Deuda Externa: La mayor estafa de nuestra Historia – Estatutos del coloniaje #1

Fausto Estefanell Pradás y Justo Arias

En cierta medida es normal estar endeudado. Siete de cada diez argentinos tienen algún tipo de deuda por sus tarjetas de crédito, compras en cuotas, créditos automotrices o inmobiliarios y demás. 

Sin embargo, existe otro tipo de deuda -más abstracta e imperceptible- que no involucra individualmente a algunos, sino colectivamente a todos los habitantes de este suelo. 

Se trata de los más de 180 mil millones de dólares que el Estado argentino debe a otros Estados, personas extranjeras u organismos internacionales. Dinero que alguna vez estuvo en manos del Estado y prácticamente no se destinó a la construcción de calles, parques, redes de agua potable, desagües, hospitales o escuelas.

Hoy el país adeuda en moneda extranjera más de la mitad de la riqueza que genera por año, si le sumamos la de moneda nacional llega a tres cuartas partes, y en promedio cada uno de los argentinos debe más de 4 mil dólares al exterior. 

La gran estafa que todavía perdura es que pese a haber pagado la deuda externa varias veces vía intereses y capital, la deuda siempre ha crecido. En definitiva, el negocio no es ni pagar ni dejar de deber, sino siempre endeudarse hasta quedar ahogado y volver a renegociar con los acreedores. 

Cada canje significó pérdida de poder soberano en nuestras decisiones, y sentenciar otra década más de nuestro futuro a continuar con esta bola usuraria de intereses que fue creada para nunca dejar de existir. 

La herencia de la última dictadura

La historia reciente del endeudamiento externo argentino comenzó en 1976, cuando durante la dictadura cívico-militar la deuda externa se sextuplicó en sólo siete años (de 7 mil millones de dólares a 42 mil millones).

La crisis del petróleo de esos años había generado un excedente de recursos a nivel mundial que, luego de ser captados por los principales bancos de los países desarrollados, fueron enviados en forma de deuda con bajos intereses a los países de América Latina, Asia y África.

Al poco tiempo los intereses de esas deudas se triplicaron (del 4-5% en los 70’ al 16-18% en los 80’) por estar atados a la evolución de las tasas estadounidenses y británicas, que aumentaron en la década de los 80’. Según la Doctrina Espeche, los intereses de las deudas aumentaron por decisión unilateral de los acreedores, violando la prohibición de la usura, un principio general del derecho.

El propio ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, diría en 1989: «Desde fines de 1982 América Latina ha pagado alrededor de 235.000 millones de dólares en intereses, pero su endeudamiento se ha incrementado en 50.000 millones de dólares. América Latina, una región subdesarrollada, se ha convertido en un exportador neto de capital».

José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de economía durante la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla

Suramérica fue sobreendeudada. Las deudas se volvieron impagables y desde entonces la solución en nuestro país fue recurrir constantemente a nuevas deudas –con intereses agregados- para cancelar de momento las obligaciones acumuladas, generando que el endeudamiento público aumente independientemente de los pagos efectuados.

Los problemas de la deuda se resolvieron con más deuda.

La desposesión

Durante siglos Europa se desarrolló mediante el colonialismo en América y África, controlando su oro y plata, y esclavizando, traficando y explotando a sus habitantes. Fue lo que se llamó «acumulación originaria».

El concepto fue adaptado a los tiempos que corren para explicar los nuevos y más imperceptibles métodos de dominación y transferencia de recursos, desapoderando de ellos a quienes en realidad los producen. Se trata de una «acumulación por desposesión»

Uno de esos métodos es la deuda externa, fuente de ganancia para los acreedores a costa de los recursos generados por el trabajo de los países endeudados: estos últimos han transferido 769 mil millones de dólares de más entre 1985 y 2006, en beneficio aquellos (Millet & Toussaint, 2009). Es más de lo que gastaron Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña juntos en la Segunda Guerra Mundial.

Durante la última década la deuda externa pública de Latinoamérica y el Caribe no paró de aumentar, siendo la segunda región más endeudada del mundo por una cifra que supera 1.200 mil millones de dólares (World Bank Group, 2021). 

