Novedades y estado de implementación del Código Procesal Penal Federal

A partir de la publicación de la Resolución N° 1/2021 dictada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), conformada en el ámbito del Congreso de la Nación, desde el 8 de febrero de 2021 comenzaron a ser aplicables seis artículos del nuevo Código (366, 367, 368, 369, 370 y 375) en todo el sistema de Justicia Penal Nacional y Federal.

Previo a comentar el contenido de estos artículos y su implicancia en la realidad judicial en nuestro medio, se debe tener presente que al día de la fecha el CPPF se aplica íntegramente y en su totalidad únicamente en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que comprende a las provincias de Salta y Jujuy.

Con ello, existe un proceso de implementación territorial parcial, ya que en el resto de las jurisdicciones federales de todo el país se continúa aplicando el anterior Código Procesal Penal de la Nación (CPPN, Ley N° 23.984 de 1991), a excepción de ciertas materias en las que comenzaron a aplicarse artículos del nuevo Código -como sucede a partir de este caso y de las anteriores Resoluciones Nros, 2/2019 y 1/2020-, lo que constituye a su vez una implementación normativa parcial.  

Concretamente, con esta nueva Resolución N° 1/2021 pasan a aplicarse en todo el territorio nacional y siempre en casos de delitos federales, estos nuevos artículos, que se complementan con los artículos 21, 54 y 336, inciso f, ya aplicables a partir de las resoluciones anteriores y tienen que ver con el sistema de recursos ante las sanciones penales y/o el procedimiento de revisión de sentencias condenatorias en nuestro sistema judicial nacional y federal. 

Ejecución de sentencias firmes 

La novedad más importante en este caso seguramente sea aquella que trae el artículo 375, en cuanto dispone textualmente que solo pueden ser ejecutadas las sentencias que se encuentren firmes. 

Ahora bien, en este sentido, ¿cuándo una sentencia está firme? 

Hasta el momento de alguna manera existía un vacío sobre este tema por el hecho de no existir una norma concreta en el vigente CPPN que de manera explícita estableciera en qué momento una sentencia condenatoria podía pasar a ejecutarse -a producir sus efectos jurídicos sobre la persona condenada-, lo que daba lugar a interpretaciones jurisprudenciales diferentes y contradictorias según la jurisdicción y el caso concreto.  

En este sentido, una sentencia -la decisión final de un tribunal tras la realización de un juicio sobre hechos puntuales y en relación a personas determinadas-, podía ser considerada “firme”, según la interpretación de cada tribunal interviniente. Por ejemplo, solo con una confirmación por parte de la Cámara de Casación -Nacional o Federal, según el caso-, con un rechazo del recurso de casación y/o de revisión -asimilable en los hechos a una confirmación-, o bien,  recién una vez que tuviera intervención la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja o un recurso extraordinario federal. 

Con esta nueva disposición queda explicitado que una sentencia podrá considerarse firme y por ende podrá ejecutarse sólo una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión existentes, no únicamente ante la Casación correspondiente, sino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Lo cierto es que esta novedad normativa aporta una regulación expresa sobre un tema particularmente sensible, del que pueden derivarse situaciones de incertidumbre y desigualdad material ante la ley que cobran particular relevancia en el marco de un proceso penal, en cuanto en gran parte de estos casos se define sobre la libertad o el encierro de una persona, o bien sobre su patrimonio y vida civil (multas, inhabilitación para ejercer ciertos cargos y/o empleos, etc.).  

En lo normativo, no es más que un refuerzo al principio de inocencia, que es aquel a partir del cual se estructura el procedimiento penal de tipo acusatorio, que rige al menos formalmente en nuestro medio y, en mayor o menor medida, prácticamente en todo el “mundo occidental”.

En realidad, lo cierto es que no se produce un cambio importante. Por un lado, las Cámaras de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación continuarán interviniendo en los mismos casos que hasta ahora; y por el otro, siempre existe la posibilidad de que en el caso concreto -y hasta tanto se agoten cada una de las distintas posibles instancias del sistema recursivo-, la persona que recurre su condena quede sujeta a prisión preventiva u otra medida de coerción personal cuando existiere peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación según artículos 210, 221 y 222 del CPPF. 

Sobre esto último, debe tenerse en cuenta que más de la mitad de las personas que se encuentran privadas de su libertad en nuestro país, lo están en situación de prisión preventiva, es decir, con una investigación aún en trámite y sin una condena firme resultante de un juicio, lo que sin dudas constituye la irregularidad de fondo más importante en el aparato judicial. Se trata, ni más ni menos, y por las propias falencias del sistema, del sometimiento al encierro a personas de momento inocentes.  

Trámite de revisión de las sentencias

Los demás artículos que se vuelven aplicables (366, 367, 368, 369 y 370) tratan sobre el recurso de revisión, ya existente y con plena vigencia en el sistema de justicia federal. 

