CONTRADICCIÓN FUNDAMENTAL EN LA ARGENTINA 2021

Horacio Rovelli

El objetivo final de la política económica es lograr el pleno empleo y la mayor equidad en la distribución del ingreso que sea posible. Nuestra Constitución Nacional lo determina cuando desde el Preámbulo sostiene: “Promover el Bienestar General”.

Entonces la política económica, en el sentido amplio de la palabra, es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para orientar, influir y/o conducir la economía de los países, y como toda estrategia, debe responder a un plan global. Este plan consiste en diseñar grandes objetivos y las distintas medidas que se deben adoptar para cumplir con dichos objetivos, cuyo fin último es la plena ocupación y con una remuneración que supere la línea de pobreza.

No existe Estado sin fijar metas, que son en sí mismas la esencia del diseño del proceso de planificación de un gobierno, y que al orientar su gestión le permiten alcanzar sus objetivos. También son parte de la compleja interrelación de las políticas públicas como instrumentos para alcanzar los fines.

La planificación no es otra cosa que el intento del hombre por gobernar su futuro, por imponer la razón humana sobre las circunstancias. Ningún mecanismo automático y determinado resuelve el destino y, por nuestra Constitución Nacional y porque “debe ser así”, le conferimos esa responsabilidad al Estado nacional.

El salario del trabajador tiene un haber mínimo que no debe ni puede ser fijado por el mercado, sino que lo debe fijar el Estado, un salario mínimo vital y móvil determinado por los estándares que requiere cada trabajador para cubrir las necesidades básicas de su familia; tal como está escrito en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual reza “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor…”, entre otros derechos constitucionales.[1]

John M. Keynes (1883-1946) lo afirmaba claramente: “Por tanto, en condiciones de laissez faire (mercado libre), quizá sea imposible evitar las fluctuaciones amplias en la ocupación sin un cambio trascendental en la psicología de los mercados de inversión, cambio que no hay razón para esperar que ocurra. En conclusión, afirmo que el deber de ordenar el volumen actual de la inversión no puede dejarse con garantías de seguridad en manos de los particulares”.

Desde el punto de vista económico la principal función del Estado es regular la actividad, establecer las “reglas de juego”, que es lícito y que es ilícito y orientarse al pleno empleo y al crecimiento con la mejor distribución del ingreso posible.

Por eso John M. Keynes va a decir que una cosa es el beneficio de los empresarios y otra muy distinta es el de la sociedad y que la causa de desempleo se encuentra fuera del mercado laboral. De hecho, este último, es un mercado cuyo comportamiento es pasivo, en el sentido de que el equilibrio en el mercado laboral deriva de fuerzas externas a él. La curva de productividad marginal debe considerarse como tal y no como una curva de la demanda de trabajo por parte de los empresarios en relación con los salarios.

A su vez, sobre la base del nivel de empleo se establece el nivel de precios y, en consecuencia, dados los salarios monetarios -que se deciden mediante negociación colectiva-, los salarios reales.

En la Argentina afectada por las políticas recesivas y el covid-19, según el INDEC, al II trimestre 2020 se perdieron 3.757.000 puestos laborales, de los cuales 289.000 correspondieron a asalariados registrados, 1.695.000 a asalariados informales y 1.774.000 a trabajadores por cuenta propia. El personal doméstico sufrió una pérdida de casi 600.000 puestos, la construcción de aproximadamente 400.000 y en hoteles y restaurantes se calcula una baja de 304.000 empleos.

Por las suspensiones y reducción de las jornadas de trabajo, el INDEC  sostiene que «la caída en horas trabajadas (-34,6%) fue superior a la registrada en los puestos de trabajo, por lo que las horas por puesto de trabajo mostraron una retracción de 21,4% frente al segundo trimestre de 2019″.

Las horas efectivamente trabajadas anualizadas, durante el segundo trimestre, alcanzaron los 20.303 millones, con una caída del 34,6% y de ese total 15.588 corresponden a asalariados, con una reducción del 33,6%, y 4.715 a no asalariados o trabajadores independientes, con una baja del 37,8%.

