El Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvo en Repliegue conversando sobre distintos temas que atraviesan nuestra sociedad: funcionamiento de la actual Corte Suprema, debilidad institucional, “lawfare” y partidos únicos de medios, situación geopolítica local y regional, medidas de restricción y garantías, entre otros.
En marco de las estructuras hoy existentes en el sistema de justicia federal, ¿qué opinión tiene respecto del Código Procesal Penal Federal que está en proceso de implementación? ¿Cuál es su expectativa en cuanto a la viabilidad de su aplicación integral y en particular del paso hacia la oralidad y a un sistema acusatorio más definido?
En abstracto es incuestionable que un sistema acusatorio es siempre mejor que el inquisitorio. No obstante, debemos tener en cuenta que un código procesal no es gratuito. En materia penal se pueden hacer todas las reformas, por disparatadas que sean, puesto que no necesitan presupuesto, son gratuitas. Así fue con las resultantes del papelón que hizo nuestro Congreso Nacional y toda la clase política arrodillada ante Clarín en el caso del histérico ingeniero de utilería Blumberg. Destrozaron el código penal y no hubo que invertir un peso y hoy tenemos las ruinas de un código y, espero que no se les ocurra hacer otro, porque en el imperio de la mentira va a ser peor.
Las reformas procesales son diferentes, porque cuestan dinero, dado que si no se invierte en infraestructura no funcionan, quedan en el papel. El código es bueno en el papel, si va a funcionar o no en la práctica dependerá del dinero que se invierta y que se lo haga bien, para tener jueces, fiscales, defensores, salas de audiencia, personal, etc., pero también dependerá de otra circunstancia, que es tener buenos ministerios públicos, tanto fiscal como de la defensa y, especialmente del primero, que será el encargado de investigar.
Habrá que evitar que los fiscales se conviertan en policías de una gestapo, pero para eso debemos empezar por la cabeza, es decir, con un jefe o procurador nombrado constitucionalmente, que no sea vitalicio y que tampoco sea omnipotente, porque se corre el riesgo de crear un adalid de la venganza que de allí quiera largar la candidatura de presidente llenando las pantallas de Clarín rodeado de víctimas llorando. Esto no es fantaciencia, es lo que pasa en los Estados Unidos, con procuradores que se lanzan a senadores y/o gobernadores.
En este sentido, ¿cuál es su opinión respecto a la inclusión de mecanismos alternativos en el abordaje de la conflictividad penal, como por ejemplo la posibilidad de la reparación?
No se trata de resolver problemas penales por medio de la reparación. Cuando pasamos de la punición a la reparación es porque sacamos el problema de lo penal y pasamos a otro mecanismo de solución de conflictos: el reparador, propio del derecho civil. Se trata de “desviar” el problema hacia la reparación o restitución. Siempre es mejor que el punitivo, porque resuelve mejor el problema, dado que interviene la víctima, que en el punitivo se queda fuera, se le confisca el conflicto, porque el Estado pasa a ser la víctima.
Si en la práctica se lo instrumenta bien puede ser la solución en un enorme número de delitos en especial contra la propiedad. Reduciría la carga de conflictividad derivada en los tribunales penales, sacaría del medio un “chiquitaje” en el que se invierte mucho dinero y no tiene ningún efecto positivo más que el de reproducir problemas.
Teniendo en cuenta el actual funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿cuál es su opinión respecto a la propuesta efectuada por el Presidente de la Nación respecto a la creación de un Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias? ¿Cree que sería un remedio adecuado para el control de constitucionalidad y de arbitrariedad en el estado de situación actual?
