CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL: Implementación de la nueva normativa sobre publicidad y acceso a los juicios en todo el sistema judicial penal federal del país.

Por Federico Tavarozzi

Desde el jueves 10 de diciembre de este año 2020 comenzaron a ser aplicables cuatro artículos del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en todo el sistema de justicia penal nacional y federal.

Esto fue así a partir del dictado de la Resolución N° 1/2020 por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF.

Esta Comisión fue creada en el ámbito del Congreso al momento de la aprobación del CPPF en 2014, está compuesta por legisladores y legisladoras de la Nación, y a su vez tiene la competencia legal de proponer las modificaciones y/o adecuaciones legislativas necesarias para la implementación del nuevo Código en forma íntegra y en todas las jurisdicciones federales del país.

En este sentido, hay que tener presente que al día de la fecha el CPPF se aplica íntegramente y en su totalidad solo en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta (que comprende a las provincias de Salta y Jujuy).

Es así que existe hoy una implementación parcial territorial, ya que en el resto de las jurisdicciones federales de todo el país se continúa aplicando el anterior Código Procesal Penal de la Nación (CPPN, Ley N° 23.984 de 1991), con cientos o miles de modificaciones a su redacción original a lo largo del tiempo, a excepción de ciertas materias en las que se aplican artículos del nuevo CPPF a partir de la Resolución N° 2/2019 de la Comisión Bicameral dictada hacia fines del año 2019.

Sobre esta primera implementación parcial normativa (Resolución N° 2/2019), te compartimos nuevamente un artículo en el que tratamos dichas modificaciones, entre las que se encuentran: la inclusión de soluciones alternativas y conciliación en el proceso penal; la posibilidad de aplicación de criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal; la incorporación de nuevos derechos y garantías de las víctimas; así como nuevas medidas alternativas a la prisión y reglas para evaluar su procedencia. (http://repliegue.com.ar/codigo-procesal-penal-federal-nuevo-marco-normativo-aplicable-y-horizontes-posibles/)

Veamos ahora cuales son los cuatro nuevos artículos (285, 286, 287 y 336 inciso f) que forman parte de esta segunda implementación parcial normativa a partir de la Resolución 1/2020, y que con ello pasan a ser la norma aplicable en todas las jurisdicciones del sistema de justicia penal nacional y federal en los tópicos particulares a los que se refieren.

Publicidad de los juicios

El artículo 285 viene a ampliar los márgenes de la garantía de publicidad del debate en juicio, estableciendo ciertas reglas que parecen orientar el sistema hacia una mayor transparencia.

En este sentido, es interesante revisar el lenguaje del texto del artículo del CPPN que regula este mismo tema y que viene a ser virtualmente derogado por el nuevo:

“El debate será oral y público, bajo pena de nulidad; pero el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral, el orden público o la seguridad. La resolución será fundada, se hará constar en el acta y será irrecurrible…” (Artículo 363 CPPN).

Como vemos, la publicidad no parece estar del todo garantizada si los jueces y/o las juezas del caso concreto tienen la posibilidad discrecional de resolver su realización “a puertas cerradas” por el solo hecho de verse supuestamente afectados criterios tan vagos y ambiguos, que pueden habilitar cualquier interpretación subjetiva, como “la moral, el orden público o la seguridad”. Menos aún, si tal decisión no puede ser recurrida o apelada.

Por el contrario, el nuevo artículo 285 CPPF, obviamente manteniendo que la instancia de debate en juicio será oral y pública, dispone que “…el tribunal podrá disponer, fundadamente y si no existiere ningún medio alternativo, una o más de las siguientes medidas para proteger la intimidad o seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el debate, o para evitar la divulgación de un secreto cuya revelación sea punible o afecte gravemente la seguridad del Estado…”.

Las medidas de referencia son la prohibición de acceso o permanencia en la audiencia de personas determinadas, o del público en general para la realización de pruebas específicas; así como la prohibición a las partes, testigos, peritos, intérpretes y/o demás intervinientes de divulgar información o formular declaraciones a medios de comunicación durante el desarrollo del debate sobre cuestiones que hubieran sido excluidas de la publicidad.

A su vez, dispone que tales restricciones podrán ser dispuestas de oficio (es decir, sin la solicitud de alguna de las partes del juicio) solo en caso que la persona a proteger no estuviere representada o se tratare de un secreto cuya revelación fuere punible o afectare gravemente la seguridad del Estado. También, que ante la decisión restrictiva en el caso puntual las partes podrán deducir el recurso de reposición.

En definitiva, se trata de una norma que amplía en los hechos el marco protectorio de las garantías procesales, permitiendo restricciones a la publicidad del juicio únicamente en casos que parecen ser razonables, ya no en base a ambigüedades sino a cuestiones objetivas como la intimidad o seguridad de las personas, o el peligro de la divulgación de un secreto expuesto en el juicio en cuestión.