Si bien la actividad económica se recuperó en la segunda parte del año en algunos sectores, empeoró en otros; en el marco de que el PIB (Producto Bruto Interno) descendió en el año 2020 con respecto al año 2019 -que venía en recesión- en torno a un 10%, siendo la mayor caída del PIB que se tenga registro.

Por lo tanto, se producen serios desequilibrios entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de acumulación del capital, que es la causa central de desempleo en los países atrasados debido a la falta de capital para trabajar. En estos casos, la receta de bajar salarios no es la solución al problema. Como en la amplia mayoría de los países no industriales, por la consolidación de las cadenas globales, no se puede competir vía precios, porque el camino es invertir en máquinas y equipos de última tecnología para generar puestos de trabajo y aumentar la producción y la productividad del trabajo.

En la Argentina de comienzos del año 2021, el salario promedio de bolsillo (neto) de los trabajadores industriales, es menor a 700 dólares por mes, a razón de 3,5 dólares la hora, no solamente es uno de los más bajos de nuestra historia, sino que incluso, como decía Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, es menor a igual trabajo que en Brasil, y sin embargo, obviamente, no podemos competir con Brasil en la mayoría de la producción manufacturera. Y aún menos con los países industriales cuyo salario promedio supera los 2.000 dólares por mes.

Las cadenas globales de valor son administradas por las empresas transnacionales[2] y representan en torno al 80% del intercambio mundial. Menos del 30% de las exportaciones de la Argentina ingresan en esas cadenas como mero proveedor de alimentos o de metales, donde el 60,9 % de las exportaciones argentinas se dividen tan solo en 5 (cinco) productos primarios con bajo valor agregado.

Esa situación implica que no se transforma todo el superávit comercial y la inmensa masa de ganancia de un sector privilegiado -constituido por los que controlan el mercado cautivo apropiándose de una renta extraordinaria- en inversión, generando dos factores adversos: falta de puestos de trabajo -y con ello presión a la baja de los salarios- y fuga de capital.

RENTA AGRO COMERCIAL

En la Argentina no se da a conocer el costo de producción de la soja, de su harina, de su aceite y así con todos los demás granos[3], pero si sabemos su precio internacional que se fija en referencia al mercado de Chicago (EEUU).  Tampoco se sabe a ciencia cierta qué cantidad de toneladas se exportan, por las serias falencias de control en los 68 puertos locales -incluidos el de Buenos Aires y de Dock Sud- que dan sobre el Río Paraná hasta el Río de la Plata, de los cuales 55 son privados. Si sabemos por el caso Vicentin SAIC, que por la Hidrovía Paraná-Paraguay transitan más barcazas con bandera del Paraguay que argentinas y que, en realidad, muchas de ellas, salen de los puertos nacionales vacías, se hacen poner el sello de la Aduana en el hermano país y luego cargan en terminales argentinas para no pagar las debidas retenciones. 

La renta extraordinaria es la apropiación gratuita -y muchas veces ilícita- de los recursos naturales (agua, tierra, aire, etc.) ¿Qué es por ejemplo la soja sino tierra y agua del país? ¿Cuánta mano de obra demanda la producción de una tonelada de soja? Es renta que se apropian, que no se contabiliza y por ende no se paga. Y además, no es compensada por la baja recaudación del impuesto a la propiedad rural o, como derecho de exportación, que amenguan vía triangulaciones como el caso de Vicentin lo demuestra -que obviamente no es el único-, con sus filiales en Paraguay y Uruguay.  

En los primeros once meses del año 2020 el 91% de las operaciones declaradas de exportación de productos agro industriales se realizaron por diez empresas de las cuales seis son extranjeras y cinco de ellas se hacen llamar por su primera letra “ABCD”: ADM, Bunge Ceval, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus, más Glencore como Renova SA y/o como Oleaginosa Moreno SA.[4] Las otras cuatro empresas nacionales son: Aceitera General Deheza, ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), Molinos Agro de Pérez Companc, y Díaz y Forti, que utilizan las instalaciones de Vicentin SAIC. Todas ellas forman parte de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales),

En los últimos años han obtenido una cosecha record y con los precios más altos. Por ejemplo, en el mercado de Chicago (EEUU) la tonelada de soja cerró el año 2020 a $476 dólares -un 39,3% mayor que en el año 2019- y los 900 litros de aceite de soja cerraron a $960 dólares; sin embargo el total de la liquidación de exportaciones en los once meses del año 2020 fue de $18.583.581.963 dólares, es decir, un 15,67% menos de lo ingresado en el año 2019 en igual lapso.