No creo que sea una solución. Es inevitable que la Corte Suprema siga siendo “suprema”, porque así lo dice la Constitución. No hay forma de impedir que las decisiones de ese tribunal no sean revisadas por la Corte Suprema cuando a ésta se le dé la gana, por más que la ley diga que sus decisiones no son recurribles ante la Corte. La propia experiencia de la arbitrariedad lo prueba: es una competencia que la Constitución no le asigna a la Corte y que ésta fue asumiendo pretorianamente –por su cuenta– desde hace un siglo, primero por excepción y luego por regla. Lo mismo pasaría inevitablemente con este tribunal, más tarde o más temprano. El resultado sería sumar una instancia más, porque nada puede impedir que la Corte “Suprema” decida comenzar a revisar la arbitrariedad del tribunal de arbitrariedad.
En este sentido, ¿cuál considera entonces que sería una solución adecuada en lo que hace al trámite recursivo y el rol de las casaciones y principalmente de la CSJN en la administración de justicia en lo penal? ¿Una composición de Corte más amplia y conformada en salas podría ayudar en este sentido?
De momento y en el marco constitucional vigente, es decir, sin pensar en lo que podría ser una mejor institucionalización en una eventual reforma constitucional, creo que necesitamos una Corte Suprema de por lo menos quince jueces, dividida en salas para los casos de la llamada arbitrariedad.
¿Cuál es su opinión respecto del proyecto de ley de reforma del sistema de justicia federal con media sanción? ¿Cree que es necesario, o mejor dicho posible, democratizar el poder judicial? ¿Piensa que este proyecto de reforma puede ser una alternativa viable para terminar con la criminalización mediática y con el lawfare?
Desconcentrar poder siempre es bueno, de modo que acabar con Comodoro Py distribuyendo su competencia en todos los jueces penales nacionales de la Ciudad me parece positivo.
Es claro que el nido del lawfare fue la justicia penal federal de Buenos Aires, pero esto no acaba con la criminalización mediática y los consiguientes linchamientos televisivos, porque para eso sería necesario acabar con el partido único de medios que tenemos, es decir, pluralizar los medios y acabar con la construcción de realidad única y discurso único, incompatible con una democracia plural. El lawfare es resultado de asociaciones ilícitas entre jueces, fiscales, periodistas, espías y funcionarios hoy en la oposición.
Descentralizar a los jueces y fiscales es necesario, pero no suficiente y, además, mientras éstos tengan la posibilidad de estar cubiertos por las instancias superiores, seguirá abierta la posibilidad de que cualquiera pueda ser linchado por los medios y/o por algún juez o fiscal.
Usted propone, a partir de este tipo de persecuciones políticas mediante causas judiciales enmarcadas dentro del lawfare, la creación de una “Comisión Parlamentaria de la Verdad”, ¿cómo debería funcionar? ¿Cree que eventuales amnistías podrían ser una solución adecuada?
Una posibilidad –puede no ser la única– es que el Congreso convoque a una comisión de personas lo más plural y seria que sea posible para que establezcan la nómina de fallas procesales y de fondo que caracterizan a los casos de clara persecución política y, en base a esos caracteres objetivos (documentos inexistentes, amenazas a arrepentidos, vinculaciones de los jueces con funcionarios del ejecutivo, rechazo de pruebas ofrecidas, detenciones vergonzantes, indicios de odios y revanchas políticas, etc.), sea posible elaborar una ley de amnistía.
El indulto no funciona, porque si bien puede eliminar la pena, no elimina el delito. La solución dentro de las instancias judiciales tampoco, porque ya vimos lo que es capaz de hacer la Corte Suprema con el caso del ex vicepresidente, que sin más se negó a abrirlo y tratarlo.
En tanto, los presos siguen presos, los estigmas de condenas siguen vigentes y Milagro sigue presa en Jujuy. Me parece que algo se debería hacer, puede ser que esté equivocado, que no sea este el camino, lo admito, no se los llame presos políticos si suena mal, pero algo debería hacerse, estamos en democracia, en un Estado de derecho y con personas condenadas y presas en violación de elementales garantías procesales y por clara persecución política.