De hecho, el nuevo artículo 366 del CPPF es prácticamente idéntico en su redacción al 479 del CPPN que regula la misma materia. Únicamente se incorporan como nuevos supuestos de procedencia del recurso de revisión de sentencia el caso en que la sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba de evidente falsedad -aún sin la existencia de un proceso que así lo determine- (inciso b) o en el supuesto que se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (inciso f).

El resto de los motivos que dan lugar a un recurso de revisión son exactamente los mismos que en la redacción original del CPPN de 1991. En este caso, seguirán siendo competentes en los recursos de revisión -como hasta el momento-, los jueces y las juezas de las Cámaras de Casación, tal como lo dispone el nuevo artículo 54 del CPPF. 

Otro agregado interesante es aquel contenido en el artículo 368 del CPPF, que dispone de manera explícita que al momento de sortear el tribunal que entenderá en el recurso se excluirán a quienes hubieran intervenido en alguna instancia anterior del proceso, lo que resulta al menos prudente desde la garantía de imparcialidad. 

Por último, la novedad es que el tribunal que resulte sorteado, en caso de hacer lugar a la revisión, deberá pronunciar directamente la sentencia definitiva. De esta manera, en principio, se anula la posibilidad de que disponga la realización de un nuevo juicio oral.  

Se trata de cuestiones técnicas que hacen a la sistematización y adecuación del sistema procesal vigente en nuestro país a estándares más elevados de cumplimiento de las garantías procesales, de acuerdo a nuestra norma constitucional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país y que poseen jerarquía constitucional según el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

Esto tiene su particular relevancia por el simple hecho de que la garantía de recurrir una sentencia condenatoria es uno de los últimos eslabones en los que se dirime la responsabilidad penal de una persona, y con ello, su libertad o encierro por un período determinado de tiempo. 

Entonces, se trata de una de las últimas posibilidades de demostrar la inocencia en un caso concreto, o bien, de cargar definitivamente con una condena y con todas las consecuencias profundamente negativas que derivan en la vida de una persona. 

Dicho de otra forma -y siempre teniendo en cuenta que todo el sistema se estructura idealmente a partir del principio de presunción de inocencia-, es la última chance de evitar una injusticia, que además, cuando involucra la libertad de una persona, es en general irreparable. 

Expectativas

Más allá de estas novedades formales sobre el sistema recursivo y la revisión de las sentencias firmes, lo cierto es que el contexto de hecho no es del todo alentador. 

Por un lado, es sabido que los procesos penales complejos y principalmente aquellos que involucran a la clase o dirigencia política tienen una duración indeterminada, sin un plazo límite establecido. En gran parte, esto sucede por el tiempo que transcurre en el camino del procedimiento recursivo. 

Por dar solo un ejemplo, entre los tantos posibles, es ilustrativo aquel de las irregularidades en la venta de armas durante el gobierno del ex presidente Menem, hechos sucedidos en los primeros años de la década del 90, y que al final del camino recursivo encontraron una absolución por prescripción de la acción penal en 2018 tras haber transcurrido más de 25 años. 

Más allá de cualquier consideración que pueda hacerse, es un ejemplo evidente en el que el propio sistema dio cuenta de su ineficacia, ya que por su propia estructura y reglas de juego dejó impunes hechos de enorme relevancia institucional con impacto regional e internacional. 

En otro orden de cosas, otro caso significativo y también entre miles plausibles, es aquel de la “Masacre de Pompeya” -narrado en el recomendable documental “El Rati Horror Show”-, esta vez a la inversa y con un hombre de a pie involucrado, Fernando Ariel Carrera -acusado mediante una “causa armada” incriminatoria-, por un delito que no cometió y en el que recibió varios disparos por parte de la fuerza policial. Sentenciado a 30 años de prisión en 2007 por un hecho sucedido en 2005 -momento en que fue encerrado-, recién en 2016 y al final del camino se encontró con una absolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como se ve, 11 años sometido al encierro y ligado a un proceso penal de manera injusta.  

Son solo ejemplos que dan cuenta de las fallas de un sistema en su estructura misma y que seguramente no encontrarán solución únicamente con ajustes formales o normativos, sino que requerirán de un diagnóstico serio y responsable que apunte a producir mediante acciones efectivas las reformas y transformaciones que resulten necesarias para su perfeccionamiento según los principios por los que se rige. Sobre este tema en particular, los principios de presunción de inocencia, igualdad ante la ley e imparcialidad de quien decide sobre los hechos. 

Es cierto que no existe en la praxis el sistema penal ideal en el que no se produzca una sola injusticia, o aquel en que se cumplan en todos los casos la totalidad de las garantías y derechos que una persona posee en un proceso judicial; pero también es cierto, que al estar comprometida la libertad, se debe tender siempre a la perfección, y con ello, a evitar al máximo que se cometan errores que luego serán insalvables.

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