En Argentina la deuda externa pública consume el 30,5% del producto bruto interno (Ministerio de Economía, 2022), lo que equivale a afirmar que como país debemos a los acreedores extranjeros una tercera parte de la riqueza nacional generada por nuestro trabajo, producción y comercio. 

No es todo. Argentina no sólo debe un tercio de la riqueza que genera, sino que cuantos más recursos genere, más deuda va a tener que pagar. 

Los «valores negociables vinculados al PBI» (más conocidos como «cupones PBI») son bonos emitidas por el Estado Nacional en 2005 que funcionan de la siguiente manera: si la riqueza argentina aumenta más de lo previsto en cierto año, los tenedores de ese bono tienen derecho a cobrarse una parte (5%) de ese excedente. En otras palabras, por el solo hecho que el país crezca mucho económicamente, aumenta la deuda externa a su cargo. 

Si tenemos en cuenta que el PBI creció muy por encima de lo esperado (a «tasas chinas») entre 2006 y 2012, la deuda por estos bonos supera los 12 mil millones de dólares, que tienen vigencia hasta el 2035. 

Argentina está atada a los compromisos impuestos por la deuda externa: un tercio de la riqueza que los argentinos generan le corresponde a los acreedores, y no puede aumentar «por demás» sin terminar en más deuda.

Hace ochenta años Raúl Scalabrini Ortiz explicó -seguramente sin imaginar nuestra actualidad- cómo «en un pueblo exportador de materias alimenticias puede haber hambre (…) Es que ya al nacer el trigo y el ternero no son de quién los sembró o los crió, sino del acreedor hipotecario, del prestamista que adelantó los fondos, del banquero que dio un empréstito al Estado, del ferrocarril, del frigorífico, de las empresas navieras… de todos menos de él».

En su época Scalabrini Ortiz se propuso develar la historia oculta del país, exponiendo cómo diversos tipos de bienes nacionales habían sido afectados por el endeudamiento externo. Así, por ejemplo, en el primer endeudamiento del país, año 1824, la provincia de Buenos Aires hipotecó todos sus bienes, rentas y tierras ante la Casa Baring, banca acreedora británica. Cuatro años después, en 1828, el país tuvo que entregar dos fragatas a Gran Bretaña como medio de pago, impidiendo tal vez que cinco años después, en 1833, se opusiera defensa a la ocupación británica de las Islas Malvinas que perdura hasta nuestros días.

Más aún, en 1842 Juan Manuel de Rosas ofreció a Inglaterra la entrega de las Islas Malvinas a cambio de la cancelación total de la deuda externa que el país tenía con ellos. Y en la década de 1990, por la necesidad de obtener recursos para pagar la deuda externa, el país perdió su energía, gas, puertos, ríos, industria naval, aerolíneas, aguas, bancos, fábricas militares, telecomunicaciones y ferrocarriles.

Esto no fue siempre así. Hubo un tiempo en el que Argentina no debió un sólo peso al extranjero y hasta supo ser acreedor de España, Francia, Italia, Bélgica y Finlandia. Fue cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón canceló la totalidad de la deuda externa, allá por el año 1946.

Años después el país volvería a endeudarse. Pero a diferencia de otros países que utilizaron el endeudamiento externo como un medio para financiar procesos de desarrollo, en la Argentina fue destinado a fines especulativos y salidas de recursos al exterior. 

Entre 1976 y 2015 la «fuga de capitales» superó los 277 mil millones de dólares (Barrera y Bona, 2018), y, entre 2016 y 2019, por cada 10 dólares que ingresaron al país mediante endeudamiento, 8 «se fugaron» (BCRA, 2020).

El tamaño que desde hace varias décadas alcanzan las deudas externas constituye un negocio para los principales bancos, inversores y países extranjeros. 

Argentina está sobreendeudada y paga sus deudas con más deudas. Es un negocio continuo y la clave es que dure. Tarde o temprano, el acreedor termina absorbiendo al deudor. 

