«Drogas»: entre el encierro y la legalización

La legalización del autocultivo de marihuana medicinal se conforma como la punta de lanza para derrumbar la hipócrita maquinaria de descarte y exclusión en materia social y sanitaria. En esta investigación, les acercamos un abordaje integral de la problemática que encierra la política de Estado en cuanto al tratamiento del mundo de las denominadas drogas.


  • Buenas noches, quién habla?
  • Buenas noches, lo llamamos de la comisaría 24 de la Policía de la Ciudad, su hija está detenida por portación de estupefacientes.
  • ¿Qué? ¿Cómo está ella? Voy para allá.

Esta película la hemos vivido en todas las familias de nuestra Patria. Cuando llegamos a la comisaría, dependiendo de a qué sector social pertenecemos, tendremos que afrontar el pedido de una cometa por parte de la seccional, una «ayudita para la comisaría», o nos tendremos que resignar a ver a una hija golpeada, al cual le sacaron todas las pertenencias, y encima nos extorsionan con plata para volver a verla salir antes de las 48 horas y con un proceso judicial abierto. Tenía unos cogollos encima…

Esta película tiene que empezar a llegar a su fin, pero primero hay que conocer cómo se hizo.

La ley y las drogas

La ley 23.737 fue sancionada en 1989 y es la norma penal que rige en nuestro país en todo lo que tiene que ver con el mundo de las drogas, exponiendo una explícita orientación represiva en la política criminal del Estado contra este, como vemos, desde hace más de treinta años.

Es así que esta norma dispone el reproche y la persecución penal respecto de todo el arco de posibilidades de conexión y/o relación que una persona puede llegar a tener con lasdrogasen algún momento de su vida y de acuerdo a su particular entorno socio comunitario y cultural.

Desde la producción y el comercio transnacional o narcotráfico[1] hasta la realidad puntual de usuarios, consumidores y adictos a lo largo y ancho del territorio nacional, existentes en todos los estratos sociales y/o niveles de poder adquisitivo en la ciudadanía (variando, en todo caso, únicamente el tipo de sustancia a la que se accede y la forma más o menos clandestina y peligrosa de hacerlo según el caso).

Todo el abanico de posibilidades estácomprendido en esta ley, en definitiva bajo la misma orientación de política criminal: la estricta sanción penal bajo pena de cárcel y la institucionalización médico-psiquiátrica de usuarios, consumidores y adictos.  

En el tratamiento judicial de los delitos contemplados en esta norma es expresamente competente la justicia federal en todo el país (art. 34 de la ley 23.737), aunque con algunas excepciones respecto de aquellas infracciones que tienen que vercon una relación de consumo (tenencia, siembra-cultivo y venta en dosis destinadas directamente al consumo personal), en las que cada provincia puede asumir la competencia de sus sistemas de justicia locales-provinciales (como son los casos de la provincia de Buenos Aires y la CABA).

Ahora bien, ¿cuáles son las sustancias prohibidas por esta ley? El término utilizado es el de “estupefacientes”, el que “…comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional” (art. 40).

Esta tareade decidir ynominalizar las sustancias prohibidas o ilícitas es realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y consiste, según la última versión disponible[2], en un extenso listado de sustancias ordenadas según su “ingrediente farmacéutico activo-estupefaciente”.

Se trata de cientos de sustancias que no tendría sentido analizar en profundidad, pero teniendo presente que están comprendidas todas las drogas que uno pueda conocer y/o haber escuchado alguna vez, las que circulan recurrentemente en la sociedad más allá de la histórica política criminal explícitamente represiva adoptada por el Estado,que promueve una aparente situación de guerra permanente contra las drogas.

En este sentido, y ya que la norma referencia a las “sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica”, vale aclarar, por las dudas, que en los listados no están comprendidos los ansiolíticos bajo prescripción médica –obviamente–, el alcohol o el tabaco, entre otros productos que sin lugar a dudas producen algún grado de dependencia en el ser humano.Esto, a riesgo de ser contradicho desde el conocimiento científico.

Vale decir también que, conforme el art. 15 en su redacción de origen, la única sustancia que textualmente no será considerada “estupefaciente” son las “hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coque o masticación, o a su empleo como infusión”. Visto el sustento ideológico general de la norma, se trata al menos de una salvedad importante que parece tener en consideración la realidad cultural y socio comunitaria de una gran cantidad de habitantes de nuestro país.