Recién a partir del 1 de diciembre de 2020 mediante la Resolución N° 132/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se exige a los operadores de granos que para mantener la inscripción en el registro de los exportadores deben cumplir con el plazo previsto para la liquidación de divisas.

Por supuesto para perfeccionar ese mecanismo rentístico y de fuga, de doble contabilidad, de evasión y elusión de impuestos, deben contar con el sector financiero, que hace coincidir sus declaraciones juradas con las Letras de Cambio o Carta de Créditos de los bancos;  tareas a la que se suma la renta financiera garantizada y asegurada por la fuerte cartelización del sector.

RENTA FINANCIERA

Por otra parte, la renta financiera se explica porque son diez bancos privados los principales agentes de comercialización externa. En primer lugar el banco chino ICBC, pero también tienen destacada labor los bancos Galicia y Macro, entre los nacionales -muy desdibujado- el banco Supervielle y entre los extranjeros los bancos Santander Río, BBVA, HSBC, Citi, Patagonia -que el 80% pertenece al banco Do Brasil-  y el BNP Paribas, además de ser los principales colocadores de fondos en las Leliq (Letras de Liquidez del BCRA) y gracias a que están autorizados por la entidad monetaria a captar depósitos del público y prestárselos al mismo BCRA. Todo ello les ha permitido ganar mucha plata mientras el país sufre la caída del producto bruto interno más grande que se tiene registro.

Las autoridades de BCRA de este gobierno de Alberto Fernández aplicaron sin restricción de ningún tipo y en medio de la pandemia del Covid-19, la legislación vigente cuyo fin es valorizar financieramente el capital, conformada por la Ley N° 21.382 de Inversiones extranjeras -que prácticamente les confiere los mismos derechos  que los inversionistas nacionales-, la Ley N° 21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos, la Ley N° 21.526 que estableció el nuevo régimen legal de las entidades financieras[5], la Ley N° 21.572 de creación de la cuenta de Regulación Monetaria por medio de la cual le remuneraba el BCRA los depósitos en cuenta corriente a los bancos, y las Leyes Nros. 21.364, 21.547 y 21.571, que modificaban la Carta Orgánica del BCRA. Pero como no era suficiente, en el año 1992 Domingo Cavallo, mediante la Ley N° 24.144, profundizó la apertura confiriéndole al BCRA el poder de comprar dólares al Tesoro de la Nación -divisas que el Estado nacional consigue esencialmente por endeudamiento- y, a su vez, que sean los bancos los únicos que le puedan comprar esos dólares al BCRA.

SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO

 
INDICADORES MONETARIOS30/12/201923/12/2020DIFERENCIA 
Base Monetaria1.829.1092.402.795573.686 
Circulación Monetaria1.147.0801.858.376 
Cta. Cte. en el BCRA682.028544.419 
Reservas Internacionales45.19039.216-5.974 
LELIQ758.4531.633.620875.167 
Pases Pasivos426.6551.220.889 
Esterilización1.185.1082.854.5091.669.401 
Porcentaje/BM64,8%118,8% 
Porcentaje/Circulación Monetaria103,3%153,6% 
Adelantos al Tesoro792.7301.260.450467.720 
Créditos al sector privado2.476.1893.112.839636.650 
Porcentaje/PIB11,15%11,00% 
 
Nota: En millones de pesos o de dólares según corresponda. El total del crédito al sector privado incluye la financiación de exportaciones e importaciones. Fuente: Gerencia de Estadísticas Monetarias del BCRA. 