Jean Ziegler, actual vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, resumió la cuestión:

«Los pueblos de los países pobres se matan trabajando para financiar el desarrollo de los países ricos. El Sur financia al Norte, especialmente a las clases dominantes de los países del Norte. El medio de control más poderoso del Norte sobre el Sur es actualmente el servicio de la deuda. (…) El servicio de la deuda mantiene a los pueblos en la esclavitud y saquea sus recursos».

Economizando el hambre y la sed de unos

Los pagos de deudas tienen una contracara. Con ello se van los recursos que debieran ser destinados a satisfacer servicios esenciales como educación, salud, seguridad, entre otros. 

Entre los años 1993 y 2019 el Estado Nacional argentino destinó al pago de la deuda pública el 2,34% del PBI, superando por mucho lo destinado a garantizar servicios básicos tales como defensa y seguridad (1,23%), educación y cultura (1,18%), transporte (1%), ciencia y tecnología (0,27%), agua potable y alcantarillado (0,13%), salud (0,9%), trabajo (0,2%) y vivienda y urbanismo (0,09%), respectivamente (Slipczuk y Falcon, 2019).

Desde hace por lo menos treinta años gran parte de los recursos públicos son utilizados para pagar onerosas y odiosas deudas que el pueblo sustenta y ve pasar sin contraprestación. Priorizando, además, los pagos por sobre la satisfacción de las necesidades más básicas que hacen a la dignidad de los argentinos. 

Entonces, la deuda externa termina generando una deuda interna. Porque la contracara del puñado de acreedores extranjeros (multimillonarios, por cierto) es la realidad social en que se encuentran millones de argentinos, que también son -o debieran ser- sujetos acreedores del Estado en obligaciones incluso más urgentes e inmonetizables: Derechos Humanos. 

De hecho, algunos años atrás el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció y afirmó que la carga de la deuda externa es insostenible y constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la prestación de servicios básicos, la erradicación de la pobreza y la efectividad de todos los derechos humanos, tildando de injusto al actual sistema que «sigue poniendo los intereses de los acreedores por encima de los países endeudados y de los pobres que viven en esos países».

No parece ser algo propio de nuestros tiempos. Hace más de un siglo Nicolás Avellaneda (presidente 1874-1880) afirmó con perverso orgullo: «Hay dos millones de argentinos que economizarían hasta su hambre y su sed para responder a los compromisos de la fe pública ante los mercados extranjeros».

Por otra parte, la deuda externa estuvo detrás de grandes crímenes de nuestra historia que fueron pagados -material e inmaterialmente- por generaciones enteras de argentinos: Urquiza endeudó al país para combatir a Rosas; Mitre financió con deuda inglesa la matanza del pueblo paraguayo en la funesta Guerra de la Triple (¿o Cuádruple?) Alianza; Sarmiento también endeudó al país con los británicos para perseguir y eliminar a los caudillos populares del interior; y casi todas las dictaduras militares del siglo pasado lo hicieron, en especial la última, para ejecutar su plan de terrorismo de Estado y de desguace del patrimonio público.

La omnipotencia de otros

La globalización permitió a una elite dueña de los grandes oligopolios internacionales actuar en un mercado sin más reglas que las propias, sin compartir poder con casi ningún otro sujeto, ni aceptar límites de ningún tipo. 

En esa élite global sólo 2.100 individuos poseen más recursos que 4.600.000.000 personas, y son dueños de 10 empresas que acumulan más riqueza que 180 países. Es por eso que los Estados deudores terminan sometiéndose a las exigencias y condiciones del poder financiero internacional. 

Casi todo lo que comemos, vestimos y utilizamos se traduce en ganancias de sólo cuatro megacorporaciones que controlan prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas: BlackRock, Vanguard, Fidelity (FMR) y StateStreet. 

Se trata de gigantes compañías financieras «dueñas del mundo» (y de gran parte de la deuda argentina) que dirigen todas las grandes empresas y bancos internacionales. BlackRock acumula más riqueza que cualquier otro país (superado sólo por China y Estados Unidos) y es uno de los principales acreedores de la deuda externa argentina, al igual que Fidelity.