En el contexto global corriente que usted denomina “tardocolonialismo financiero”, en el que se articula concentración económica con sectores de la justicia y medios de comunicación, que a su vez operan en complicidad a través de falsas noticias y persecución judicial, ¿cómo se podría combatir a este poder político subalterno que se intenta instaurar a través de estos mecanismos?
El viejo neocolonialismo, cuando ya no pudo valerse de las oligarquías, porque las había debilitado el peronismo, se valió directamente de enloquecer a las fuerzas armadas trayendo el delirio de los franceses de Argelia, que creían que estaban en la tercera guerra mundial, cuando en realidad combatían contra un pueblo que peleaba por su independencia. Hicieron de las fuerzas armadas de la región fuerzas de ocupación territorial de sus intereses.
Ahora es diferente: ya no se valen de los militares, sino de los monopolios de medios de comunicación que operan como partidos políticos únicos, como el Völkisches Beobachter o el Pravda y usan los métodos de Göbbels y de jueces “propios”, como exigía el ex presidente. Esos son los frentes, no debemos equivocarnos, mientras no se les quiten esas armas seguirán siendo la amenaza que son para la democracia y para la libertad y todos los derechos de la ciudadanía.
En este contexto, ¿cómo percibe la situación a nivel local y regional? ¿Ve una posible salida de la crisis sistémica en la que nos encontramos? Por ejemplo, ¿pueden tener los Estados la potestad de regular el sistema financiero?
Es obvio que vamos a salir, los pueblos no se suicidan ni desaparecen, tarde o temprano se mueven. El mundo cambia, ya no es bipolar, la mafia financiera del norte no puede durar mucho, la concentración de riqueza en el 1% de la humanidad tiene que provocar reacciones, no se intenta paliar este proceso, sino que se insiste en mayor concentración, al final el sol no se puede ocultar con un dedo. “Esto no se sostiene” dijo el Papa en la Encíclica, cuando todavía no había pandemia. Ahora se sostendrá menos todavía, todo se tambalea. No es cierto que no hayamos salido y que no se pueda salir. Salimos cuando todo estaba todavía más armado, cuando no se sentía que temblaba todo como ahora, y si estamos de nuevo en el pozo es porque la mafia financiera logró poner a sus agentes en el poder mediante el partido único de medios y el judicial.
Todo está relacionado: si no cuidamos las instituciones, restauramos la democracia plural en serio, seguimos con partidos únicos de medios al servicio de la mafia financiera, con jueces que responden a lo mismo, es obvio que nos volverán a enterrar. Mientras procuremos salir y tener un poco de aire, debemos enfocar la cuestión en los poderes internos, sino ni siquiera vale la pena intentar salir.
De todas formas, creo que los países de la región se mueven, no están quietos. Es bastante imprevisible lo que sucederá con el poder mundial, pero habrá nuevos alineamientos, hay que estar atento, hay que saber moverse entre ellos. Juan Domingo Biden o Franklin Delano Perón no son de confiar, pero indican que algo está pasando.
¿Por qué considera que Argentina y Brasil, siendo las economías más importantes en nuestro continente no han logrado avances relevantes en materia económica y financiera?
Por lo que dije antes: debilidad institucional, clases políticas inconscientes, partidos únicos de medios, clases medias desconcertadas, clases populares confundidas, agentes de la mafia locales.
De este modo, y considerando el peso de los agentes sociales que hoy ponen en jaque nuestra democracia y soberanía, e impulsan la concentración de riquezas, ¿cómo cree que la Argentina debería repensar una institucionalidad democrática y popular?
Creo que, aunque sea un objetivo a mediano plazo debemos señalarlo. Cuando se lucha por algo se debe saber qué es ese “algo”, se lo debe tener claro. No basta con lo “nacional y popular”, con la reivindicación de la soberanía, la justicia social, esos son objetivos generales, quizá objetivos tácticos sin duda pero que deben ser munidos de tácticas concretas y la realización de esos objetivos no será posible sin proyectar un modelo de Estado destinado a configurar una sociedad más justa, menos desigual, más democrática. Este proyecto más cercano y preciso debe concretarse en un proyecto de Constitución, necesitamos un proyecto institucional y constitucional que retome y actualice el ideario de la Constitución de 1949.