A la permisiva legislación debe incluirse el Decreto N° 893/2017 que anuló el Decreto N° 2581/1964 que declaraba la Emergencia Cambiaria -y que acompañamos a esta nota- cuyo primer artículo exige que el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales, hasta alcanzar su valor F.O.B. (Free On Board) o C.I.F. (Cost, Insurance and Freight)[6], según el caso, deberá ingresarse al país y negociarse en el mercado único de cambio dentro de los plazos que establezca la reglamentación pertinente. Este marco les permitió a los exportadores, y por lo menos hasta diciembre de 2020 y tras un año de gestión, retener la liquidación de las mismas. Por ejemplo, siendo el superávit comercial acumulado hasta octubre de 2020 de $12.171 millones de dólares, las reservas internacionales del BCRA habían descendido en unos $4.000 millones de dólares, porque se le permitió a las empresas pagar supuestas deudas externas e importar en forma anticipada mercaderías comprándole dólares al BCRA al precio oficial; más el hecho de que los exportadores y los bancos no ingresan el total de las divisas de las operaciones, demostrando que hasta octubre de 2020 en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio), habían ingresado $5.049 millones menos que lo registrado por las Aduanas y el INDEC en la Balanza de Pagos.[7]

Ante esa situación varios tenedores de depósitos en divisas en los bancos las retiraron, por lo que su encaje o efectivo mínimo también se redujo, de manera tal que al 31 de octubre de 2020 las reservas internacionales del BCRA en lugar de acrecentarse por el superávit comercial, fruto del las autorizaciones de ventas de divisas del BCRA -rémora en el ingreso de operaciones de exportación permitido por la legislación-, descendieron en $4.008 millones de dólares.

EL ESTADO NACIONAL

El Estado nacional incurrió en fuertes gastos para enfrentar al virus covid-19 y asistir como pudo a la población, de manera tal que cierra el año 2020 con un déficit fiscal de unos dos billones de pesos y sin posibilidad de mayores ingresos por la estructura tributaria ligada esencialmente al nivel de actividad, que se encuentra en una severa recesión por la propia pandemia. Por lo que ingresa en un círculo vicioso: financia su déficit fiscal principalmente con emisión[8], luego saca esos pesos del mercado con endeudamiento -las Leliq del BCRA, que financian el déficit fiscal pagando una tasa del 38% anual[9]– y devalúa en un 49,75% -el tipo de cambio comercial vendedor pasó de $59,60 el primer día hábil de enero  a $ 89,25 el miércoles 30 de diciembre de 2020- para licuar dicha deuda.

Obviamente, la suba del dólar arrastra el precio interno en los alimentos -que es básicamente el bien que exportamos- dada la concentración de productores y de comercializadores, tanto en el frente externo como en el mercado argentino, donde una veintena de empresas -Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez-exKraft, Molinos Cañuelas, Morixe, Frigorífico Rioplatense SA- representan el 80% de esas ventas y, a su vez, las grandes cadenas de ventas -Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart- representan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen.  En este marco y con esa sociedad de hecho de grandes productores y comercializadores, que data de años, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos y explicar por qué cuando sube el valor del dólar, tarde o temprano, se traslada a los mismos.

QUE SE DEBE HACER

Es obvio que nos encontramos con una asociación de grandes aglomerados agro-industriales y de grandes bancos, camino que fue preparado por la reforma financiera de 1977, profundizado por el menemismo y el macrismo y que este gobierno no solo no limitó, sino que propició, mientras la mayor parte del país descendía violentamente en su nivel de ingreso y de vida.

En primer lugar se debe entender que cuanta más proporción  de renta se genera en el valor de los productos es menor la generación de empleo, y es más regresiva la distribución del ingreso.

Por lo que el Estado no debe quedarse de brazos cruzados, o peor aún, ser garante de que se cumpla una legislación retrograda y en beneficio de una minoría rentística. El Estado en cumplimiento de la Constitución Nacional que está por encima de todas las leyes y de los tratados internacionales, debe regular la actividad comercial y financiera, y cobrar impuestos[10] sobre la renta, amén de sacarle la prerrogativa que tienen los bancos de administrar el ahorro público.

El dinero y su ahorro provienen del circuito productivo argentino y no puede ser apropiado por los bancos y que sean ellos los que determinen en que se emplea, que la mayoría de las veces es para obtención de renta de muy corto plazo en lugar de apuntalar planes de inversión. Por eso las Leliq -que son letras de liquidez que coloca el BCRA en los bancos- son a siete días, los depósitos en su mayor parte se renuevan cada 30 días y la renovación de las líneas de crédito se da cada seis meses.