Pero además, tienen vínculos o directamente dirigen a los asesores, abogados y bancos que todos los gobiernos argentinos de las últimas décadas contrataron para el manejo de la deuda externa. 

En primer lugar, el Estado Nacional renuncia expresamente a sus inmunidades soberanas1 y actúa como un agente privado ordinario. Eso permite que los conflictos que surjan con los acreedores sean resueltos por jueces extranjeros, generalmente de los países de origen de éstos. A miles de kilómetros, desde tribunales de Nueva York o Londres, jueces extranjeros pueden decidir cómo se deben usar nuestros recursos públicos.

Además, para afrontar esos juicios el Estado Nacional ha contratado al mismo estudio jurídico (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LPP) que contratan sus acreedores2

A su vez, el Estado Nacional contrató como asesor financiero en materia de deuda externa a uno de los principales bancos del sistema financiero internacional, que es su propio acreedor: el banco Lazard3

Finalmente, el Estado Nacional paga millonarias comisiones a los bancos extranjeros más grandes del mundo (HSBC, Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan-Chase, Citibank y UBS Limited) para la colocación de sus deudas en mercados internacionales4, todos dirigidos por los acreedores BlackRock y Fidelity. Incluso algunas de esas entidades son viejas conocidas: durante la

última dictadura el Estado se hizo cargo de las deudas privadas del CitiBank, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank (hoy JP Morgan) y el Bank of America.

Pareciera que estamos «atados a un mismo collar» por un escenario creado (por responsabilidad de los funcionarios de las últimas décadas) para ceder ante la voluntad omnímoda y omnipotente de los acreedores.

Como consecuencia de lo anterior, el Estado Nacional argentino debió afrontar en 2011 un paradigmático proceso judicial entre una Nación «soberana» y sus acreedores. El juez neoyorquino Thomas Griesa dictaminó en favor de los acreedores  de Wall Street (que habían comprado los títulos de deuda por centavos) y ordenó al país a pagar la totalidad de lo reclamado por los mismos (obteniendo así una ganancia de 1.180%).

Thomas Griesa, juez federal de Estados Unidos

La entrega de soberanía llegó a tal punto que en la década de 1990 el Estado argentino renunció a cuestionar la legalidad de los contratos que firmaba, a denunciar ante el incumplimiento o la mala conducta de los bancos, sus directivos, funcionarios y agentes, y a oponer cualquier acción para evitar la ejecución forzada de sus bienes. Incluso entre 1992 y 1995 los registros de deuda externa -y por lo tanto las sumas a pagar- fueron suministrados por los propios acreedores.

La situación del Estado contrasta con las inmunidades que tiene una de las patas del poder financiero global, el Fondo Monetario Internacional (FMI). El accionar del organismo no puede ser cuestionado judicialmente por ningún país, teniendo mayores inmunidades (privilegios) que los propios Estados (art. IX del Convenio Constitutivo del FMI). 

El FMI está integrado por 190 países, pero responde a los intereses de ciertos países y corporaciones. Estados Unidos tiene el 16,74% de derecho a voto dentro del organismo, veinticuatro países de África juntos sólo 1,34% y Argentina 1,59%.

A cambio de financiamiento el FMI exige ajustes presupuestarios, liberalizaciones económicas y financieras, devaluaciones de la moneda, impuestos regresivos y flexibilizaciones laborales a los países endeudados.

Argentina estuvo bajo monitoreo (o cogobierno) del FMI durante 41 de los últimos 65 años5. 

Siendo el país que más veces se endeudó con el organismo, los índices de desempleo, pobreza y producción nacional evidentemente no se corresponden con los fines declarados por el organismo (fomento y mantenimiento de altos niveles de empleo, ingresos reales y desarrollo de la producción de los países miembros).

La única manera de intentar responsabilizar al FMI es pidiendo una Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, algo que hasta hoy ningún país se atrevió a hacer. Aunque nuestro país es uno de los pocos que investigó la ilegitimidad de un proceso de endeudamiento, en lo que fue la causa Olmos6.

