En el marco del debate legislativo para la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), desde Repliegue queremos proponerles una vuelta de tuerca que nos permita discutir y construir una futura reglamentación de la ley capaz de efectivizar este inminente y necesario derecho. Por ello, nosotros sostenemos que el aborto debe ser una política de Estado 100% pública y 100% gratuita.
¿Por qué planteamos que el aborto debe ser 100% público y 100% gratuito?
Como bien sabemos, el sistema de salud pública se encuentra hoy en día arrasado. Décadas de desfinanciación han provocado que en los mejores hospitales falten desde gasas hasta desfibriladores y, por si no resulta obvio, en esas condiciones no se puede acceder a un aborto y vivir para contarlo. Por ello, si nuestra intención es que cualquier persona gestante, desde la más humilde hasta la más pudiente, tenga acceso a un aborto seguro y gratuito debemos garantizar que el mismo se practique para todas por igual y en igualdad de condiciones. Aborto público y gratuito es justicia social.
A su vez, entendemos que es la única manera de frenar la entrada de intereses especulativos internacionales sobre el control de la natalidad en los pueblos del tercer mundo. De esta forma se salvaguarda a las personas gestantes de resultar rehenes del interés del dinero y de la cultura del descarte social promovida desde los sectores del poder financiero y tecnocrático de los laboratorios que operan en el mundo; la mayoría con sede en las potencias occidentales.
Por último, creemos que es la única forma de proteger al aborto legal, seguro y gratuito como el derecho emancipatorio que verdaderamente es y no como una herramienta de lucro ajeno. La obligatoria publicidad de esta práctica permitirá garantizar el control del posterior tratamiento de los tejidos vivos extraídos quirúrgicamente.
Ahora bien, ¿cómo lograríamos implementarlo?
Partiendo de la creación de una institución pública maternal dedicada a la atención de personas gestantes, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y con control social de las organizaciones de trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales.
Dicha institución pública tendrá operatividad en todo el país, ya sea en forma complementaria con los hospitales públicos, como con los centros de salud creados a tal efecto. Su competencia se extenderá de manera exclusiva y excluyente en la realización de abortos medicamentosos con Misoprostol, o bien con procedimientos ambulatorios simples como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), el Legrado Uterino Instrumental (LUI) o el Raspado Uterino Evacuador (RUE). Estas prácticas no podrán realizarse en otras instituciones, ya que no contarán con autorización en lo que respecta al territorio nacional.
Es preciso aclarar que, gracias a la creación de estas instituciones especializadas, la objeción de conciencia dejará de significar un freno al acceso de este derecho. Se entiende que de este modo el personal de la salud contratado no presentará objeciones al respecto.
Las personas gestantes con cobertura privada, ya sea por obra social o por prepagas, deberán realizarse sus respectivas interrupciones voluntarias de embarazo en instituciones públicas, pero luego sus prestadoras deberán reintegrar el pago del costo del tratamiento más un aporte adicional redistributivo. Este último servirá como fuente de financiamiento para que aquellas personas gestantes sin cobertura médica también puedan acceder a estas prácticas de manera digna y segura en hospitales públicos. De esta forma los costos fiscales en los que incurran los hospitales para asegurar este derecho serán en su mayoría cubiertos por el sector privado.
Se apostará a la producción nacional de equipamiento y medicamentos necesarios para abordar la práctica de la IVE. Para tal fin, se impulsará económicamente el crecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, el único laboratorio de la esfera pública que fabrica Misoprostol hasta el momento, a la vez que se invertirá en la creación de nuevos laboratorios públicos de esta índole. De esta forma, se logrará romper con la dependencia económica y política de los laboratorios e instituciones privadas extranjeras, que operan en el ámbito de la Federación Internacional de Planificación de la Paternidad (IPPF), la cual pretende desembarcar en Argentina para acaparar el negocio de abortos de los sectores más pudientes.
Para finalizar, se deberá crear una Unidad de Investigación Fiscal en el Ministerio Público de la Nación a fin de controlar y realizar un seguimiento de las organizaciones privadas que pretendan realizar la práctica por fuera de la ley.
Si bien este es un plan meramente tentativo, creemos que es lo suficientemente serio y abarcativo como para plantear una real proyección de la ley IVE en clave equitativa y soberana.
Recordemos siempre que los derechos se conquistan y se defienden. Si este martes 29 de diciembre nos ofrece un pase directo al Boletín Oficial, sepamos que la lucha no termina allí, que aún queda mucho aborto legal, seguro y gratuito por debatir y mucho terreno por allanar.
¡Que sea Ley!