Las drogas y la persecución penal

En marco de esta cosmovisión respecto al mundo de las drogas y a la clara orientación represiva adoptada a su respecto, en la que se explicita en un texto normativo una realidad problemática, evidente y transversal del país enteropero no se busca solucionarla sino combatirla mediante persecución penal y encarcelamiento, la ley 23.737 dispone penas privativas de la libertad particularmente gravosas para las personas, criminalizando no solo a productores y narcotraficantes (gente que obtiene enormes ganancias a partir del comercio más rentable del mundo) sino también a usuarios, consumidores y/o adictos.

Es así que, la simple tenencia de estupefacientes, “el que tuviere en su poder…”, sin especificación alguna respecto a cantidades ni diferencias según las distintas sustancias,conlleva un reproche penal de hasta seis años de prisión (art. 14, primer párrafo).

En cambio, si“por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”, de nuevo sin referencia a cantidades permitidas o toleradas,el castigo esde hasta un máximo de dos años –lo que constituye el único delito en principio excarcelable de los aquí citados– (art. 14, segundo párrafo).

Sobre este punto, no puede omitirse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desde 2009 tiene dicho, al declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 14[3], y palabras más palabras menos, que la tenencia de estupefacientes (en el caso particular, marihuana) para consumo personal no puede ser castigada desde el poder penal.

Aunque es cierto que la resolución de la CSJN no tiene alcances generales ni deroga la norma en sí misma, sino que solo fue solo aplicable al caso particular que le tocaba resolver (por lo cual cada persona que actualmente se encuentre sujeta a un proceso por tenencia de estupefacientes estará echada a la suerte de la interpretación subjetiva que tenga el juez de su caso, más allá de este importante precedente), cabe citar lo resuelto, esta vez sí con alcances generales, en cuanto dispuso “exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”.

Por otro lado, la pena prevista respecto de un amplio catálogo de actividades que hacen a la producción y/o son eslabones del proceso de comercialización de estupefacientes (siembra, cultivo, guarda de materias primas aptas para la producción; producción, fabricación, extracción o preparación; comercialización, almacenamiento, transporte de plantas o semillas; entrega, suministro, facilitación; introducción al país desde el extranjero; todo así dicho en losarts. 5 y 6 de la ley citada) es de entre cuatro y quince años de prisión.

Respecto a la organización o financiación de cualquiera de las actividades detalladas en el párrafo anterior, la respuesta penal es de entre ocho a veinte años de encierro (art. 7).

Otra disposición especialmente gravosa y de difícil justificación en cuanto a motivos penales, más que la mera criminalización y etiquetamiento del consumidor o adicto a alguna droga, es aquella por la cual “si se usaren estupefacientes para facilitar o ejecutar otro delito, la pena prevista para el mismo se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo” (art. 13).

El art. 12 de la misma ley prevé un delito que parece simpático visto a 2020 y en plena era de globalización cultural desde lo digital, en desuso aunque aún existente[4], reprimiendo con una pena de entre dos y seis años a quien “preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes o indujere a otro a consumirlos” y/o “usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público”. En la misma línea, el art. 28 reprime con entre dos a ocho años de encierro a quien “públicamente imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes” y/o “quien por medios masivos de comunicación social explique en detalle el modo de emplear como estupefaciente cualquier elemento de uso o venta libre”.

Siguiendo la letra de estas últimas disposiciones al día de hoy, el sistema judicial argentino debería hacerse cargo de criminalizar y someter a proceso a una gran cantidad de artistas, músicos/as, escritores/as y hasta a directores/as, productores/as, actores y actrices de películas y series de televisión globalmente aclamadas.

La doble institucionalización del consumidor/adicto

Más allá de las penas de prisión mencionadas (entre otras existentes, aunque no tan frecuentes en los hechos), la ley 23.737 tiene la particularidad de disponer una doble institucionalización del consumidor o usuario de drogas por el mero hecho de serlo. No sólo se lo persigue y sanciona desde el poder penal o punitivo, sino que se lo somete adicionalmente a una medida de seguridad o tratamiento médico-psiquiátrico, considerándolo un enfermo y/o una persona a corregir.

Es así que según el art. 16, se impondrá a cualquier condenado por estos delitos que tuviera una dependencia física o psíquica a las drogas “…una medida de seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines, y cesará por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así lo aconsejen”.