En última instancia, la cuenta y las consecuencias son afrontadas por el pueblo argentino, quien padece desde hace décadas la crítica situación económica y social por la vigencia de un orden neoliberal (impuesto por la última dictadura y perfeccionado en democracia) que en los últimos cincuenta años nunca fue modificado.

Conclusiones

La deuda externa no es una cuestión coyuntural. Responde a una forma estructural del sistema financiero actual, que vulnera la dignidad humana, la soberanía política y económica y el desarrollo nacional. 

Bajo la desigualdad de poder entre los acreedores y el deudor debilitado y necesitado, el problema es «solucionado» con refinanciamientos que tienen como resultado la cancelación de viejas deudas a cambio de nuevos endeudamientos.

Mientras los acreedores buscan el lucro privado, el Estado hipoteca e incumple por falta de recursos otras obligaciones (más urgentes y humanas) que tienen como acreedores a sus millones de habitantes.

En el mediano plazo el mundo se debe una solución al problema que por lo menos considere la responsabilidad de los acreedores en la forma en que condicionan la efectivización de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes a cargo de los Estados deudores.

El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos tomó -tímidamente- las cartas del asunto recién hace unos pocos años, con la oposición de Estados Unidos y la Unión Europea. Como dice el refrán, «hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño».

Hasta tanto: «El pueblo -escribió Scalabrini Ortiz- siente esa mole de números ignorándolos. Los siente como una presión que lo rodea y desplaza de su propio país y que lo va transformando en un peón de campo que trabaja para que otros medren y gocen a su costa, lo siente como una fuerza que lo estrangula y va haciendo de él, hombre libre y orgulloso de serlo, un ilota». 

Quizás la verdadera deuda del pueblo argentino sea consigo mismo, por su prosperidad, provenir y libertad. Solo la voluntad e imaginación creativa que permita correr los límites de lo posible permitirá encontrar soluciones adecuadas para problemas acuciantes, con las mejores herramientas.

1A nivel nacional las leyes 20.548/73, 21.305/76 y 22.434/81, jurisprudencia “Manauta, Juan José y otros c. Embajada de la Federación Rusa” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 317:1880, 22/12/1994). A nivel internacional se dictaron la Foreing Sovereign Immunity Act (EEUU 1976) y State Immunity Act (Gran Bretaña 1978), que permitieron el juzgamiento de Estados que hayan renunciado a la inmunidad soberana en tribunales norteamericanos e ingleses.

2Decreto 749/2002 y Decisión Administrativa 231/2016 del ministerio de hacienda y finanzas públicas.

3Resolución 101/2003, Ministerio de Economía. Resolución 129/2003, Ministerio de Economía y Producción. Decreto 319/2004. Comunicado Secretaría de Finanzas (01/03/2020).

 4Resoluciones 267/2009, 146/2016, 32/2016, 122/2016 y 5 – E/2017.

5Recientemente Carlos Melconian contó que Mauricio Macri le ofreció durante su presidencia el Ministerio de Economía, pero lo rechazó por considerar que «un presidente y un ministro, con Lipton –autoridad del FMI- al lado, toman mate. ¿Qué voy a hacer si el programa lo hacen ellos?».

6«La deuda externa pública y privada contraída entre 1976 y 1982 fue excesiva y perjudicial, sin justificación económica, financiera ni administrativa […] el endeudamiento externo dañó la vida política, institucional, el orden jurídico, y el sistema y estructura económica del país […] la deuda externa fue groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país […] esa política económica tendía a beneficiar y sostener empresas y negocios privados […] el aumento de la deuda externa fue negligente, por la imprudencia que lo caracterizó y las consecuencias que tuvo sobre la economía del país […] los organismos acreedores –el FMI y la banca extranjera- también actuaron con imprudencia en todo el manejo del endeudamiento externo». Citas de la sentencia de la causa Olmos, Alejandro S/dcia que investigó el endeudamiento de la última dictadura militar.

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