Ahora es Cuando

Escrito por Paula de Zavaleta

Interrupción voluntaria del embarazo: cuáles son los principales puntos del nuevo proyecto.

Hoy se inició un día histórico en nuestro país para todas las mujeres y personas gestantes. El proyecto de ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo Dictamen por amplia mayoría de cuatro comisiones en la Cámara de Diputados y comenzó a tratarse hoy a partir de las 11 a.m. en una sesión que estiman se extenderá por más de 24 horas. Primero se tratará el proyecto IVE y luego la Ley nacional de Atención y Cuidado de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido como el “Plan de los 1.000 días”.

Este proyecto, enviado al Congreso por octava vez, debió ser modificado al presentado inicialmente por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito para asegurarse el apoyo de representantes legislativos de todo el arco político, sobre todo en la Cámara de Senadores.

En cuanto al contenido del proyecto de ley del Poder Ejecutivo y el proyecto original de la Campaña tienen amplias coincidencias en pos de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, lo que permite esperar que resulte una ley favorable en términos generales. A su vez, ambos proyectos retomaron los consensos logrados en la media sanción en la Cámara de Diputados de la ley en el año 2018.

No obstante los proyectos apuntan a los mismos objetivos, debemos advertir ciertas limitaciones y diferencias existentes en el nuevo texto.

Entre las coincidencias más importantes, podemos encontrar las siguientes:

-Aborto legal, seguro y gratuito hasta las 14 semanas de gestación inclusive. No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante dentro de este período.

-Implementación de la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral en el ámbito educativo.

-Para quien causare un aborto sin consentimiento de la mujer se mantiene una pena de 3 a 10 años con el agravante de aumento de la pena máxima a 15 años si es seguido de la muerte de la mujer o persona con capacidad de gestar.

-Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis por el cual reprime con la pena de prisión de 3 meses a 1 año al profesional de la salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.”

-Pasado el plazo de 14 semanas, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante siempre que el embarazo fuera producto de una violación y/o estuviera en riesgo la vida o la salud integral de las mismas. Para el primer supuesto se debe garantizar la práctica con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el personal de salud. A su vez, el nuevo proyecto agrega en el mismo apartado que “en los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.”.

-La tentativa de aborto de la mujer no es punible.

-El acceso a la práctica por parte de niñas y adolescentes y personas con discapacidad será de acuerdo a la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación. En estos casos se considera la «autonomía progresiva de la voluntad».

-La cobertura total y de calidad por los sistemas de salud, incluyendo las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Por otra parte, el proyecto tiene un vasto soporte normativo de rango constitucional y convencional regulado en artículo 75 inciso 22. Esto despoja los falsos argumentos de su presunta inconstitucionalidad. En este mismo sentido, remarca que se trata de disposiciones de orden público y por tanto de aplicación obligatoria en todo el país.

Sin embargo, surgen ciertas observaciones y diferencias en el nuevo proyecto respecto del texto inicial:

-El plazo para garantizar el acceso a la práctica se extiende de los 5 días a 10 días.

-Refiere solo a “persona gestante”, lo cual implica un avance considerable.

-No incluye el derecho al aborto como contenido curricular de la ESI.

-Reprime con prisión de 3 meses a 1 año a la persona gestante que causare un aborto o a quien lo practicara con consentimiento de la misma, si fuera luego de la semana 14 y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el Art. 86 (abuso sexual, riesgo para la vida o la salud). Por su parte, el Proyecto IVE de la Campaña no admite penalización para la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ninguna etapa gestacional.

-Prevé que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”, quedando dichas circunstancia al libre albedrío de una apreciación subjetiva.

-Incorpora la Resolución Nº 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación, que estipula que «deberá protegerse a la mujer y a toda persona con capacidad de gestar de injerencias ilegítimas por parte de terceros.».

-No incluye expresamente el derecho a la IVE en el contenido curricular dedicado a la Educación Sexual Integral (ESI).

Por último, debemos hacer mención a una de las modificaciones recientes incorporadas en el Dictamen con respecto al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo:

-Se agregó un artículo que refiere a la objeción de conciencia en las instituciones de salud privadas y de la seguridad social, que establece que en caso de que todo su personal se declare objetor, “deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”, es decir, será su responsabilidad que se garantice la IVE en otro centro de salud.

El proyecto de la Campaña no contempla este supuesto, por considerarlo violatorio de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. Desde el Gobierno aclararon que no quita responsabilidad a estas instituciones frente a la solicitud de una IVE sino que las obliga a derivar y garantizar que se cumpla con la práctica y que además, no habilita a una institución a ser objetora en sí.

Desde repliegue saludamos con orgullo la presentación y tratamiento del proyecto de ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, como la atención del “post aborto” y el “Plan de los 1.000 días”, que recoge parte de la producción colectiva del movimiento feminista y de mujeres de Argentina. Creemos que esta ley resulta un gran avance en materia de reconocimiento de derechos, pero de todos modos consideramos que se trata de una conquista parcial. La mujer y/o persona gestante sigue siendo criminalizada al tener que incurrir en esta práctica fuera del plazo previsto por la ley. Por otro lado, la objeción de conciencia de los efectores de salud, es la puerta de entrada a que no se cumpla efectivamente con lo establecido por la norma. La ampliación del poder penal no resuelve el problema, sino que lo profundiza ensanchando aún más la brecha social. Solamente con una educación sexual integral y de calidad para prevenir embarazos no deseados se podrá reducir la tasa de abortos y por ende de mortalidad. Más allá al resultado que pueda arrojar la votación que tendrá lugar en unos instantes, no podemos desconocer ni negar el hecho de que lo que se debate hoy no es una ley más, sino que es una ley de justicia social.

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