En estos casos vemos a las claras un doble avance sobre la libertad de la persona. El de la cárcel y el de la institucionalización médica compulsiva, y no debemos perder de vista que la “medida de seguridad curativa” está prevista por tiempo indeterminado, lo que la torna aún más gravosa y cuestionable desde el plano del respeto de las garantías constitucionales y de los derechos humanos.

En igual sentido disponen los art. 17 y 18 en cuanto a condenados e imputados por la “tenencia para uso personal” específicamente, solo que abriendo la posibilidad en estos casos para que el juez interviniente deje en suspenso la aplicación de la pena de prisión o del proceso mismo,en caso que la persona en cuestión se someta a una institucionalización en iguales términos a los mencionados en el párrafo anterior y la supere con éxito (según lo considere un informe pericial).

Las drogas y la prisión

Según el Informe Anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación correspondiente al año 2019[5], que recepta las últimas estadísticas disponibles del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal (SNEEP), a diciembre de 2018 había un total de 94.883 personas en situación de encierro en el país (de ellas, 42.460 en cárceles del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, y 13.358 en cárceles federales dependientes del Servicio Penitenciario Federal, siendo esta la segunda jurisdicción en relevancia cuantitativa). Si se incluyeran las estimaciones de personas detenidas en comisarías (sobre todo de la Provincia de Buenos Aires), la cantidad total se elevaría a 103.000.

Si bien es cierto que la tendencia fue a la baja en este año 2020, propagación pandémica mediante en nuestro país, las cifras reflejan claramente una realidad general y estructural de décadas.

En cuanto a la caracterización de las personas alcanzadas por el sistema penal en términos generales, el informe citado establece que a nivel nacional el 95% son varones y el 5% mujeres. A su vez, el 60% son menores de 35 años,principalmente de entre 25 y 35 años, franja etaria que representael 38% por sí sola.

Por otro lado, la enorme mayoría de personas sujetas a penas de privación de libertad son de nacionalidad argentina, representando aquellas extranjeras solo el 6%.

Otro dato por demás relevante es aquel que indica que el 43% de estas personas se encontraban en situación de desempleoinmediatamente antes de entrar a prisión, mientras que el 39% solo contaba con empleo inestableo de tiempo parcial. De igual importancia, lo expresado en cuanto a que el nivel educativo alcanzado con anterioridad al ingreso a prisión es “bajo” en 9 de cada 10 personas.

Sobre este particular, cabe citar lo dicho textualmente por la Procuración Penitenciaria de la Nación en cuanto a que “esta es una clave de lectura imprescindible para identificar los focos de persecuciónpenal en el país, que a grandes rasgos se concentra en varones, argentinos, jóvenes y de bajos recursos”.

En lo que hace específicamente al tópico que nos ocupa, que son los delitos vinculados al mundo de las drogas, según los últimos datos del informe citado, a finesde 2018 representaban a nivel nacional total la segunda clase de delitos encarcelados con un total de 15.216 personas, alrededor del 15% del total (siendo la primera los robos y/o tentativas de robos con 37.535 personas).

En cuanto al Servicio Penitenciario Federal específicamente, los delitos vinculados a la ley 27.373 representan el delito más frecuente de encarcelamiento en la jurisdicciónfederal (5358 personas detenidas y más de un tercio del total).

Al respecto vale citar nuevamente el informe institucional de referencia: “este dato resulta especialmente preocupante, considerando que los delitos de drogas suelenimplicar escasos niveles de violencia y, además, los procesos de criminalización por este tipo de delitos se enfocan en los eslabones más débiles de las complejas redes de narcotráfico. Ello deriva en que el grueso de las personas privadas de libertad por infracciones a esta ley, provengan de sectoressociales marginales y/o pertenezcan a grupos de alta vulnerabilidad, como sucede con las mujeresy las personas extranjeras, dos grupos sobrerrepresentados en esta jurisdicción…”.

Es así que, más allá de que el sistema penal avanza principalmente sobre jóvenes varones, también es particularmente selectivo en el trato de las minorías de bajos recursos económicos y sometidas a la marginalidad.

Por ejemplo, del total de las personas extranjeras en situación de encierro, aquellas detenidas por delitos relacionados con las drogas representan el 41%; en caso de personas transexuales, aunque si bien en una cifra muy menor, el 57%.

En el caso de las mujeres, colectivo mayoritario en nuestro medio y en el mundo, el 46% del total de las detenidas lo está por alguno de los delitos contenidos en la ley 23.737. Más aún, en el caso de mujeres extranjeras, la cifra alcanza el 75%.

