios y es escondida por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR), se encuentran:

  • Los porcentajes de playa pública y playa concesionadas.
  • Cantidad de obras a las que se encuentra obligado cada concesionario, en qué plazos y por qué montos.
  • El canon (alquiler) básico que fija el contrato de concesión de cada balneario y su forma de actualización anual.
  • La cantidad de carpas que cada concesionario declara haber alquilado en la temporada. Este dato es clave para el cálculo del canon anual que debe pagar cada balneario.
  • El precio promedio de las carpas, que se usa de base para calcular el canon anual que debe pagar cada balneario.
  • La evaluación y certificación del impacto ambiental de cada balneario.
  • Las infracciones labradas a los balnearios por incumplimientos de los contratos de concesión.
  • Un plano actualizado de cada balneario, indicando porcentajes del espacio público y del concesionado, baños y accesos públicos, ubicación de carpas y sombrillas, chiringos y espacios destinados a gastronomía y espacios recreativos (como lo destinados a piletas).

De acuerdo al marco normativo vigente en nuestro país, el derecho a la información pública comprende el derecho de toda persona a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, que se encuentre bajo la custodia del Estado[1]. El ejercicio de este derecho se encuentra resguardado a nivel nacional[2], provincial [3]y municipal[4].

En la misma línea, la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública consagra el deber de transparencia a cargo de los tres poderes del Estado Nacional, las empresas del Estado y los concesionarios y permisionarios de uso del dominio público, entre otros sujetos obligados[5]

También mediante esta ley tenemos el deber de transparencia activa, que consiste en la obligación de publicar en forma completa y actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos, algunas categorías de información.[6]

Como se puede apreciar mediante la normativa vigente, la situación es irregular por donde se la mire y la complicidad del municipio marplatense surge casi obvia. Con las irregularidades en las que transitan este tipo de negocios sobre el espacio público, el único que pierde es el pueblo, que año tras año ve como sus derechos son avasallados a costa de intereses espurios y mezquindades de una clase dirigente que se olvida para quien gobierna. 

Aunque uno quisiera que no sea así, en una sociedad donde se predica que la realización es individual y no colectiva, esta realidad resulta más que esperable por parte de los empresarios de la costa. En ese lugar es donde el Estado debe hacer su aparición, siendo el mediador entre los intereses del empresariado y el pueblo, creando soluciones que beneficien a ambos, considerando el momento histórico que nos toca transitar, y teniendo en cuenta a un tercero que nos incluye a todos: el medio ambiente.

Apoyamos firmemente la lucha del pueblo marplatense en la defensa de la playa pública y acompañamos la solicitud de acceso a la información pública presentada al municipio de General Pueyrredón para que aporte todos los datos exigidos por la ciudadanía. Tanto las playas, como la información referida a ellas, son públicas y debe garantizarse su acceso a la ciudadanía en condiciones de igualdad.


[1]  La Ordenanza municipal N° 13.712 establece en su artículo 1°: “Toda persona física o jurídica, por sí o por medio de su representante, tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano dependiente del Honorable Concejo Deliberante o del Departamento Ejecutivo ya sea en la administración central, Entes Descentralizados, Sociedades de Estado, Juzgados de Faltas en cuanto a su actividad administrativa y todas aquellas otras organizaciones donde la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón tenga participación”

[2] Decreto N° 1172/03 y Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, N° 27.275.

[3] La Ley N° 12.475/00 y su Decreto reglamentario N° 2549/04 establecen el marco normativo a través del cual el Estado provincial garantiza el acceso a los documentos administrativos en el ámbito del Poder Ejecutivo.

[4] Op. cit. 1

[5] Art. 7 de la Ley 27.275

[6] Art. 32 de la Ley 27.275

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