Continuar con el concepto de banca universal de la Ley N° 21.526 va en desmedro de constituir la necesaria banca de inversión que fondee planes de mediano y largo plazo.  El sistema financiero debe tener un piso de crédito para Pymes y debe desalentar la compra y venta de dólares y de activos financieros como forma de aumentar ingresos. Y las Leliq se deben emplear para constituir un activo consolidado de un año y prestar desde allí a la producción y a obras de infraestructura tanto públicas como privadas.

Se debería haber declarado la Emergencia Financiera para regular ese mercado de especulación y fuga. Y por ejemplo, para poder constituir un bono de un año de plazo con las Leliq y, a su vez, que el BCRA obligue a las entidades con ese monto, que den crédito a la producción en general y a las Pymes especialmente.

Declarar la Emergencia Cambiaria anulando el Decreto N° 893/2017 de Macri y obligar a las exportadoras a liquidar en tiempo y forma las operaciones.

Poner en funcionamiento el Consejo Federal de Hidrovía creado por la Resolución N° 307/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, integrado por representantes de los Ministerios del Interior, Desarrollo Productivo, y de las Provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, para que cumplan un rol fiscalizador de lo que se traslada por el Río Paraná -como tipo de mercancía y su correcto pesaje y origen de embarque-, máxime de licitar su dragado y mantenimiento que vence el 30 de abril de 2021 y que, por medio de cual, se realizan el 90% de nuestras exportaciones.

Presentar un plan general que priorice el abastecimiento interno de alimentos y permita suspender temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), como es el caso del maíz, cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1 de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña 2020/21 del cereal.

Finalmente, el mismo BCRA en mayo de 2020 presentó un trabajo donde demuestra que en los cuatro años de gestión de Cambiemos se fugaron $86.200 millones de dólares y que los cien primeros compradores lo hicieron por $24.679 millones de dólares, a razón promedio de $246,8 millones de dólares cada uno de ellos.  Nunca se comunicó quienes eran, pero es fácil deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a una Administración Pública que enfrentó sola una pandemia, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los distintos hospitales y programas de salud, donde muchos pagaron con su vida, un porcentaje importante se infectaron con el virus y todos trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en cumplimiento del deber y  cobrando sueldos miserables. Pero más miserable y egoísta que los magros ingresos que se les paga son los ricos de este país y los funcionaros que hacen la vista gorda y se desentienden de la fiscalización que les corresponde como tarea principal.

Todo ello debe realizarse en un marco en que se aumenten los salarios y el empleo a través de la obra pública nacional, provincial, municipal y de estímulos a las empresas de creación de puestos de trabajo, esencialmente a las Pymes que son las que proporcionalmente más trabajo generan. Ningún trabajador en actividad o pasividad debe percibir un ingreso mensual menor a la canasta básica total del INDEC.

Mayor salario y mayor empleo fortalece al mercado interno donde se destina más del 70% de lo que el país produce, máxime cuando la presión de los exportadores, de los fugadores de capital y del FMI es a una devaluación permanente de nuestra moneda, garantía de valorizar las divisas, pero a costa del empobrecimiento de nuestro pueblo.  Ya la devaluación la hizo el macrismo cuando en tres meses -del 25 de abril al 24 de julio de 2018- depreció el peso en un 100% y que este gobierno en forma mesurada pero constante, continuó.

Solo recomponiendo los salarios -incluidas jubilaciones y pensiones- y el empleo, la Argentina volverá a crecer. Lo demostró Néstor Carlos Kirchner: “El PBI se conforma de consumo, inversión y comercio exterior. En los noventa, se probó la teoría del derrame y no funcionó. Ahora lo armamos como se arman los buenos equipos de fútbol: de abajo para arriba. Tenemos que lograr que los cuarenta millones de argentinos sean consumidores plenos. El crecimiento del consumo demanda una mayor inversión. Estos dos ítems, consumo e inversión, impulsan las exportaciones: el consumo te da mayor escala de producción y la inversión, mayor eficiencia. Ambos bajan los costos y permiten competir a nivel internacional. Así crecen consumo, inversión y exportaciones y la economía vuela”.