Acceso del público a los juicios

En lo que hace a la posibilidad de acceso de la ciudadanía a las audiencias de juicio, de nuevo cabe citar la norma hasta ahora vigente, en cuanto dispone que: “No tendrán acceso a la sala de audiencias los menores de dieciocho años, los condenados y procesados por delitos reprimidos con pena corporal, los dementes y los ebrios. Por razones de orden, higiene, moralidad o decoro el tribunal podrá ordenar también el alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria o limitar la admisión a un determinado número” (Artículo 364 CPPN).

Vemos también en este caso una orientación restrictiva y/o prohibitiva basada en vaguedades -“el orden”, “la higiene”, “la moralidad” o “el decoro”-, como causales que habilitan a restringir una garantía procesal fundamental como es la publicidad de los juicios.

No puede obviarse la referencia en el artículo a las “penas corporales”, de insólita vigencia encontrándonos en el año 2020 y con ese tipo de castigos al menos normativamente derogados, ni tampoco la discriminación a “los ebrios”, lo que según el texto, podría imposibilitar el acceso a la audiencia de juicio a personas necesarias para su realización porque que sufren de adicción a la bebida alcohólica, pudiendo tratarse incluso de jueces, juezas, fiscales, abogados/as, imputados/as, testigos y demás, adentrándonos un poco en el absurdo.

En cambio, el nuevo artículo 286 CPPF dispone que “todas las personas tendrán derecho a acceder a la sala de audiencias. Los menores de doce años deberán hacerlo acompañados de un mayor de edad que responda por su conducta”.

En este caso, no se establece ningún criterio que permita restringir el acceso de personas al lugar donde se desarrolle la audiencia, sino que únicamente “el tribunal podrá limitar el acceso a la sala en función de su capacidad, aunque procurará que las audiencias se realicen en lugares que cuenten con el espacio necesario”.

Se dispone, a su vez, que se priorice la presencia en el lugar de la víctima, los familiares de las partes y los medios de comunicación.

También en este caso se amplían los extremos de la garantía de publicidad, permitiendo la participación ciudadana en cualquier juicio, lo que sin dudas dota al sistema de mayor transparencia y de posibilidades de control ciudadano.

Medios de comunicación

Por otro lado, el artículo 287 CPPF incorpora pautas que permiten el acceso de medios de comunicación a la sala de audiencia en las mismas condiciones que el público de la ciudadanía. Sobre este particular no existe ninguna regla en el CPPN, por lo que se trata de una interesante y necesaria novedad.

Se habilita así la posibilidad de transmisión en vivo de la audiencia del juicio, siempre que la misma no desnaturalice su normal desarrollo.

A su vez, en el caso que el acceso estuviera restringido por la capacidad de la sala, en el caso particular, se dispone que se entregue al medio de comunicación que lo solicite copia de la grabación íntegra de la audiencia.

Además, la norma contempla criterios de protección a la intimidad y/o privacidad de las personas, en cuanto “si la víctima, un testigo o el imputado solicitaran que no se difundan ni su voz ni su imagen en resguardo de su pudor o seguridad, el tribunal, luego de oír a las partes, examinará los motivos y resolverá fundadamente teniendo en cuenta los diversos intereses comprometidos. El tribunal podrá ordenar la distorsión de la imagen o de la voz como mecanismos menos restrictivos que la prohibición de la difusión”.

En consonancia, queda vedada la transmisión audiovisual en los casos de testigos víctimas de hechos que las afectaron psicológicamente o menores de edad.

Sobre este punto, son interesantes los fundamentos expresados por la Comisión Bicameral en la Resolución N° 1/2020 respecto a la relación entre el sistema de justicia penal y los medios de prensa: “Resulta oportuno implementar el artículo anteriormente referido entendiendo que los medios de comunicación constituyen una herramienta de trascendental importancia para el fortalecimiento del principio de publicidad, siendo de este modo un factor democratizador del proceso penal (…) se busca evitar situaciones de desigualdad frente a la ley en relación a las condiciones en que se realizan los juicios, garantizando de este modo un estándar de publicidad y control ciudadano uniforme en todo el territorio nacional”.

Entendiendo que la publicidad de los juicios penales es una circunstancia más que necesaria -además de una obligación legal y una garantía propia del sistema legal vigente- y que debe promoverse la participación y el control de la ciudadanía en ellos, quedará por verse en los hechos qué se considera como “medio de comunicación”, y con esto, si la difusión realmente será garantizada con estándares igualitarios y accesibles, por ejemplo para medios pequeños y/o independientes, o bien quedará reservada a los intereses de los grandes conglomerados empresarios que poseen los medios de telecomunicaciones en nuestro país. 

