Dos visiones respecto a la orientación que debe darse al sistema financiero

El financiamiento es parte elemental de toda política económica caracterizada por su orientación al desarrollo y la autonomía, con expansión del empleo, la mejora del nivel de vida general y un significativo proceso de reindustrialización.


Por la Lic. Romina Kupelian – Ex asesora del directorio del Banco Central de la República Argentina, especialista en temas financieros.

Durante el período de impulso del modelo de sustitución de importaciones, la orientación y direccionamiento del crédito era fundamental: 1) las tasas pasivas y activas estaban reguladas, y 2) se redirigían los recursos según la política económica. En los gobiernos de Perón, además, los depósitos estaban nacionalizados, es decir, los bancos eran sólo intermediarios entre el ahorro y el sector de destino, determinado este último por la política del gobierno. Al contrario, los golpes de Estado implicaban la desnacionalización de los depósitos y la vuelta a los bancos de la administración directa de los depósitos y un trato distinto respecto a los bancos extranjeros, pero no igualitario.(1)

Sin embargo, la Ley de Entidades Financieras (2), sancionada durante la última dictadura militar en 1977, fue el primer instrumento legal que conformaría el andamiaje jurídico que inauguró en Argentina la liberalización financiera y su subordinación al sistema financiero internacional. Luego, completado en la década del 90 con la sanción de una nueva carta orgánica del BCRA y la adopción del régimen regulatorio microprudencial correspondiente a los acuerdos de BASILEA.

La ley Nº 21.526 fue un instrumento clave en la consecución del objetivo político de interrumpir el patrón de acumulación basado en la sustitución de importaciones y reemplazarlo por otro de valorización financiera. La visión y propaganda teórica era el enfoque de la existencia de “represión financiera”. En orden de ideas, la liberalización era la salida a una regulación que oprimía el ahorro y no permitía el desarrollo de los países periféricos. 

El argumento central de la ortodoxia, era que la regulación de las tasas de interés generaba efectos depresivos sobre el nivel de ahorro y la ineficiente asignación del escaso capital disponible. La liberalización de las tasas y la apertura del mercado de capitales generaría atracción del ahorro excedente del resto del mundo que llegaría al país, aumentando la inversión y, por lo tanto, haciendo converger a los países periféricos hacia los centrales (a determinación de la tasa de interés por parte del mercado permitiría su elevación y, en consecuencia, estimularía el aumento del ahorro y una mayor acumulación de capital). El supuesto suponía una alta relación entre el ahorro y la tasa de interés y la noción de un escaso nivel de ahorro de los países periféricos. 

La Ley de Entidades Financieras, sancionada durante la última dictadura cívico militar en 1977, fue el primer instrumento legal que conformaría el andamiaje jurídico que inauguró en Argentina la liberalización financiera y su subordinación al sistema financiero internacional.

Resultado de esta Ley fue un sistema financiero altamente frágil, con recurrentes crisis dependiendo de los flujos de capitales y de las crisis internacionales, menos profundo, concentrado y casi disociado de la economía real. A partir de los 90´s, se agregó como característica la extranjerización y privatización de los bancos provinciales. 

Al momento de pensar una modificación de la Ley de Entidades Financieras nos debemos preguntar algunos puntos centrales: 1) Banca especializada o universal: Es decir, compuesta por entidades referidas a un determinado tipo de operaciones, como ser comerciales, hipotecarias, de inversión. La llamada universalización no es otra cosa que una desregulación a favor de la libre determinación de las entidades a trabajar con los tipos de operaciones, regiones geográficas y segmentos de mercado más convenientes a sus cálculos de rentabilidad. Mientras la banca especializada sería más eficaz a la hora de atender segmentos del mercado que interesan al desarrollo, pudiendo el Estado desplegar sus políticas de orientación del crédito con mayor grado de precisión; 2) Regulación de la tasa de interés: El liberalismo plantea que la liberalización de las tasas permite una asignación eficiente de los recursos; al contrario, otros autores proponen la intervención para poder controlar el costo al que las empresas pueden acceder a los préstamos y lograr una mayor inversión en aquellos sectores estratégicos. La inversión debe estar al nivel que garantice además el pleno empleo; y 3) Crédito como bien público o bien de mercado: El crédito constituye un componente necesario para la expansión de las economías de mercado al permitir la canalización de los ahorros a la inversión productiva. Los bancos, en tanto intermediarios, cumplen entonces un rol fundamental en la economía al realizar la mediación entre el ahorro y la inversión. Entonces, la intermediación no debe interpretarse neutral, sino como todo lo contrario, en acepción de mediar, de influir. Allí se funda buena parte de los argumentos para entender el carácter público del dinero y el crédito. 

Hay, por lo tanto, dos visiones marcadas respecto a la orientación que debe darse al sistema financiero y de ahí la regulación que merecería. La que responde a la industrialización y el desarrollo económico o la que pone al sistema financiero nacional al servicio de la especulación.  ■

(1) Las leyes de regulación bancaria y financiera fueron variando en torno al trato de los bancos extranjeros, hasta llegar a la década del 90, cuando se les dio trato igualitario a los nacionales. Las diferentes leyes, aún la del 77, le había dado un trato equivalente al que recibía la banca argentina en el exterior.

(2) Ley 21.526.

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