Cualquier otra alternativa es ser funcional al poder económico consolidado y significa riqueza para unos pocos y marginalidad y pobreza para nuestro pueblo.


[1] El economista Sergio Arelovich, asesor de La Federación de Trabajadores Aceiteros de la República Argentina, afirma que el Estado debe intervenir para garantizar ingresos dignos a los trabajadores en cumplimiento de la Constitución Nacional y de la Ley N° 24.013 de Empleo, cuyo artículo 135 crea el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, en su artículo 135, inciso C, le confiere al Estado la facultad de aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil. Así afirma textualmente: Si de deudas de la democracia se trata, resta decir que tanto el Estado como cierto sindicalismo se han mostrado poco exigentes al momento de hacer cumplir la normativa que garantiza a los trabajadores el grado de dignidad que se les debe reconocer por su condición de creadores de riqueza”. Revista Conclusión, 4 de enero de 2021.

[2]  Incluidas las de capital chino, como COFCO y  Shandong Gold. Esta última se asocia a la Barrick Gold en la Mina Veladero de San Juan.

[3] También del petróleo, del gas, del oro y del cobre. Basta recordar cuando el entonces Ministro de Energía de la Nación, Juan José  Aranguren, quien trabajó durante 30 años en Shell, dijo en el Congreso de la Nación que desconocía el precio del costo de extracción del petróleo. Igual con la distribución de energía, de las comunicaciones, etc.

[4] Los miembros fundadores (ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Louis Dreyfus Company y Glencore Agriculture) con el fin de modernizar las operaciones comerciales globales conformaron el proyecto Covantis, que cuenta con un sitio web, www.covantis.io, para conectar la agroindustria a través de una plataforma digital.

[5] La Ley N° 21.526 le concedió a los bancos comerciales realizar “todo aquello que esta ley no prohíbe”, dándole ventajas exclusivas, siendo los únicos habilitados para captar depósitos en cuenta corriente.

[6] F.O.B. y C.I.F. son siglas de tipos de precios utilizados en el comercio exterior que incluyen una serie de seguros, reaseguros, gastos administrativos, portuarios y de fletes. En el primer supuesto: Free On Board (named loading port) ‘Libre a bordo (puerto de carga convenido)’, el vendedor entrega la mercancía sobre el buque y el comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte principal (buque). El F.O.B. es una de las reglas más usadas en el comercio internacional. Se debe utilizar para la carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de mercancías, no utilizable para granel. Su aparición es previa a la creación de la Cámara de Comercio Internacional, pues ya se tiene constancia de su uso en las Cortes Británicas, en 1812. La regla ‘Incoterms’ F.O.B. se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. En el segundo supuesto: Cost, Insurance and Freight (named destination port) ‘Coste, Seguro y Flete (puerto de destino convenido)’, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El seguro debe contener unas cláusulas similares a las ICC-C de la IUA. Como en la regla anterior, C.F.R., el riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El ‘Incoterm’ C.I.F. es uno de los más usados en el comercio internacional porque las condiciones de un precio C.I.F. son las que marcan el valor en aduana de un producto que se importa.​ Se debe utilizar para la carga general o convencional. El ‘Incoterm’ C.I.F. es exclusivo del medio marítimo.

[7] Las exportaciones  acumuladas de enero a octubre de 2020 según el INDEC en base a los registros de la Dirección General de Aduanas fueron por $46.556 millones de dólares y, por el MULC ingresaron solamente $41.507 millones de dólares.

[8] También coloca títulos de deuda en pesos pero ajustados por la inflación (BONCER) o por el valor del dólar (Dólar linked).

[9] La autorización de ser bancos le permitió en diciembre 2020, pagar tasas por los depósitos a 30 días en torno al 33% anual y cobrarle al BCRA por las Leliq a 7 días una tasa nominal del 38%, ganado unos $70.000 millones de pesos mensuales sin correr ningún riesgo prestándole al BCRA.

[10] Impuestos Directos como en la Ley N° 27.605 de Aporte Solidario, pero no por única vez, sino todos los años y, cobrar impuesto inmobiliario rural que representa menos del 0,4% del PIB, cuando el IVA es el 10,5% del PIB. E indirectos como son los derechos de exportación (retenciones).

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