En relación, cabe traer el legado de Eduardo Galeano en cuanto a que “la guerra contra las drogas es una máscara de la guerra social. Lo mismo ocurre con la guerra contra la delincuencia común. Se sataniza al drogadicto y, sobre todo, al drogadicto pobre, como se sataniza al pobre que roba, para absolver a la sociedad que los genera. ¿Contra quiénes se aplica la ley?”

Las drogasy la sociedad

Según la última información pública disponible en la materia[6], el consumo reciente de alguna droga ilícita pasó en nuestro país del 3,6% en el año 2010 a 8,3% en el año 2017. Mientras que el consumo alguna vez en la vida representa una cifra del 18,3%.Cabe remarcar, en este sentido, que en el estudio citado se expresa que conforme la metodología utilizada y la cantidad de personas entrevistadas o consultadas, los resultados representan a un total de casi 19.000.000 de personas.

A su vez, el estudio de referencia fue receptado como la información correspondiente a nuestro país en el Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019 de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA)[7], lo que le otorga, en principio, mayor validez y verosimilitud.

Como una primera conclusión general, se dice que para todas las drogas ilícitas, los varones presentan tasas de consumo superiores que las mujeres, aunque siendo en ambos casos los/las adolescentes y jóvenes las poblaciones mayormente implicadas.         

Por otro lado, en este caso sí se tienen en cuenta el alcohol y el tabaco, mencionadas en el estudio como aquellas sustancias de más altas tasas de consumo (81% y 51% respectivamente para consumo alguna vez en la vida), seguidas por la marihuanacomo la principal sustancia entre aquellas ilícitas(17,4%).

Es así que, el 7,8% de la población declaró haber consumido marihuana en el último año del estudio (10,7% de los varones y 5,2% de las mujeres). En la misma línea, se expresa que “entre 2010 y 2017, el consumo creció en todos los grupos de edad, tanto en varones como en mujeres. Sin embargo, son los varones y los jóvenes comprendidos entre los 18 y 24 años los que presentan las mayores tasas de consumo. En tanto el 2,7% de los adolescentes de 12 a 17 años consumió marihuana en el último mes”.

Respecto a la cocaína, el 5,3% de la población entre 12 y 65 años la consumió alguna vez en su vida, lo que representa un incremento del 100% con respecto a las cifras del estudio anterior realizado 2010. En igual sentido y respecto del mismo período, se triplicó el consumo alguna vez en la vida entre adoles­centes.

Por otro lado, el 1,5% de la población declaró el consumo de cocaína durante el último año del estudio (2,4% de los varones y 0.7% de las mujeres). Al igual que con la marihuana, entre los 18 y 24 años se encuentran las tasas más altas de consumo.

Respecto a otras tasas de interés mencionadas en el estudio, cabe remarcar que el 6,2% de la población analizada declaró haber usado al­guna vez analgésicos opiáceossin indicación médica; el 2,3% alucinógenos (de las cuales el 42% tiene entre 25 y 34 años); el 0,8% sustancias inhalablesalguna vez en su vida (el 0,1% al menos una vez en el último año de investigación); y una estimación del 0,6% sobrepasta base-paco; entre otras sustancias de menor impacto cuantitativo en la estadística.

Reflexiones

Visto el contexto general desde lo normativo y esbozada la realidad en torno al consumo de drogas y su penalización-persecución en nuestro país, es evidente que nos encontramos ante una problemática severa que tiene hace más de treinta años un abordaje o tratamiento al menos errado y en constante fracaso.

No solo vemos que de acuerdo a la orientación represiva adoptada por el Estado el fracaso en el combate a las drogas es evidente por el simple hecho del progresivo aumento de consumo de ellas entre los habitantes de nuestro país (y más aún entre los/las más jóvenes), sino que, peor aún, ante este claro fracaso, la solución aportada sigue siendo el encierro y/o la institucionalización de las personas, descartándolas, excluyéndolas y profundizando así sus problemas o padecimientos.

Es decir, no hay dudas que se falla. En el combate al narcotráfico(o guerra contra las drogas) y en la supuesta persecución de grandes productores, distribuidores e importadores/exportadores de sustancias estupefacientes, toda vez que estas siguen circulando libremente en cualquier lugar, pero también, y sobre todo, en la orientación del abordaje desde lo penal sobre la realidad del consumo de drogas en la sociedad. En todos los extremos se falla, y desde hace más de treinta años.

“La guerra contra las drogas es una ficción para controlar a la sociedad” nos diceel pensador estadounidense Noam Chomsky.