Revisión de sentencia firme ante decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Otro artículo que se vuelve aplicable es el 366, inciso f) CPPF, por el que se habilita la revisión de una sentencia firme, siempre en favor del condenado, cuando en su caso concreto se haya dictado una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual.

En este caso, se trata más bien de una cuestión técnica, relacionada con el artículo 21 CPPF, también aplicable en todo el sistema de justicia nacional y federal a partir de la Resolución N° 2/2019, y que hace a la regulación normativa del derecho al recurso.

En definitiva, es una norma orientada a adecuar el ordenamiento jurídico procesal penal de la Nación a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país y que poseen jerarquía constitucional según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, y si bien resulta lógico que una sentencia condenatoria dictada por un tribunal nacional deba ser revisada si un organismo internacional como la CIDH termina resolviendo a favor de la persona condenada en el caso concreto, vistos los tiempos procesales que son usuales ante los organismos internacionales, esta novedad no parece aportar demasiada solución a personas quizás injustamente condenadas y/o privadas de su libertad.

Aunque si es cierto que es un aporte a la sistematización y adecuación del sistema procesal vigente en nuestro país a estándares más elevados de cumplimiento de garantías constitucionales.

Novedades sobre la implementación del Código Procesal Penal Federal

Más allá de estas novedades normativas que se vuelven aplicables en todas las jurisdicciones federales del país, la Comisión Bicameral dispone que se inicie un proceso de evaluación y monitoreo sobre el funcionamiento y la aplicación de los instrumentos propios del sistema acusatorio vigentes desde la Resolución N° 2/2019.

En esa misma línea, dispone que se generen instancias de capacitación y asistencia técnica a los operadores y operadoras del sistema judicial (jueces, juezas, funcionarios/as y empleados/as), con el objetivo de adecuar sus funciones al nuevo sistema de tipo acusatorio que viene a implementarse.

Por último, establece la finalización del diagnóstico llevado adelante sobre la experiencia de la implementación íntegra del CPPF en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a partir de lo cual, deberán proponerse las acciones necesarias para continuar con el proceso de implementación territorial progresivo del nuevo Código hasta que sea aplicable en todas las jurisdicciones del país. 

Esto así, teniendo en cuenta que ya se encuentra en curso un relevamiento ante las Cámaras Federales de Apelaciones de Rosario y Mendoza, con el objetivo de que sean las próximas jurisdicciones en que pase a ser íntegramente aplicable el CPPF dentro del mencionado esquema progresivo.

Algunas reflexiones…

A la espera del análisis y relevamiento en los hechos sobre la experiencia de la aplicación de la nueva normativa, y a la expectativa de su implementación en todo el país, lo que en definitiva es solo una cuestión de tiempo, entendemos que estas últimas novedades representan reformas al menos interesantes para el sistema de justicia. Más aún, tratándose del sistema de justicia penal federal, en el que recae el tratamiento de varios de los delitos que mayor impacto tienen en las comunidades. Los delitos relacionados con el mundo de la droga, en particular su producción, comercialización y distribución; la trata de personas con fines de explotación -sexual o servil-laboral-; los delitos de “corrupción” en todos sus extremos y dimensiones, entre otros.

En este sentido, entendemos que la ciudadanía debe al menos conocer quiénes son los y las responsables de reproducir y asegurar la permanencia de estas realidades que en nuestro medio son estructurales y tan profunda mella dejan.

Quizás, si se echara luz sobre estas problemáticas, si la información al respecto fuera más accesible y confiable, el compromiso y la participación de la ciudadanía en ellas serían distintos. 

Con esto queremos decir que, en el orden republicano y democrático en el que al menos normativamente existimos, la información sobre este tipo de procesos penales debe ser realmente accesible, porque tratan sobre problemas profundos y coyunturales que nos afectan en forma permanente a todos y todas.

Si bien las novedades comentadas en este artículo por el momento son solamente formales, con lo que queda por verse cómo se desarrollan en la praxis -y si provocarán algún cambio efectivo en lo que hace a la publicidad de los juicios y su accesibilidad a la ciudadanía-, lo cierto es que se trata de una actualización normativa necesaria que amplía y garantiza derechos y garantías en el marco de los juicios penales, no solo para sus partes sino para toda la sociedad.

También, y como anticipamos, será relevante saber qué se termina considerando por “medio de comunicación”, y en definitiva, si el acceso al contenido de los juicios será únicamente un beneficio para los medios de telecomunicaciones dominantes de nuestro país, que desarrollan y promueven su propia agenda, y en muchos casos, solo bajo criterios de rentabilidad económica y no de intención informativa, o si por el contrario, será un recurso para medios de comunicación independientes bajo condiciones de igualdad y libre acceso. Véase: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/238032/20201203

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