Gratuidad en la Universidad Pública

A 70 años de ese hecho histórico, la gratuidad en la universidad pública se ha convertido en uno de los pilares del sistema educativo nacional.


Victoria Vázquez – Estudiante de la Facultad de Derecho UBA

El 20 de Junio de 1949, en ocasión de conmemorarse el fallecimiento de Manuel Belgrano, las palabras del entonces Presidente de la Nación exclamaban: “En los comienzos de mi presidencia después de más de un siglo de olvido di cumplimiento a los deseos de Belgrano de designar recompensa en dinero que le acordara el prócer al gobierno, invirtiendo los fondos necesarios para construir una escuela, como él lo dispusiera, en la ciudad de Tarija. Interpretando sus ideas y sentimientos, que lo impulsaran a destinar sus bienes y recompensas para construir escuelas en la rudimentaria comunidad Argentina de su tiempo, deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios, en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes Argentinos que anhelan instruirse para el bien del país. Para honrar a los héroes nada mejor que imitarlos”. Dicha promesa se materializo el 22 de Noviembre mediante el dictado del Decreto N° 29.337 que suspendió el cobro de los aranceles universitarios, remarcando que tuvo efectos retroactivos al día 20 de Junio de 1949. 

A 70 años de ese hecho histórico, el carácter gratuito de la universidad pública se ha convertido en uno de los pilares del sistema educativo nacional. Como resultado de la sanción de la gratuidad universitaria, la educación creció exponencialmente; mientras en 1945 cursaban alrededor de 48.000 personas, para 1975 la cifra se elevó a 487.389. Esta medida se integró con la autonomía, implicó asimismo un estallido de estudiantes en conjunto con una explosión de justicia social que significó el acceso de los sectores más humildes para que puedan acceder a la educación superior de calidad. 

Este hecho histórico memorable, aunque no debidamente recordado por la historia nacional, junto con la Reforma Universitaria de 1918 fueron los pilares fundamentales para darle la fisonomía al sistema universitario argentino tal como lo concebimos hoy en día; asimismo, la democratización de la educación superior implicó la ampliación de los derechos sociales. Para Aritz Recalde, licenciado en Sociología y director de Posgrados de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la gratuidad adquirió implicancias sociales, políticas y económicas de largo alcance y fue, y sigue siendo, un rasgo fundamental de la cultura nacional. «A partir de la gratuidad, la universidad pasa a ser un medio de igualación de clases. Hasta ese momento era una institución elitista que otorgaba el monopolio del conocimiento y del poder que ello conlleva a una minoría selecta«. La medida importó un reconocimiento al acceso al derecho constitucional a la educación de los ciudadanos a formarse libre y sin restricción. 

Sin embargo, determinados momentos de la historia Argentina han llevado al decrecimiento de la educación: con el golpe de 1955 hubo dos cuestiones claves que han atacado de lleno a la educación pública; por un lado, se estableció el Decreto N° 6.043 que planteó qué “la iniciativa privada puede crear universidades libres” respondiendo claramente a los intereses de la Iglesia Católica. Por otro lado, comenzó la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. Con estos aspectos se derogó el entramado institucional y normativo del justicialismo, implicando la descentralización y abriendo paso a la Iglesia con sus negocios. 

El gobierno democrático de 1973 eliminó los aranceles y las tasas académicas implementadas en los años sesenta y principios de los setenta. Sin embargo, la dictadura militar del 76 nuevamente los introdujo y volvió a disminuir las matrículas estudiantiles. 

Con la vuelta a la democracia, las universidades eliminaron el cobro de los aranceles. En Octubre de 2015, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Educación Superior, siendo uno de los más importantes el artículo  2°, donde ahora queda explicitado que «el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas«. También estableció que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos“. La modificación a la LSE fue una exigencia que históricamente venían reclamando los docentes y estudiantes, rechazada fuertemente por el gobierno saliente. 

Los últimos cuatro años significaron un agravio a la educación pública, el ajuste presupuestario implicó que las universidades se vean imposibilitadas de comprar libros, han otorgado menos becas, los sueldos de los profesores son cada vez más paupérrimos. Los setenta años de gratuidad encontraron a las universidades con mayores conflictos por los ajustes presupuestarios de la era macrista y por el deterioro socioeconómico que complejizó el acceso a la misma, además de que muchos estudiantes se ven imposibilitados de continuar con sus estudios por la crisis sobrevenida.  

La historia Argentina ha sido la vanguardia de la defensa de los Derechos Humanos, en especial el de la educación; siendo uno de los primeros en reconocer la autonomía del sistema universitario, consolidando el mismo con la prohibición de cobrar todo arancel.

La conmemoración de los 70 años de gratuidad nos obliga como comunidad universitaria a comprometer nuestro trabajo y labor académico, luchando día a día para lograr ampliar la justicia social, consolidando la soberanía y la independencia económica.