Como fue mencionado, en 2009 la CSJN declaró en un caso concreto, la inconstitucionalidad de la criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal (lo hizo expresamente con relación a la marihuana), siempre que esta no “afecte a terceros”[8].

Sin embargo, vemos de las cifras citadas que persiste en nuestro medio una política criminal respecto al mundo de las drogas particularmente agresiva, por la que se criminaliza a una enorme cantidad de personas consumidoras, usuarias y/o adictas.

Como si lo dicho no fuera suficiente, nos encontramos con que la enorme cantidad de estas personas son jóvenes, de bajos recursos económicos y con escaso acceso a la educación formal y al empleo registrado, cuando en realidad las drogas existen y son consumidas en todos los estratos sociales de nuestro país (variando, como se dijo, únicamente el tipo de droga y el modo de acceso a ella).

En este marco de realidades: ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de perseguir, judicializar y encerrar a personas que simplemente acceden a sustancias que en definitiva circulan libremente ensu entorno más cercano?

En esta línea, ¿cuál es la ética detrás del hecho sistémico de seleccionar a las personas a perseguir penalmente de entre los sectores más desfavorecidos y excluidos de nuestra sociedad, mirando hacia otro lado respecto a aquellas de alto poder adquisitivo y/o buenos contactos personales?

Esto así, cuando nos encontramos con que la gran cantidad de estas personas encuentran en el pequeño comercio de alguna sustancia ilícita una opción próxima y viable según sus realidades de vida. Realidades de vida que en modo alguno fueron elegidas, sino que responden a una situación de pobreza estructural y creciente desigualdad social que nos atraviesa ya hace varias generaciones.

¿Será, entonces, que realmente se quiere solucionar la problemática que se deriva del mundo de las drogas, o por el contrario, ésta le es funcional al sistema establecido y a las grandes riquezas que definen nuestros destinos?

Lo que la realidad nos ofrece ante estos interrogantes, es que continúa pasando el tiempo, y la solución ofrecida continúa siendo la misma, incluso ante el evidente fracaso y omitiendo incluso las recomendaciones aportadas por el máximo organismo judicial del país.

A más de treinta años de esta orientación de política criminal, realidad efectiva por la que no se soluciona absolutamente nada, sino que solo se descarta a una gran cantidad de personas, los cambios favorables son muy pocos sino nulos y las tantas veces anunciadas reformas sólo se hacen esperar, en perjuicio de una enorme cantidad de habitantes de nuestro país. 

Quizás sea hora, no de combatir y excluir, sino de comprender y acercar. De ofrecer entornossanos, seguros y felices, contención, educación y medios de vida dignos, y no de hacer oídos sordos ante la constante profundización de la desigualdad social, el descarte y la falta de posibilidades entre los/las jóvenes de nuestro país.

Por lo pronto sabemos que el consumo de drogas es una realidad global que alcanza a cientos de millones de personas, que representa enormes ganancias y rentabilidadesdentro de la estructuradel orden económico mundial, que parece incluso haberse normalizado y pasado a formar parte del orden cultural dado y aceptado, y que, en consecuencia, no parece posible ni viable intentar “combatirla”. 

Dicho esto, y entendiendo que se trata de una realidad efectiva en la que se encuentran comprendidos millones de habitantes de nuestro país, que no va a revertirse por sí sola ni tampoco puede ser erradicada, como lo indica el fracaso de la orientación adoptada desde hace más de treinta años, la solución en ningún caso puede continuar siendo la de perseguir y excluir personas.

Dice una canción argentina, ya de otra época aunque vigente:“Decir no a la droga es negar a dios, dijo el droguero al drogador. Droguerías droguen drogadicción, drogadependientes, drogadictos. Drogaron, drogan y drogarán al drogón drogado drogadizado…Doctores de la ley que no defenderán sin efectivo en mano o propiedad que embargar. Juzgado, juicio, juez, justicia juzgarán… prisiones desbordantes, sueños de libertad… Libre droguero y drogador, no son controlados ni averiguados… beneficiándose con lo prohibido están, la tentación es gigante, la tentación es legal”.

En la misma línea de pensamiento, Eduardo Galeano también nos interpela en cuanto a “¿por qué los traficantes son los más fervorosos partidarios de la prohibición? ¿No favorece el tráfico ilegal la libre circulación de mercancías y capitales? ¿No es el negocio de la droga la más perfecta puesta en práctica de la doctrina neoliberal? ¿Acaso no cumplen los narcotraficantes con la ley de oro del mercado, según la cual no hay demanda que no encuentre su oferta?