No tiene sentido preguntarse ahora cómo conseguiremos su sanción, porque eso lo lograremos luchando democráticamente, ayudando a que nuestro Pueblo abra bien los ojos, más allá de lo que muestran Clarín y La Nación, retomando los ideales de nuestros caudillos y de nuestros líderes populares, pero para eso, para luchar, hay que tener un proyecto. No se trata de soñar, no es perder tiempo, sino de concretar un proyecto nacional de institucionalización.
Respecto a su mención sobre la necesidad de restaurar la democracia plural en el sentido de la Constitución de 1949, ¿cree que las instituciones, el sistema electoral y las formas de representación actuales son adecuadas para ese nuevo proyecto de país?
Hay varios aspectos que deberíamos pensar, como por ejemplo, si el Senado tiene que intervenir en las leyes que no son de interés federal, porque en tal caso opera como contramayoritario. Es decir, en lo que se refiere, por ejemplo, a coparticipación federal por supuesto que debe hacerlo, pero si se discute el aborto, lo correcto sería que intervenga sólo la mayoría.
En lo que no es federal, especialmente en lo que no hace la distribución de recursos o cuestiones impositivas, no tiene sentido que el voto de un habitante de Tierra del Fuego valga veinte veces más que el de uno de la Provincia de Buenos Aires. Pero no es esta la única cuestión que debe repensarse. Hay que perfilar mejor las atribuciones de la CABA, no dejarla en el aire como ahora y establecer qué limitaciones tiene como sede del Gobierno Federal.
No puede tener competencia en materia laboral ni penal económica porque abarca cuestiones federales, no puede tener un registro de personas jurídicas porque se sabe que muchas empresas tienen domicilio en la CABA por ser sede del Gobierno Federal, entre otras atribuciones. Todo eso debe quedar claro y no ser materia de discusiones inconducentes y peligrosas.
¿Cómo evalúa los procesos de transformación que vivió América Latina en las últimas décadas?, como por ejemplo el proceso iniciado por Chávez en Venezuela, la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, o el corriente proceso de reforma constitucional en Chile, entre otros.
Es la mejor demostración de que los pueblos se mueven, no se quedan quietos, luchan por sus derechos, generan sus movimientos populares, con sus aciertos y errores, como todo lo humano, pero luchan, sobreviven y resisten desde hace quinientos años, superaron el colonialismo originario, el neocolonialismo de las repúblicas oligárquicas, el de seguridad nacional y ahora luchan contra el “tardocolonialismo” de la criminalidad financiera organizada.
Si podemos decir estas cosas, si no nos han hecho desaparecer, es porque seguimos resistiendo y sobreviviendo. Nuestras historias no son de vencidos, son de pueblos luchadores.
Evaluando el marco de situación generado a raíz de la propagación pandémica y los nuevos estándares e instrumentos de control social y ciudadano (restricciones, cuarentenas, exigencias de permisos de circulación y viaje, reconocimiento facial, sistemas de trazabilidad, entre otros), ¿ve afectaciones o avances sobre derechos y/o garantías constitucionales? ¿Cuáles son, o deberían ser, los límites legales respecto de este tipo de restricciones en la medida en que el contexto global continúe en el mismo sentido?
Ante todo, sentir que nos amenazan con el control electrónico personalizado chino es un absurdo, no lo tenemos ni disponemos de esa tecnología y no sé si funciona tan bien en China. Por otra parte, toda tecnología de control siempre ha sido burlada, ésta también lo sería. En el mundo tecnológico los ladrones corren detrás de los policías, todas las tecnologías de prevención son poderosas, supermodernas e infalibles, pero hasta que se la apoderan los ladrones.