Por último, noticias alentadoras

El 12 de noviembre de 2020 el Poder Ejecutivo de la Nación mediante decreto 883/2020 dispuso una nueva reglamentación de la ley 27.350 de “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados” sancionada en 2017.

La nueva reglamentación lleva el nombre de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados”, y deroga lógicamente la reglamentación anterior que tenía una orientación más bien científica y de mercado[9], y no aportaba soluciones efectivas a las personas que necesitan acceder a la marihuana y/o sus derivados como medicina[10].  

Se trata en este caso de un interesante avance legislativo, en cuanto habilita el cultivo de la planta de marihuana por uno mismo o por organizaciones civiles para consumo personal, aunque únicamente para fines medicinales, bajo indicación médica por alguna patología en particular y tras la inclusión en un registro público.

También, y bajo las mismas condiciones, se habilita a adquirir “…especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas u otras presentaciones que en el futuro se establezcan”.

Incluso, se prevé que aquellas personas que no posean cobertura de salud y obra social, puedan acceder a la marihuana o sus derivados en forma gratuita (siempre como medicina y con previa indicación médica).

Otra novedad más que relevante es la contenida en la reglamentación del art. 10 de la ley citada, según la cual el Estado Nacional “brindará colaboración técnica para impulsar la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios de producción pública de medicamentos(…) La dispensación del producto se realizará a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y/o farmacias autorizadas”.

Como sea, esta novedad, si bien remarcable en la medida en que amplía derechos y ofrece soluciones a un colectivo de personas con una necesidad particular, nada tiene que ver con el doloroso e injusto panorama descripto, que seguimos barriendo debajo de la alfombra.

Tal es así que, ni en la ley 27.350, ni en sus reglamentaciones, como tampoco en las consideraciones que acompañaron la sanción del actual decreto, se hace una sola mención a los detenidos y las detenidas por delitos relacionados con la marihuana, ni sobre el funcionamiento del sistema penal, ni tampoco sobre el hecho de que la tenencia de marihuana por personas que no la requieren como medicamento, sigue siendo ilícita y reprochada penalmente.

Quizás, y de acuerdo a las reflexiones intentadas, pueda tratarse esta novedad legislativa de una oportunidad para racionalizar el sistema y reformarlo definitivamente. Algo así como la punta de lanza para derrumbar la hipócrita maquinaria de descarte y exclusión, que tan profunda mella deja en nuestra sociedad.

De momento, estas nuevas disposiciones sobre la legalización de la marihuana medicinal para ciertas personas (ni más ni menos que la efectivización del derecho a la salud a un colectivo determinado de personas), prácticamente no modifican la realidad expuesta por la que otras millones son cuestionadas en sus formas de vida, y en todo caso, no auxiliadas o comprendidas, sino perseguidas penalmente y hasta encerradas.

Como sea, parece urgente empezar a abordar la problemática estructural expuesta de forma seria y franca, sin hipocresía ante los datos que nos ofrece la realidad: el paradigma represivo fracasó rotundamente durante décadas y resulta imperativo modificarlo de raíz.


[1] Con el agregado en este caso de las disposiciones del Código Aduanero, ley 22.415, respecto al contrabando

[2]http://www.anmat.gob.ar/ssce/Estupefacientes_2016.pdf

[3]http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-arriola-sebastian-otros-recurso-hecho-causa-9080-fa09000059-2009-08-25/123456789-950-0009-0ots-eupmocsollaf

[4]https://www.lanacion.com.ar/sociedad/absolvieron-a-calamaro-en-un-juicio-por-apologia-del-delito-nid697159/

[5]https://www.ppn.gov.ar/pdf/publicaciones/Informe-anual-2019.pdf

[6] “Estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas” realizado en 2017 por el Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR):https://observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/2017-10-05ZEncuestaZHogaresZconZcuestionario.pdf; https://observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/1.pdf

[7]http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf

[8] Ver Arriola, Sebastián y otros s/ RECURSO DE HECHO.

[9]http://prensa.jujuy.gob.ar/2018/11/12/green-leaf-farms-y-la-provincia-argentina-de-jujuy-anuncian-un-joint-venture-para-desarrollar-la-granja-de-cultivo-de-cannabis-mas-grande-del-mundo/

[10]https://www.mamacultivaargentina.org/la-ley/

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