Lo que nos afecta en este momento en la región no es no poder circular de noche, que obviamente entre nosotros no tiene ningún propósito de controlarnos políticamente, al contrario, ojalá pudiéramos salir todos a la calle y protestar masivamente contra algunos jueces, por ejemplo. En América Latina lo que debe preocupar son las ejecuciones sin proceso, lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en Río de Janeiro con la ejecución de veinticinco negros favelados, los ciegos por la policía chilena, los falsos positivos colombianos, las torturas, los lawfares, la autonomización de las estructuras policiales de las autoridades políticas, esos son los problemas que afectan nuestros derechos.
En coincidencia con lo que expresa respecto a cuáles son en realidad las afectaciones más graves a nuestros derechos y garantías, y por fuera de las noticias o trascendidos sobre China, ¿de qué manera se compatibilizan estos nuevos estándares o instrumentos con el plexo normativo existente? Por ejemplo, en su convivencia con los tipos penales de los artículos 202, 203, 205 (contenidos en el título de “delitos contra la salud pública”) y 239 (delito de resistencia o desobediencia a funcionario público), referenciados en los DNU del Poder Ejecutivo.
A mi entender el artículo 239 si no es inconstitucional le pasa raspando, viola abiertamente el principio de legalidad. No así los otros en general, no veo incompatibilidad. El ejecutivo no puede hacer lo que quiere, sino proceder racionalmente, dentro de lo que le aconsejen los técnicos y sea científicamente sostenible. De serlo, es obvio que quien viola un cordón sanitario debe ser penado, el artículo 202 es una conducta dolosa.
Vimos recientemente cómo la Corte Suprema en los hechos –valiéndose de una gran creatividad jurídica– avaló las clases presenciales en CABA, desconociendo así la legitimidad de las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo de acuerdo a los parámetros científico-sanitarios…
La Corte Suprema se ha puesto en el límite de la responsabilidad culposa por lesiones y homicidio. No así Larreta, que no ha hecho más que sostener una posición política, pero acudió a la Justicia y fue ésta la que, atribuyéndose funciones de policía sanitaria federal, en caso de infecciones que exceden de una provincia, sin consultar a ningún experto, ordenó o dio vía libre a las clases presenciales. Tomar una medida de esa naturaleza sin consultar a ningún experto es una imprudencia y, por ende, si la imprudencia tiene resultados mortales, que eran previsibles, hay responsabilidad penal culposa. Si hubiese sido el ejecutivo nacional quien tomase esa decisión, igualmente hubiese sido responsable, pero no fue en este caso el ejecutivo, fue la Corte Suprema o, mejor dicho, cuatro de sus cinco jueces. Una medida imprudente de policía sanitaria que causa muertes previsibles, la tome quien la tome, es un homicidio culposo. A nadie se le puede ocurrir prudentemente tomar una medida de policía sanitaria sin consultar a nadie, a ningún epidemiólogo, sólo con lo que ve y oye por televisión. ¡Sólo a nuestra Corte Suprema!
En este contexto, ¿en el supuesto de que la situación de excepción perdure largamente en el tiempo, sería necesario el dictado de una ley por el Congreso de la Nación?
No lo creo indispensable. Tengamos en cuenta que a ningún funcionario de la Constitución se le pueden limitar las competencias constitucionales y, en este caso, la policía sanitaria federal es del ejecutivo. No obstante, si la cuestión se prolonga demasiado en el tiempo, una ley que reglamente racionalmente el ejercicio de ese poder, previendo en abstracto las circunstancias, puede ser prudente, ante el riesgo de que un abuso de algún ejecutivo pueda aprovecharse para otros fines.
Lo que hay que evitar en cualquier caso es que nadie en el futuro pretenda usar como pretexto una medida sanitaria para ejercer el poder punitivo o de vigilancia antidemocrática disfrazado. De momento en la Argentina eso no se ha dado, pero nunca sabemos lo que puede suceder en el futuro: antes de Macri también había cosas que nunca habían sucedido en regímenes democráticos.